Xalapa, Ver.- En apoyo a la economía de las familias veracruzanas y en respaldo a los jóvenes para que continúen con su formación profesional, la diputada local por Xalapa, Cinthya Lobato Calderón firmó convenios con cinco institutos de educación superior en los que se plasma el compromiso de ofertar becas en inscripciones, colegiaturas y que abarcaría hasta trámites de titulación.

En el acto protocolario con autoridades de la Universidad Central de Veracruz, del Instituto Universitario de Iberoamérica, de la Universidad de Altos Estudios Hispanoamericana y de la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, la legisladora convocó a las y los estudiantes a informarse y aprovechar estas opciones que ofrecen los centros educativos.

Al dar la bienvenida a los rectores de las instituciones educativas, la diputada les agradeció la muestra de solidaridad y el respaldo a la juventud de la entidad, “Con este espaldarazo, juntos podemos dar certidumbre, rumbo y ritmo a la educación y al desarrollo de las nuevas generaciones, que son el patrimonio social más valioso de Veracruz,” abundó.

En estos nuevos convenios –indicó la diputada- las universidades privadas darán una asignatura de fomento a los valores éticos que tanta falta hace en estos tiempos.

Expuso que la educación es un derecho constitucional y además la base del desarrollo pleno de las sociedades, en el que gobiernos, legisladores, académicos, instituciones, sociedad organizada, tienen el deber con las nuevas generaciones: brindarles horizontes posibles y abiertos para revelar sus talentos.

Tras la firma, Cinthya Lobato refirió que estos Convenios son la referencia que uniendo fuerzas por la educación Veracruz tendrá nuevos líderes que lucharán por un Estado más justo, igualitario e incluyente, “es una inversión estratégica y es la evidencia de nuestra corresponsabilidad institucional”, añadió.

La Universidad de Altos Estudios de Hispanoamérica se compromete a dar Becas con el 65 por ciento de descuento, sin costo para la inscripción a Licenciaturas, así como reducción de costos para Maestrías y Doctorados.

La Universidad Central de Veracruz ofrece 90 Becas para 6 Licenciaturas; el 100 por ciento de Beca para la inscripción del primer semestre.

El Instituto Universitario de Iberoamérica ofrece Becas para 4 Licenciaturas con el 100 por ciento de descuento en colegiaturas para cursar el primer semestre y para los siguientes, el descuento se dará en proporción al promedio de calificaciones que van desde el 82 al 50 por ciento.

Signaron estos convenios con la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) el rector de la Universidad Central de Veracruz, Jorge Rafael Pérez Moreno; del Instituto Universitario de Iberoamérica, Isaeva Téllez Santiago; de la Universidad de Altos Estudios Hispanoamericana, Susan Elaens Cárdenas Delgado y de la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, Gerónimo Rafael García Falcón.

Al término de este evento la diputada acudió a las instalaciones de la Universidad de Xalapa para signar un convenio similar con el rector de esta institución, Carlos García Méndez.

Xalapa, Ver.- Los delitos que le fincó la PGR al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita son sancionados con cárcel por 30 años e incluso hasta 60 años de prisión si hay agravantes, informa el abogado Francisco Ramírez Llaca.

Refirió que entre ambos delitos federales la pena suma 30 años de cárcel pero si hubiera agravantes la pena se podría duplicar hasta los 60 años.

En el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el abogado considera que tiene agravantes porque fueron cometidos por una persona que tenía a su cargo la administración y vigilancia de recursos estatales.

“Tienen una serie de agravantes en el caso Javier Duarte de Ochoa en virtud de que fueron cometidos, según la imputación por persona que tenía a su cargo la vigilancia de recursos estatales, eso lo lleva a gravar hasta en un 50 por ciento las penas contempladas para cada delito”.

El abogado dijo que: “Podría ser como mínimo 30 años y como máximo 60 años de resultar culpable”.

Destacó que para comprobar la delincuencia organizada deben existir tres elementos: “que sean tres o más personas las que lleven a cabo conductas ilícitas de manera reiterada, son los tres elementos que se requieren para que exista la famosa llamada delincuencia organiza; “el uso de recursos de procedencia ilícita es eso tomar dinero de donde no corresponde para llevar a cabo otro objetivo, la suma de las penas máximas de las dos suma 60 años, pero siempre existe un principio de primo delincuente, el delincuente que no ha sido nunca sentenciado por un delito patrimonial puede obtener las mínimas”.

