En México, los sistemas de pensiones de universidades, estados y municipios que se mantienen en un esquema de beneficio definido enfrentan retos de sostenibilidad, advirtió la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Destacó que estos sistemas están en riesgo por desafíos de transición demográfica, sostenibilidad fiscal, equidad intergeneracional, gobernanza, politización de beneficios y valuación.
La Consar precisó que si bien en México existe ya una mayoría de trabajadores bajo el amparo de un sistema contribución definida donde participan las Afores, sobrevive un sinnúmero de sistemas beneficio definido en todo el país.
Uno de los principales retos que enfrentan estos esquemas de beneficio definido es la Transición demográfica, porque fueron creados en una época donde existía una menor esperanza de vida de la población, además de una creciente población joven.
Sin embargo, el envejecimiento poblacional que se vive en México y el mundo aumentó la tasa de dependencia, definida como el número de personas de 65 años o más sobre el número de personas en edad de trabajar entre 15 y 64 años.
En 1950, en México los adultos mayores representaban 3.47 por ciento de la población (971 mil personas), con una tasa de dependencia de 6.4 por ciento. Para 2050 se estima que este porcentaje aumente a 18.79 por ciento (30.87 millones de personas) y la tasa de dependencia sea de 29.22 por ciento, precisó.
En un esquema de BD las contribuciones de los ahorradores sirven para financiar las pensiones de los retirados. Sin embargo, en el contexto de un cambio secular en la demografía de todo el planeta, surgen dudas de la sostenibilidad futura de este tipo de esquemas.
Por lo pronto, la tendencia global es a gradualmente transitar hacia esquemas duales y/o esquemas puros de contribución definida.
Otro de los retos de los esquemas de beneficio definido es su sostenibilidad fiscal, porque en caso de no estar debidamente fondeados, pueden llegar a comprometer la estabilidad de las finanzas públicas y representar una alta carga fiscal para la generación que se encuentra activamente en el mercado laboral.
La mayoría de los países bajo este esquema destinan gran parte de su gasto público al pago de pensiones y se estima que este gasto continúe en crecimiento por las próximas décadas.
En 2010, el gasto en pensiones en México representó 2.6 por ciento del PIB; para 2016, esa cifra pasó a 3.3 por ciento y 17 por ciento del gasto programable. Las estimaciones futuras prevén que este gasto crezca al menos los próximos 20 años, dado que estará retirándose la mayor parte de la generación de transición.
La Consar añadió que uno de los principales retos de los esquemas de beneficio definido es cómo, en el contexto de un acelerado cambio demográfico, mantener una adecuada equidad entre generaciones.
Dado que en un esquema beneficios definidos son los trabajadores en activo los que fondean las pensiones de los jubilados, se corre el riesgo que dados los cambios demográficos de las próximas décadas, sea imposible pagar los mismos beneficios que hoy reciben los ya pensionados, a los jóvenes de hoy.
De ocurrir ello supondría que las nuevas generaciones habrían subsidiado a las generaciones de sus padres, mientras que ellos ya no podrán gozar del subsidio de sus hijos.
En México existe un enorme reto de equidad intergeneracional entre aquellos trabajadores que iniciaron su vida laboral antes de 1 de julio de 1997 y aquéllos que empezaron a cotizar después de dicha fecha, advirtió.
