Xalapa, Ver.- En la presunta desaparición forzada del policía estatal David Lara Cruz, así como en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos localizados en La Barranca de La Aurora, las evidencias recabadas hasta el momento por la Fiscalía apuntan como corresponsable al exfiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras.

Lo anterior debido a la cadena de mando y tras la detención del ex Director General de los Servicios Periciales, Gilberto “N” y de la ex Delegada Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota “N”.

Dichos funcionarios fueron nombrados en el cargo por el ex titular del organismo autónomo, y la Fiscalía ya anunció 50 elementos de pruebas en su contra por este caso.

Se trata de videos, documentos, fotografías y testimonios de peritos y policías ministeriales que también podrían relacionar a Bravo Contreras por el delito de desaparición forzada.

De acuerdo con testigos de la Fiscalía, en dicha barranca elementos de la Secretaría de Seguridad Pública practicaban la acción conocida como “la olímpica”, que consistía en arrojar al desfiladero a víctimas de desaparición forzada.

Ante dichas versiones el 19 de enero de 2016 fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, se presume que por instrucciones de Gilberto “N” y de Carlota “N”, el personal bajo el mando de Bravo Contreras, únicamente se reportó el hallazgo de seis cuerpos.

De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado, siendo los restos del policía David Lara Cruz.

El ex policía despareció el día 12 de enero del 2016 después de haber sido privado de su libertad por miembros de la SSP al salir de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa dependencia.

Sobre los restos de las 12 personas restantes a la fecha se desconoce su identidad y ubicación, luego de que habrían sido entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en ese entonces a cargo de Arturo “N”, ex titular de la misma dependencia.

Hasta el momento no existe una imputación para el ex fiscal general del estado, sin embargo las dos personas procesadas estaban bajo su mando al ser sus subalternos.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía para la imputación, el 12 de enero de 2016, David Lara Cruz se apersonó en las instalaciones de la SSP en donde se practican las pruebas de Control de Confianza.

A su salida fue detenido por sus propios compañeros de la Secretaría sin que existiera registro de dicha intervención. Para el 17 de enero, la Fiscalía entonces a cargo de Luis Ángel Bravo dio inicio a la carpeta de investigación 169/2016, por la desaparición del servidor público.

El día 19 de enero se realizó el hallazgo de restos humanos en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en la Localidad de la Tinaja, en Emiliano Zapata.

El 20 de enero, un día después, peritos adscritos de la Dirección General de los Servicios Periciales a cargo de Gilberto “N”, así como Policías Ministeriales de la Delegación Regional a cargo de Carlota “N”, se presentaron en el lugar donde estaban los 19 cuerpos y restos óseos, entre ellos el de David Lara Cruz.

Ese mismo día, Gilberto “N” instruyó, vía telefónica, al perito criminalista que levantó los cuerpos a solo informar oficialmente del hallazgo de seis cuerpos y ocultar los restantes, incluido el de David Lara Cruz.

El 21 de enero, Carlota Zamudio ordenó que se alterara el informe sobre la inspección en el lugar del hallazgo que habían entregado elementos de la Policía Ministerial bajo su mando, en el que reportaban 15 cuerpos y diversos restos óseos.

Pidió que solo fuera reportado el hallazgo de seis cuerpos, es decir, ocultar el hallazgo de los restos de Lara Cruz y de otras 12 personas de las que, a la fecha, se desconoce su identidad.

Por su parte, el 25 de enero Gilberto ordenó a la perito en dactiloscopia que había logrado identificar a Lara Cruz, que no informara sobre los resultados. Además, el 3 de febrero ordenó a un perito criminalista que llevara el cuerpo de David Lara a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para simular que había sido encontrado en ese sitio.

El 4 de febrero, el ahora detenido, ordenó a la perito en dactiloscopia informar que el cuerpo hallado en Alto Lucero correspondía al policía estatal; dichas instrucciones, de acuerdo con la FGE, entorpecieron la carpeta abierta con motivo de la desaparición del elemento.

Hasta el momento las autoridades desconocen el paradero de los 12 cuerpos, que aparentemente fueron entregados a Los Fieles, grupo especial encargado de la desaparición forzada de personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado.

