Xalapa, Ver.- ​Con 25 a favor del PAN y el PRD se validaron las peleas de gallos y las corridas de toros en la entidad, lo anterior  al modificar la ley de Protección animal.

A menos de un año que la pasada Cámara prohibió ambas actividades, se incluyó en el orden del día el dictamen de la fracción del PAN y se sometió a votación el acuerdo.

Durante el debate diputado del Verde y del PRI, así como Morena subieron a tribuna para rechazar la propuesta, que desde su punto de vista, sólo fomenta la violencia entre los asistentes.​

Xalapa, Ver.- El robo a escuelas en el Estado de Veracruz será sancionado con una pena mínima de 5 a 6 años para que el delincuente no obtenga ningún beneficio de la Ley que le permita conmutar su sanción, y se vea obligado a pagar con prisión el delito cometido, informó el diputado local, Bingen Rementería Molina.

Así lo informó, luego de que, durante la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de este martes, el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la fracción tercera del artículo 205 del Código Penal para el Estado de Veracruz fuera aprobado con 33 votos a favor, cero abstenciones y 11 votos en contra por parte del grupo legislativo de Morena.

“Cuando hablamos de robo a los centros escolares, estamos hablando de un asalto a las arcas públicas. Pero lo que más preocupa es el hecho de que con esa actividad delictiva se limita que nuestra juventud pueda estar en lugares dignos para poder aprender con eficiencia”, señaló el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), al posicionarse a favor del dictamen.

Actualmente, explicó, la pena mínima que marca el Código Penal es de 5 años, y con ello, los ladrones pueden alcanzar un beneficio de la Ley para conmutar la pena y llevar el proceso en libertad. Pero con esta reforma se busca que todas las personas que atenten contra los bienes de cualquier escuela, de cualquier nivel, lo paguen con cárcel.

Rementería Molina externó que en el trabajo que ha realizado en el Distrito XV que representa, ha recibido un gran número de quejas por parte de directivos, así como de madres y padres de familia, referente a la incidencia delictiva de la que llegan a ser víctima los planteles escolares durante la tarde-noche. De ahí partió su compromiso por presentar esta iniciativa hace dos semanas.

“No permitamos que un puñado de bandidos haga que se tenga que reinvertir en sectores donde ya se había contemplado un gasto. Lo ideal sería que ese dinero sea utilizado para proveer a otras áreas que también necesitan de su ayuda”, concluyó.

Xalapa, Ver.- El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de reforma a los artículos 184 y 185 de la Ley Estatal de Protección Ambiental para instaurar el Consejo Ciudadano para la Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable que será el órgano de de consulta, asesoría, promoción y proposición de acciones de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Los acuerdos de este órgano estarán dirigidos al cuidado y protección del medio ambiente, así como a la procuración del desarrollo sustentable, en término de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Este Dictamen fue aprobado con 47 votos a favor de diputados del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, Nueva Alianza y PVEM. No hubo votos en contra o abstenciones.

El Consejo Ciudadano para la Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable se integrará por: el titular de la Secretaría, quien lo presidirá; el subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental, quien fungirá como Secretario Técnico; dos representantes del sector académico, con  especialización y amplio conocimiento en la materia y tres representantes de la sociedad civil,  provenientes de organizaciones o colectivos ciudadanos con probada experiencia y trayectoria en la materia.

Este Consejo tendrá las siguientes atribuciones: analizar y evaluar el Programa de  Ordenamiento Ecológico Estatal; coadyuvar en la elaboración de estrategias,  políticas públicas o acciones dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente y a la procuración del desarrollo sustentable en el estado y opinar sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental que emita la Secretaría.

También podrá determinar que la Secretaría promueva, ante las autoridades federales, estatales o municipales competentes, con base en los estudios que hagan para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos, de transporte o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.

Incluye impulsar y organizar foros de consulta ciudadana para el análisis de la problemática ambiental del estado y fomentar la cultura de la protección al  ambiente y programas de educación ambiental en el estado.

