Bajante: Por un monto de $3 mil 879 millones

Las revisiones físicas y financieras de 144 dictámenes de entrega-recepción de la administración municipal 2014-2017 registran un avance promedio del 50 por ciento; en esa revisión se incluyen mil 524 obras por un importe aproximado de 3 mil 879 millones de pesos y quedan para seguimiento de los respectivos órganos de control interno mil 021 obras por un importe aproximado de 348 millones de pesos, informó Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior.

De los 116 entes estatales a fiscalizar, dijo el servidor público, se han iniciado 110 auditorías financieras y ocho técnicas a la obra pública, quedando pendiente de iniciar seis auditorías. De las 110 auditorías iniciadas, 39 se realizan con personal del Orfis y en éstas se registra un porcentaje de avance del 40 por ciento. Las 71 revisiones restantes se realizan con despacho de auditoria y/o prestadores de servicio, de las cuales en 20 se registra un avance del 50 por ciento y 51 se iniciaron la semana pasada, con un reporte de avance del 5 por ciento.

Además, se inició la fiscalización en el Poder Legislativo, en cuatro entes del Poder Judicial, ocho organismos autónomos, 12 dependencias, 49 organismos públicos descentralizados, 10 organismos desconcentrados y 26 fideicomisos. “Está pendiente de iniciar la fiscalización de la Cuenta Pública Consolidada, cuatro dependencias y un organismo público descentralizado. Es importante recordar que el plazo que tienen los entes fiscalizables para entregar su Cuenta Pública 2017 al Congreso del Estado es hasta el próximo 30 de abril”, dijo.

El auditor general del Orfis informó que la Auditoria Superior de la Federación ha iniciado también cinco revisiones directas en el gobierno del estado a los siguientes fondos: Prospera, Fafeb, Fasp, Fassa y Seguro Popular. Al igual que los entes municipales, los resultados serán dados a conocer por la ASF en la primera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 el próximo junio.

Por lo que respecta a las auditorias directas y coordinadas que realiza la ASF con personal del Orfis, a la fecha se ha dado inicio a 10 revisiones directas correspondientes a los siguientes fondos y municipios: Fismdf (Acayucan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Papantla y Poza Rica); Fortamundf (Veracruz); Fortaseg (Acayucan) y Fortalece (Boca del Río y Veracruz), cuyos resultados serán dados a conocer por ese órgano federal el próximo junio.

En los próximos meses darán inicio las 10 auditorías coordinadas a las participaciones federales en Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Poza Rica, Tantoyuca, Tuxpan y Xalapa; y 12 auditorías directas: Construcción y Equipamiento e Instalaciones de la Sala de Conciertos Foro Boca, Fismdf (Córdoba, Orizaba, Pánuco, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Tantoyuca, Tuxpan, Xalapa y Zongólica); Fortaseg (Pánuco) y Fortamundf (Zongolica).

El auditor general del Orfis expresó que están pendientes de iniciar 12 auditorías directas y dos coordinadas al gobierno del estado: U006, U080, Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado, Fortalecimiento Financiero, Petc, Programas y Fondos Federales, Fam, Faeta, Fone, Fise, Escuelas al Cien, Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, Distribución de las Participaciones Federales y Participaciones Federales a Entidades Federativas.

“Estamos, entre otros trabajos, en pleno proceso de auditoría a la Cuenta Pública 2017 y terminando de analizar los recursos de reconsideración de la Cuenta Pública 2016. El trabajo es arduo, pero estamos preparados y capacitados para entregar los informes individuales y el Informe General Ejecutivo, así como los Informes Especiales al Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, a más tardar el uno de octubre del presente año”, aseveró.

Aunado a lo anterior, dijo, también se llevan a cabo Auditorías de Legalidad, de Desempeño y de Deuda Pública, así como Evaluaciones de Participación Ciudadana.

Veracruz, Ver.-

Mil 300 policías estatales han sido cesados durante la presente administración estatal, por diversos motivos. De ese universo, 18 elementos se encuentran sujetos a proceso por estar involucrados en desapariciones forzadas y otros delitos, detalló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Jaime Téllez Marié.

Aunado a ello, la Fiscalía General del Estado investiga a elementos en activo de la SSP, aunque no dio nombres ni cifras. “Donde detectamos elementos que su conducta no se sujeta a los términos de ley vamos iniciando procedimientos en contra de ellos para poder separarlos.