Cabe señalar que el ex Director General de los Servicios Periciales, Gilberto “N” y la ex Delegada Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota “N”, quienes recibieron un año de prisión preventiva en la audiencia de control de la detención, fueron trasladados del penal de Pacho Viejo a las Salas de Juicios Orales, en donde se espera que se lleve a cabo una audiencia de desahogo de pruebas testimonial.

LERDO DE TEJADA.- Una rosa es lo primero que se mira sobre el ataúd. Después, una foto de la que hoy es velada, Jenny Judith Ceba Velazco, de 23 años de edad. Mañana la llevan al panteón.
Antes de ser asesinada, Jenny Judith había comprado la plantita de la que brotó la rosa, cuenta su hermana, Santa Ceba Velasco. «Ella la trajo y rápido echó un botón. La quería para cuando naciera su hijo y dársela. Estaba programada para dar a luz el próximo domingo y mire lo que pasó, la mataron todo por robarle su bebé».
A su tiempo, el capullo de la matita maduró y brotaron esplendorosos pétalos rosados de una sola flor, y Jenny Judith Ceba Velazco, también mostró su flor, que fue cortada y robada con violencia.
Marciana Ceba Velasco, otra hermana, la recuerda como a diario despertaba a las siete de la mañana para comenzar con sus labores del hogar.
Siendo la menor de ocho, le tocó cargar con la responsabilidad de los padres, de 60 y 56 años. La víctima vivía en una zona conocida como Los Albergues, en Santa Teresa, un conjunto de cuartos construidos hace casi medio siglo cuando iniciaba la bonanza del cultivo de la caña de azúcar para que ahí vivieran los cortadores y sus familias.
Jenny Judith preparaba los frijoles, las tortillas de mano, café y ponía la mesa para el desayuno. También se alistaba el lonche de los hermanos que, como su padre, Rafael Ceba Aparicio, se dedican al corte de la caña.
Con un machete, Jenny Judith también trabajó de niña en el corte de caña para ganarse 30 pesos al día o a veces se iba al cañal para ayudar a juntar más pilas de varitas dulces e incrementar el ingreso familiar.
Sin embargo, «mi papá ya no quiso que siguiera en ese trabajo y se puso a trabajar con una señora en Lerdo que le pagaba por limpiar la casa y cocinar. De vez en cuando, una hija de esa señora, la iba a buscar y se la llevaba a Veracruz para lo mismo.
Jenny Judith regresaba bien contenta para compartir lo ganado como empleada doméstica con sus seres amados.
«Luego se juntaba su dinerito, hacía sus ahorros y se llevaba a mis papás a Lerdo o a San Andrés a comprarles ropa o despensa» relata Santa.
Santa muestra lo último comprado por la hoy finada, una pantalla de plasma. «La sacó pagos el pasado domingo que fue su cumpleaños y se dio ese regalo para disfrutarlo con mis papás, y pues ahora creo que la vamos a tener que devolver. No tenemos para pagarla».
Jenny Judith era el sustento de los dos viejitos que hoy andan por las oficinas de la Fiscalía general del estado haciendo trámites para lograr que les entreguen al nieto lo más pronto posible.
«Ella se ponía a trapear por las noches, lavaba el piso, y como quedaba fresco, ahí se tendían a dormir». Las galeras donde hoy velan a la joven cuyo caso ha indignado a las audiencias son construcciones rústicas con lámina de asbesto las cuales son administradas por el ejido, que las presta a los peones del corte de caña.
Desde hace casi 30 años, la familia de Jenny Judith Ceba Velazco habita las galeras o albergues de la Santa Teresa. La que ocupa con sus papás es pequeñita, con dos pedazos de concreto para colocar los colchones. Una cocina y sin baño. El calor en ellas hace que sea más cómodo tenderse a dormir en el suelo con la puerta abierta para recibir el aire proveniente de las montañas de los Tuxtlas.
Jenny Judith Ceba Velazco tuvo siete hermanos. Ella es la más chica y la consentida. Los últimos años de su existencia los pasó cuidando a parte de los 18 los hijos de sus hermanos, quienes son parte de un contexto de subdesarrollo y miseria por la falta de empleo y el fracaso de la política agropecuaria en la región. Siete años atrás quebró el ingenio San Francisco, dejando a cientos de personas en sin empleo. Políticos corruptos y empresarios ambiciosos le dieron en la torre, según la información oficial.
Tan decadente es la economía que la cadena de supermercados Aurrerá anuncio días atrás el cierre definitivo de su tienda en Lerdo de Tejada pues, ante los pocos clientes la carne se pudre en los anaqueles y la leche y el yogur se cortan.