Xalapa, Ver.- El diputado Sergio Rodríguez Cortés presentó la iniciativa que reforma al artículo 320 del Código Penal para el Estado de Veracruz imponiendo de tres a diez años de prisión, multas de hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en la administración pública estatal al servidor público de cualquier nivel que rinda informes falsos en las comparecencias.

La iniciativa prevé establecer que se impondrán de tres a diez años de  prisión, multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización de multa, y la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en la administración pública estatal, al servidor público de cualquier nivel que al comparecer ante el Congreso del Estado, rinda informes falsos, falte a la verdad en sus declaraciones, incumpla en proporcionar los informes, datos o documentos relevantes relacionados con el desempeño de su encargo, requeridos en sus comparecencias ante esta Soberanía o sus comisiones, y obstaculice las acciones de transparencia de la información a las que está obligado por ley.

El legislador del Grupo “Juntos por Veracruz” expuso que durante mucho tiempo en las comparecencias que se llevan a cabo en el Poder Legislativo los secretarios de despacho han presentado información errónea e incompleta sobre el tema de rendición de cuentas por lo que es necesario tipificar la figura jurídica que frene la omisión de información y obstaculice las acciones de transparencia.

En tal virtud el legislador propone actualizar el primer párrafo y adicionar la fracción III del artículo 320 del Código Penal del Estado, ya que actualmente sólo se castiga al servidor público que tenga conocimiento o posibilidad de lesionar el patrimonio de los poderes públicos, o en su caso evite el daño si está dentro de sus facultades y si al concluir su empleo, cargo o comisión no entrega la información que estaba bajo su responsabilidad.

“Es necesario aprobar esta medida para encuadrar en una figura jurídica a los infractores que pretendan acudir a este Congreso del Estado, a mentir a los veracruzanos, a burlarse de las necesidades y carencias de la sociedad”, advirtió.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su desahogo y análisis.

Xalapa, Ver.- Para otorgar al Instituto Nacional Electoral (INE) la atribución de verificar el porcentaje que se requiera para la presentación de iniciativas populares o ciudadanas previstas en las entidades federativas, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través del diputado José Roberto Arenas Martínez presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Institucionales y Procedimientos Electorales.

De esta manera se establecería que el INE podrá verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos, así como los porcentajes, que para los mismos efectos, se prevea en las entidades federativas.

En tribuna, el legislador subrayó que la Constitución Política de Veracruz, con la reforma integral del año 2000, estableció de manera novedosa que el ejercicio de la soberanía popular no sólo se cumplimentaría a través de los representantes, sino también de forma directa por medio de las formas de participación que la propia norma fundamental estableciera.

La soberanía popular se ejecutaría en los mecanismos del plebiscito, referendo y la iniciativa popular, además del camino ordinario de la representación, generando con ello mayores derechos y responsabilidades a los ciudadanos en las decisiones de la vida pública del Estado.

La iniciativa popular –indicó Arenas Martínez- permite específicamente a todos los integrantes de la sociedad civil delinear los espacios, las políticas, los derechos, así como otros factores sociales, económicos y políticos entre los que se desenvuelven, a través del derecho a iniciar leyes.

Generalmente, el único requisito que se establece para el ejercicio de este derecho es que la iniciativa sea presentada por cierto número de ciudadanos, y la ley determinará el trámite que recibirá la misma.

Recordó que el 9 de agosto de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el .13 por ciento del total de la lista nominal, como requisito para el ejercicio de este mecanismo.

Sostuvo que al presentarse iniciativas populares ante el Congreso de la Unión en ocasiones no puede dársele el trámite correspondiente en virtud de la falta de comprobación del requisito del respaldo ciudadano, en tanto el INE declara no tener esa atribución, por lo que es necesaria esta modificación para garantizar un proceso adecuado.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, de considerarse viable y aprobarse por el Pleno del Congreso del Estado se remitirá al Congreso de la Unión para los efectos correspondientes.