Venezuela.- La piel prensada con tenazas, golpes de martillo: cuatro días de arresto dejaron en Luis una cicatriz imborrable. Su consuelo, estar en libertad, pero cientos de venezolanos detenidos en protestas contra el presidente Nicolás Maduro afrontan largas condenas.
Luis -nombre ficticio para preservar su identidad- es una de las 4 mil personas que según la Fiscalía han sido capturadas en cuatro meses de manifestaciones que exigen la salida del poder de Maduro.
«Decían que nos iban a matar, picar en trozos y tirar al río Guaire», relató el delgado oficinista de 30 años, detenido el 4 de julio por militares en Caracas.
Cuenta que entre puñetazos, jalones de pelo y pisotones, un uniformado le prensó con una tenaza la piel del abdomen y los brazos, mientras lo llamaba «terrorista». Con un martillo también le golpeó las rodillas y los codos.
«Hacía las torturas escondido de algunos (de sus compañeros); otros eran cómplices», aseguró el hombre en su oficina del este de la capital.
La ONG Foro Penal, que cifra en 4 mil 500 los arrestos, asegura que un millar de personas siguen presas, unas 300 por orden de tribunales militares.
Entre ellos figuran jóvenes que apenas superan la mayoría de edad, algunos condenados y otros esperando sentencia.
La fiscal general, Luisa Ortega, denuncia abusos de las fuerzas de seguridad, a las que atribuye directamente una veintena de las 106 muertes ocurridas durante las protestas. Hay «terrorismo de Estado», afirma esta chavista que rompió con Maduro.
El presidente y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, han advertido que no tolerarán abusos, pero denuncian «actos de barbarie» de la oposición para derrocar al gobierno. El defensor del pueblo, el oficialista Tarek William Saab, niega que los tratos crueles sean una práctica generalizada.
Un tribunal civil le concedió a Luis libertad plena. Otros no tienen esa suerte.
A sus 18 años, Abraham Quiroz podría ser condenado por un juez militar a 18 de prisión.
«¡Papá, sácame de aquí! Me siento mal. No puedo respirar», le rogó llorando Abraham a su padre, Nicolás, en una breve llamada telefónica desde un penal de alta seguridad.
Fue detenido el 2 de julio en Maracay (centro) junto con otros 26 jóvenes, y de allí trasladado a una cárcel a 20 horas de distancia por carretera.
«Es una injusticia bárbara», declaró Nicolás con la voz temblorosa de rabia, al denunciar que su único hijo fue golpeado fuertemente en las costillas.
El día de la captura, militares y manifestantes se habían enfrentado cerca de una universidad pública, donde un grupo de muchachos decidió refugiarse y pasar la noche.
Unos 40 hombres encapuchados y armados irrumpieron en la madrugada y se los llevaron, relataron estudiantes y familiares.
«Se identificaron como colectivos, amenazaron a los muchachos y se los llevaron. Fue un secuestro», aseguró Isva Vera, dirigente estudiantil, aludiendo a grupos civiles del chavismo que la oposición tilda de «paramilitares».
Tras semanas de choques, en las paredes de la universidad se observan agujeros de bala, y en los alrededores cartuchos de perdigones y bombas lacrimógenas.
Andreína Santa Cruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, denuncia maniobras para dilatar los procesos.
Sin comprobársele delitos, Luis debió esperar 96 horas para quedar libre en lugar de las 48 establecidas por ley.
Pero los juicios en tribunales militares son más complicados y «opacos», dice Santa Cruz.
A los jóvenes de Maracay se les acusó de «instigación a la rebelión» y «violación de zona de seguridad».
Los hombres fueron enviados a prisiones de alta seguridad, mientras cinco mujeres y un joven con discapacidad están en arresto domiciliario.
«Es muy doloroso pensar en lo que viven allí», se lamenta Naileth, madre de Joneiker Grajirena, de 19 años.
Abraham, Joneiker y otros nueve están en la cárcel de El Dorado (estado Bolívar, sur), junto con delincuentes de alta peligrosidad. Sus familiares hacen el largo viaje para llevarles alimentos y ropa, pero no han podido verlos.
El gobierno justifica estos juicios, al señalar que los manifestantes cometen delitos de naturaleza militar como «ataques» a cuarteles.
Las condiciones de reclusión empeoran las cosas. Luis relata que el pequeño calabozo donde estuvo llegó a albergar a 18 personas y no tenía baño.
La ONG Una Ventana a la Libertad afirma que solo en los centros de detención preventiva el hacinamiento supera 400%.
«Me he vuelto multiplicador del miedo», confiesa Luis, quien ahora pide a familiares y amigos evitar las protestas.
El pánico lo confinó 15 días en casa antes de atreverse a volver al trabajo. «Las heridas han sanado bien», dice mientras muestra la lesión del abdomen. «Pero las cicatrices más difíciles son las psicológicas».