También cerraron sucursales Coppel, Soriana y un banco. Fuentes locales exponen que la salida de la factoría cañera impactó en Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, Saltabarranca, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo y Cosamaloapan, en las cuales hay docenas de pueblos cuyos habitantes obtienen su economía de la caña de azúcar.
En este rincón abandonado por las autoridades es que Jenny Judith Ceba Velazco se aprestaba a ser mamá soltera. Durante la gestación nunca quiso decir el nombre del padre. «Pienso que ese hombre la engañó pues al no irse ella con él eso sucedió», retoma Santa.
Y detalla: «Ella no nos dijo del embarazo, nos dimos cuenta por la pancita que le salió y fue que le preguntamos. Mi papá se enojó mucho al principio, pero ya después dijo «pues es mi hija…ni modo que la eche a la calle. La vamos apoyar hasta donde se pueda».
Cuando el padre dijo eso Jenny Judith -recuerdan en el funeral- se mostró alegre y motivada a seguir adelante. Con estudios de primaria como lo máximo en su currículo, sin casa ni empleo ni seguridad social, construyó su mayor ilusión alrededor de la maternidad.
Tan pronto saliese de la cuarentena, aseguraba, buscaría un mejor trabajo para ayudar a la familia y contar con lo básico para el hijo.
Su padre acudió a las oficinas del ingenio y consiguió darla de alta en el IMSS, a dónde concurría constantemente a sus chequeos, aunque la familia coincide en que siempre que iba al doctor al IMSS ella regresaba triste. Sospecha que la agresora ya la contactaba y amenazaba para conseguir el producto de su vientre.
Pero cuando no iba al centro médico pasaba largos momentos por la mañana y tarde hablándole a quien crecía en la barriga. Sólo le decía “mi amor” o “mi bebé hermoso”, pues en los ultrasonidos el feto nunca se dejó ver el sexo y ella murió sin saber que trajo al mundo a una niña.
«Luego ella era de ponerle música del celular. Buscaba sus canciones y se las ponía y ahí la pasaban juntos, ella le hablaba y le decía que ya lo quería ver. Qué se apurara a nacer para darle mucho cariño. Hay veces que nosotros le acariciábamos la panza y nos reíamos mucho».
Tan emocionada estaba por la pronta llegada que había comenzado a comprar ropita, zapatitos, toallitas húmedas, jabón de nene, pañales y juguetitos para su gran anhelo. Se le iba el tiempo andando con sus patas hinchadas por las calles de los tianguis de Lerdo buscando ofertas de cositas para bebés. Al ser pobre, no tuvo ni baby shower ni tardes de cafés con amigas que regalaran mamilas o prendas de bebé. Antes de la tragedia, en el hogar se ponían de acuerdo para racionar aún más los alimentos y conseguir un espacio al nuevo miembro, ahora se están coordinando las hermanas para ver a quien le va tocar hacerla de mamá.
Fue un ofrecimiento de ropa de recién nacido lo que motivó a Jenny Judith para marcharse con una desconocida quien ya iba preparada con un bisturí para rasgarla. “A mi hermana le dicen, vente, te voy a regalar ropita.
El documento sobre las causas de muerte elaborado por el médico Jorge Ramírez Garia determina que la parturienta se desangró y murió en medio de terribles espasmos y desmayos causados por el dolor. La joven desapareció a las cuatro y media de la tarde del martes de la clínica del IMSS de Lerdo y una hora después, la presunta responsable, Brianda Padrón Cano, era vista caminando por la carretera 180, con el chiquito en brazos, envuelto en una sábana, rumbo a Alvarado.
A ese municipio arribó la falsa madre con lo robado, pero en casa de sus padres algo sucedió que la madre tomó la criatura y la entregó al DIF. Es ahí donde las autoridades se percatan de la identidad de la posible feminicida, identificada como Brianda Padrón Cano, y se realizó el ofrecimiento de hasta un millón de pesos por datos para su captura, bajo los cargos de feminicidio y secuestro de un neonato.
En una carta dirigida al gobierno de Veracruz y a Los Pinos, académicas de la Universidad Veracruzana expusieron a finales de noviembre del 2017 que eran 219 las mujeres asesinadas en Veracruz, en la mayoría de los casos, por violencia que tendría que estar siendo contrarrestada con políticas públicas y por las dos alertas de género sobre la entidad. En la primera alerta se decretaron 10 municipios, Lerdo de Tejada, donde murió Jenny Judith no aparece dentro de la declaratoria.