Pero para llegar a eso falta mucho porque las etapas procesales abarcan audiencias especiales, la audiencia intermedia, entre otras hasta llegar a la audiencia de juicio, en la que tendrá que haber un juez diferente al que llevó todo el proceso inicial, quien se encargará de dictar la sentencia.

Destacó que la defensa de Javier Duarte tiene las opción de apelar que ya dijeron que lo harán.

Sobre la posible participación del gobernador en las audiencias, el abogado dijo que todas las personas que tenga conocimiento de algún delito, puede participar a petición, en el momento procesal oportuno, como lo es la etapa de investigación complementaria para aportar todo el tipo de datos que él o la PGR considere que son valiosos para confirmar los delitos que le acusan, no por nuevos delitos, aclaró.

Respecto a la reparación del daño, el abogado dijo que es posible que los recursos se recuperen y se entreguen al gobierno de Veracruz, pero no es algo sencillo. Dijo que algunos bienes han sido asegurados y han detectado recursos en bancos suizos que deberán asegurarse, para después redistribuirlos.

Xalapa, Ver.- Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, hundió al ex mandatario al declarar, entre otras cosas, que en 2013 le ordenó asignar 300 concesiones de placas de taxi a su hermano Cecil Duarte. Bermúdez Zurita detalló durante la diligencia que al hermano de Javier Duarte, finalmente le otorgaron 100 concesiones.

Cabe destacar que la declaración ministerial de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública durante la gestión de Javier Duarte como gobernador de Veracruz, fue clave para que el juez lo vinculara a proceso.

Mientras que en el municipio de Córdoba la cifra de taxis aumentó de mil taxis a casi 3 mil, durante el sexenio de Javier Duarte, siendo beneficiados en su mayor parte líderes taxistas que hicieron su agosto e incluso el hermano del ex gobernador.

Xalapa, Ver.- Además de la acusación de desvío de mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, Javier Duarte se embolsó otros 350 millones de pesos, reveló José Juan Janeiro Rodríguez, principal cerebro financiero del ex Mandatario y testigo colaborador de la PGR.

Janeiro indicó que el Gobierno de Veracruz depositó ese monto a empresas “fantasma”, sin tomarse siquiera la molestia de simular un contrato fraudulento, como acostumbraban a hacerlo.

No hubo licitación, no hubo adjudicación directa ni tampoco hubo contrato: sólo el depósito directo a las cuentas bancarias. Después, dispersarían el dinero en el sistema financiero, según la declaración que rindió el 2 de febrero en España.

El testigo contó a la PGR que, al final, ese dinero llegó al propio ex Mandatario y a su principal prestanombres, Moisés Mansur Cisneyros.

El abogado fiscalista conoció a Duarte precisamente por medio de Mansur.

Reveló que el entonces Gobernador le solicitó sus servicios para que le ayudara a “gestionar” empresas que manejaran “facturación y dispersión” de un crédito que había conseguido.

“El 15 de enero de 2016 me recibió en una cita de empresas para servicios de facturación, porque el Gobierno de Veracruz había procedido a dispersar el dinero”, dijo Janeiro.

Según el abogado, en aquella ocasión le explicó a Duarte que no estaba resuelto el problema de los 350 millones de pesos, transferidos desde las arcas del Gobierno estatal en diciembre de 2015.

Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, también expuso en la audiencia de vinculación a proceso de Duarte una sinopsis que también señala a empresas legalmente constituidas por fondear a factureras del veracruzano.

Detalló que cuatro constructoras que recibieron contratos legales por mil 170 millones de pesos de la Administración de Javier Duarte hicieron depósitos a tres empresas fantasma donde el ex Gobernador presuntamente lavó dinero.

Una parte de ese dinero fue para el Consorcio Brades, el cual simuló la compra de parcelas en Campeche por 223 millones de pesos a Moisés Mansur.

Se trata de las compañías Expectra, Constructoras Asociadas El Papaloapan, Construcciones Enremex y Aglomerados de Concreto del Papaloapan, que hicieron pagos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG.

Aunque la diapositiva expuesta no precisa el monto transferido a las constructoras, sí refiere que de las cuentas de las tres empresas fachada se enviaron 61.8 millones de pesos a otras compañías de la misma red de lavado del ex mandatario.

El esquema que se conocía hasta ahora del caso Duarte era la simulación de contratos del Gobierno de Veracruz con compañías fantasma para desviar recursos y ahora se sabe que esas mismas empresas ilegales también recibieron dinero de contratistas formales.

Expectra, una de las proveedoras de la infraestructura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en Veracruz, según la diapositiva de la PGR, recibió de 2013 a 2014 contratos por 691 millones de pesos.