Nosotros estamos trabajando de manera muy coordinada con la fiscalía, ellos son los encargados de integrar las carpetas de investigación, pudiera ser que algunos estén activos, no podemos decir te estamos investigando a ti, eso se hace con secrecía”, dijo. Téllez Marie agregó además que cuatro policías han perdido la vida durante esta administración y existe apoyo a sus familiares por parte de la dependencia a su cargo.

Por otro lado recordó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa se desviaron 900 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública y ahora la federación está pidiendo el reintegro del recurso que no se aplicó.

El problema es que no tienen para pagarlo y a consecuencia de ello les han reducido las participaciones federales en el rubro de seguridad. Tan solo este año fueron recibidos 300 millones de pesos, los cuales tuvieron que compartir con la Fiscalía General del Estado, cuando anteriormente eran entre 500 y 600 millones de pesos, lamentó.

El secretario de Seguridad Pública del Estado asistió a la entrega de reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Veracruz a policías sobre su destacada participación en el cumplimiento de su labor.

El Instituto de Ciencias Básicas (ICB) de la Universidad Veracruzana (UV) trabaja en el desarrollo de nuevos alimentos que ayuden a combatir la obesidad.

La investigadora comisionada al ICB por medio del programa Cátedras Conacyt, Rubí Viveros Contreras, forma parte de un proyecto de investigación enfocado a la identificación, cuantificación y estabilización de sustancias bioactivas contra enfermedades.

La especialista señaló que Veracruz es uno de los estados de la República con mayor número de personas que padecen obesidad.

“La obesidad es un grave problema y Veracruz es uno de los principales estados que son afectados por esta enfermedad, no solo por esta enfermedad sino por todas las enfermedades asociadas a ésta”.

Se busca que ingresen al mercado jugos, pan y otros alimentos con probióticos para el consumo de los ciudadanos.

“Entonces lo que se pretende es contribuir de alguna manera, mediante el desarrollo de nuevos alimentos, que sean como una terapia, que coadyuve al tratamiento de esta enfermedad. Se está planteando involucrar los probióticos, principalmente que se aplicaban en productos lácteos, pero ahorita estamos viendo que se apliquen en productos no lácteos”.

La académica indicó que posiblemente en cinco años puedan salir al mercado dichos productos, con la finalidad de combatir la obesidad.

“Es un proyecto bastante amplio, que lleva el desarrollo de los alimentos, el estudio del alimento, desde sus propiedades sensoriales, tecnológicas, propiedades físico-químicas para que sea un producto estable. Es un proyecto largo porque se pretenden hacer estudios pre-clínicos y después estudios clínicos para comprobar su eficacia”.

El ICB gestiona recursos económicos ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el desarrollo de la investigación.

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), determinó que las actividades de afiliación y reafiliación por parte del Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud al Seguro Popular, deberán observar en todo momento el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos que están bajo su responsabilidad.

Evitando influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos y candidaturas, desde el inicio de las campañas electorales el próximo 29 de abril y hasta la conclusión de la jornada electoral el 1 de julio.

Y es que María del Consuelo Anaya Arce, encargada de la referida dependencia estatal, presentó una consulta al OPLEV en la cual expuso que el Régimen Veracruzano cuenta con diversas estrategias de afiliación que permitirán paulatinamente dar cumplimiento a las metas establecidas por la federación.

Agregó que conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, el Régimen Veracruzano recibe del Gobierno Federal anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), por lo que establece metas de afiliación que deben ser cumplimentadas por la Entidades Federativas, con la finalidad de recibir dichos recursos que permitan financiar la prestación de los servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular.

En ese sentido, le pidió a las autoridad comicial que se pronunciara respecto a la viabilidad de que dicho organismo durante el periodo de las campañas electorales, continuara implementando las estrategias de afiliación y con la operatividad en materia de afiliación y reafiliación.

En la respuesta, avalada por los consejeros y publicada en su página web del OPLEV, se lee que éste no cuenta con facultades para validar o modificar las actividades que pretende llevar a cabo el Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud, respecto de la operatividad en materia de afiliación y reafiliación.

Pero reitera que durante el periodo de las campañas deberá ajustarse y respetar el principio de imparcialidad, para evitar ser sometido al procedimiento administrativo, en caso de que se violen las normas legales establecidas.