Xalapa, Ver.- Tras el allanamiento del exgobrenador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa a la extradición, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, aseguró que podría ser trasladado a México entre el 10 y 12 de julio próximo e ingresado al Reclusorio Norte, aunque este no sería el lugar definitivo de reclusión.
El funcionario de la PGR precisó que el próximo 4 de julio será la audiencia relacionada con la solicitud formal de extradición respecto de los dos delitos del orden federal que fue el motivo por el que el pasado 15 de abril se solicitó la detención provisional que en esa misma fecha fue ejecutada.
En ese sentido, precisó que los delitos federales atribuidos son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero o de activos.
Precisó que delincuencia organizada en términos del nuevo sistema penal acusatorio adversarial corresponde a los delitos que establece la Constitución con prisión preventiva oficiosa y en este sentido, en el caso que el próximo 4 de julio Duarte de Ochoa se allanara a este procedimiento de extradición y una vez que sea entregado a las autoridades de México para que enfrente la justicia, será presentado ante el juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte y tendrá que llevar su procedimiento privado de la libertad.
En lo que corresponde al delito de manejo de recursos de procedencia ilícita dijo que no es un delito grave y que no requiere prisión preventiva oficiosa, sin embargo en términos del propio sistema es posible que pueda permanecer recluido en función de la argumentación que el Ministerio Pública realice ante el juez.
A pregunta expresa sobre si son sólidas las acusaciones en contra de Duarte de Ochoa por parte de la PGR, el funcionario dijo que se trata de una investigación sólida, robusta e integrada conforme al nuevo sistema de justicia penal y no consideran que exista ningún riesgo.
En ese sentido, “se allanó solamente por los delitos del fuero común obtenidos por la Fiscalía General de Veracruz y el 4 de julio podrá allanarse a estos delitos del orden federal y será puesto ante un juez del orden federal y no sentimos ningún riesgo para que pueda obtener su libertad”.
Precisó que la prioridad para aplicar la aprehensión la tiene la federación toda vez que fue la primera orden de aprehensión que se obtuvo y el motivo por el cual se inició el procedimiento de extradición y en ese sentido, “estaría llegando a México a enfrentar la justicia mexicana, sería recluido en una prisión de orden federal y enfrentar esta justicia”.
Preciso que la PGR realizó con estas órdenes de aprehensión fue solicitar la formal extradición de Duarte y en ningún momento se calificaron las acusaciones, como lo hiciera hoy el detenido con las imputaciones del estado de Veracruz que calificó como infundadas, ligeras, vagas, imprecisas e irrisorias.
Sobre cuándo sería el regreso del político veracruzano, comentó que en términos del Tratado de Extradición con Guatemala, señala que debe ser de manera inmediata, siempre cumpliendo con los requisitos y trámites administrativos para su entrega y seguridad.
“El Quinto Tribunal en Materia de Sentencias Penales, Narcoactividad y Delitos Ambientales deberá de acordarlo, notificárselo a la Fiscalía de Guatemala, esta a su vez al Ministerio de Relaciones Exteriores quien informará de esta situación al gobierno de México. Posteriormente la PGR deberá acordar la forma de entrega del señor Duarte para su seguridad y poder traerlo al país para que enfrente nuestra justicia”, indicó.
Dijo que esto podría ocurrir alrededor de una semana aproximadamente, es decir después de la audiencia del 4 de julio, entre el 10 y 12 de julio próximos.
Aclaró que en caso de que no se allane seguirá la sustentación del procedimiento de extradición que corresponde a los delitos del orden federal y que podría ser de seis a 12 meses, lo cual dependerá de los recursos que interponga su defensa, en tanto el gobierno de Guatemala autoriza su extradición.