QUIEREN A SU SOBRINA

«Queremos que nos regresen a nuestra sobrina, será tratada con mucho cariño. Ya vimos las fotos, se parece a ella», dice Santa.
La difunta, recuerda, cuidó de sus hijos cuando ella estuvo de parto. En total tuvo cuatro bebés y a todos los alimentó y cambió.
«A mi sobrina le espera un hogar humilde, somos pobres, mucho, pero no le faltará amor ni apoyo, como lo tuvo su madre.
De pronto… el silencio. Es el primer momento de la noche de que pueden sonreír al pensar que pronto tendrán a la nena que a estas horas es revisada por médicos en un hospital en Boca del Río.
«¿Cómo se va llamar?», se pregunta Santa… los demás hermanos se miran de nuevo. «No lo sabemos, ella no le ponía nombre, ni sabía que iba ser… pero igual y le ponemos como ella… Jenny Judith. Una se fue y otra llega. Una vida por otra» remata uno de los hermanos.

La Secretaría de Seguridad Pública trabaja en acciones concretas respecto a la prevención social de la violencia y la delincuencia; con el respaldo ciudadano  se llevan a cabo los diagnósticos al respecto, refirió la Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ana Cristina Ledesma López.

En ese sentido, abundó, que se prevé para octubre haber concluido el proceso de distribución de manuales en todos los Consejos Municipales, “sobre todo en las ciudades donde se presenta mayor concentración de índice delictivo de acuerdo a lo reportado con el Sistema Nacional de Seguridad”.

Asimismo, dio a conocer que hace unos días se realizó una reunión con autoridades de 22 municipios que tienen a cargo los mandos policiales.

Ahí se firmó una minuta de trabajo donde cada municipio se compromete a tener cierta cantidad de elementos graduados al concluir el Ejercicio 2018 que se está pidiendo antes del 30 de noviembre.

“Una vez que firmaron los municipios para la reconstitución,  el gobierno del Estado les está ofreciendo un 50% de descuento en los costos de las evaluaciones de control y de confianza siempre y cuando sean en el centro certificado que tiene el Estado y de igual manera en capacitación siempre y cuando sean capacitados en La Academia”.

En tanto, aclaró, que los alcaldes tienen la libertad de tomar decisiones respecto a la capacitación de sus policías, “en cualquiera de las instituciones que estén certificadas por el sistema nacional de seguridad”.

 Sin embargo, insistió, que los costos para tal fin serían más altos, aunque insistió, “es una decisión de los alcaldes”.

De tal forma, la servidora pública, agregó, conforme a las cotizaciones realizadas la capacitación por elemento policial para la evaluación de control y confianza es por el orden de los 5 mil pesos.

“Y esto no garantiza que todas las evaluaciones sean aprobadas; la administración pasada dio de alta elementos que nunca fueron capacitados, hoy estamos cumpliendo con todos los elementos que marca la ley de seguridad pública”.

Finalmente, recordó, que son 2 evaluaciones las que debe acreditar un policía, “la primera es una preselección en la cual es un examen médico psicológico y físico Atlético si pasan esa primera etapa entonces los programan para que los evalúe un centro certificado de control de confianza donde hacen exámenes médicos toxicológicos psicológicos y socioeconómicos y de polígrafo”.