Constructoras Asociadas El Papaloapan, a la que el sexenio duartista asignó obra carretera, cobró entre 2011 y 2012 un total de 359 millones de pesos.

De acuerdo con la PGR, Construcciones Enremex cobró de 2012 a 2014 a la Administración estatal 65 millones de pesos, mientras que Aglomerados de Concreto del Papaloapan recibió contratos por 55 millones de pesos.

Las cuatro constructoras hicieron depósitos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG, identificadas por la PGR y el Servicio de Administración Tributaria como fachadas.

Es decir, compañías que sólo existen en el papel porque no tienen domicilio fiscal y su naturaleza es simular operaciones en las que emiten facturas por cada depósito, sin que exista una contraprestación o justificación.

De acuerdo con la exposición del titular de la SEIDO, del pago que recibieron las tres factureras se hicieron transferencias de 61.8 millones de pesos a Sakmet Inmobiliaria y Consorcio Brades en depósitos de 23.3 millones, 23.5 millones y 15 millones de pesos.

Brades es la empresa que compró a Moisés Mansur sus parcelas de Campeche en 223 millones 800 mil 963 pesos, en una operación de compra venta donde se inflaron en 15 mil por ciento el precio de los bienes.

La PGR asegura que Mansur empleó el dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles para Duarte.

Xalapa, Ver.- Miguel Ángel Yunes Linares prometió en su campaña rumbo a la gubernatura de Veracruz que en los primeros 60 días de su Gobierno –que inició el 1 de diciembre de 2016– terminaría con la violencia en la entidad y los ciudadanos volverían a tener una vida segura.

Han pasado ocho meses de su administración y lejos de acabar con la oleada de criminalidad ésta se ha repuntado. De acuerdo con las más recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en los primeros seis meses de 2017 se registraron 790 homicidios, casi el doble del mismo periodo en 2016, cuando el estado lo gobernaba Javier Duarte.

Además, familias de desaparecidos se quejan de que el Gobernador y su Fiscalía tampoco ha cumplido sus promesas de ayuda, por lo que la cifra de personas en esa condición sigue a la alza.

Yunes anda en sus “venganzas” mientras siguen matando mujeres en Veracruz, acusan colectivos.

Los cuerpos de tres mujeres, que salieron de sus casas en Puebla para trabajar, fueron encontrados enterrados en una fosa clandestina en municipio de Atzacan, en Veracruz; una familia asesinada por un comando armado en Coatzacoalcos; un periodista hondureño baleado en calles de Acayucan… éstos son sólo algunos de los hechos recientes que muestran que en Veracruz, hasta hoy, no hay quién detenga la violencia.

“Me he comprometido, y lo hago de frente a la cámara para que lo tengan muy presente los veracruzanos, a que en 60 días, a partir del 1 de diciembre [de 2016] se notará un cambio sustantivo en materia de seguridad”.

“En 60 días”, aseguró Miguel Ángel Yunes Linares, en su campaña, misma que lo llevó a la gubernatura de Veracruz en las elecciones del 5 de junio del 2016. Sin embargo, a casi ocho meses de arribar al poder su promesa no se ha cumplido.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros seis meses de este año se han registrado 790 homicidios, casi el doble del periodo del año pasado, donde hasta junio de 2016 –y con Javier Duarte de Ochoa al frente del Gobierno local– se registraron 405 asesinatos.

Es decir, los muertos que tocan a Yunes en sus primeros seis meses de tomar la administración de la entidad, ascienden a 922. Cuando aún era el candidato de la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolución Democrática (PRD):

“Me comprometo a que en seis meses a partir del 1 de diciembre Veracruz vivirá seguro, me comprometo y así va a ser”.

Pero la realidad es otra: durante los primeros siete meses de Yunes se registraron en promedio cuatro asesinatos diarios en la entidad.

Xalapa, Ver.- Al menos 50 integrantes del Colectivo por la paz Xalapa presentarán ante la Corte Penal Internacional una denuncia por delitos de lesa humanidad; es decir, desaparición forzada de personas, en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. 

En conferencia de prensa, el abogado del Colectivo, Ricardo Morales Carrasco, informó que está denuncia será presentada en los primeros días de agosto ante el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, a fin de que integre la carpeta de investigación que será entregada al ámbito internacional.

Señaló que en este caso el tratado de extradición de Duarte de Ochoa no puede limitar su juicio, ya que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional permite que se le abra proceso incluso si en el tratado no está especificado el delito en cuestión.