Xalapa, Ver.- Es necesario poner candados o delimitar la participación de militantes partidistas como candidatos independientes, para evitar el desgaste de dicha figura.

El consejero electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, consideró que en este momento los afiliados partidistas están usando la candidatura independiente como una vía de escape, ante la negativa de su partido de postularlos a un cargo de elección o representación popular.

“Podría ser un término o un tiempo, previo a una elección, en el que tendría que renunciar cualquier militante o afiliado, y garantizar que las candidaturas independientes sean de ciudadanos”.

La renuncia de Margarita Zavala generó pérdidas en la organización de las elecciones, que van desde lo económico por la impresión de boletas con su nombre, y los ciudadanos, perdieron una opción de voto. Además se tendrá que readecuar el formato del debate de este domingo.

“Los ciudadanos siguen viendo estos esquemas de cómo se organizan las elecciones, como rezagados, que obligan a un análisis para ver cuáles son las áreas de oportunidad y plantear una reforma constitucional que permita superar los aspectos de desencanto de los ciudadanos”.

Xalapa, Ver.- A partir de esta semana se dará la entrega de la material electoral en los 30 distritos electorales, informó la consejera Eva Barrientos Zepeda.

Explicó que los productos serán enviados por la empresa Litho formas a las sedes distritales, y no se requiere de vigilancia especial para su traslado por el Estado.

“En el INE ya empezó la entrega de material electoral, esto es urnas, mamparas, porta urnas y demás material que se requiere para la instalación de la casilla. A nosotros nos lo empiezan a entregar la semana que entra, la empresa lo tiene que entregar en cada uno de los distritos electorales”.

En el caso de las boletas electorales, comentó que sigue la impresión de la elección de Gobernador, en lo que respecta a la elección de diputados locales aún no se inicia, pues los partidos tienen hasta el 23 de mayo para hacer sustituciones.

En ese sentido, detalló, que posterior a esa fecha se validarán las listas, así como los apodos de los candidatos, y se enviarán a la empresa para que se dé la impresión de las papeletas.

“Cuando se haya vencido el plazo de sustituciones, vamos a estar en posibilidad de mandar la lista a la empresa encargada de la impresión”.

Tras el descarrilamiento de un tren en los límites de Río Blanco y Orizaba, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ordenó integrar una comisión investigadora para determinar las causas y factores que provocaron el choque.

«La Comisión quedó integrada por el Director General de Regulación Ferroviaria, Ing. Francisco Javier Vargas Hernández (en calidad de Presidente); el Director General de Asuntos Jurídicos, Lic. Estanislao Sandoval Bosch (en calidad de Secretario); el Director General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano, Mtro. Oscar Arturo Cortés Hidalgo (en calidad de Vocal); y la Directora General Adjunta, Lic. Claudia Godínez Luz (en calidad de Vocal)».

Señalaron que tres de los trabajadores de la empresa ferroviaria resultaron lesionado al queda atrapados en una de las locomotoras involucradas y fueron llevadas al Hospital General Regional del IMSS.

Tras lo ocurrido, personal especializado se trasladó al lugar del incidente para la verificación ocular de la vía general de comunicación y al equipo ferroviario, así como para recabar la información que permita establecer posibles causas de lo ocurrido.

La Agencia Reguladora afirmó que habrá de coadyuvar con las autoridades que directa o indirectamente participen en la substanciación de un procedimiento administrativo o judicial.

«A fin de recabar cualquier tipo de documento o información que resulte necesario para la investigación, en términos de las disposiciones legales aplicables».

Asimismo, informó que ha solicitado el apoyo de expertos independientes.

El funcionario de Cuba señaló que han solicitado el apoyo de expertos independientes: «Con independencia de las actuaciones de la ARTF, la empresa concesionaria Ferrosur, S.A. de C.V., deberá presentar un informe técnico en el que se establezcan, entre otros aspectos, las causas y circunstancias que lo originaron, la valoración de los daños causados, así como la información y/o documentos relacionados con este evento, que obren en su poder».

La jueza de control, Mónica Segovia Jácome, estableció la prórroga de medida cautelar por el tiempo que dure el proceso penal a la ex coordinadora del gobierno estatal pasado, María Gina “N”.

La audiencia celebrada este viernes en la sala 4, inició a las 09:00 y concluyó a las 21 horas con 17 minutos, la cual fue solicitada a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo una revisión de las medidas cautelares, al cumplir un año en prisión preventiva.

Esta audiencia fue celebrada por la jueza Mónica Segovia, luego de que el 24 de enero del 2017 en una audiencia intermedia del proceso penal 110/2017 fue suspendida, luego de que María Gina “N” se quejó de la actuación de la jueza de control Verónica Portilla Suazo por actuar con imparcialidad, violar sus derechos humanos al negarle alimentos, y mostrarle animadversión y enemistad, por lo que solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que su caso fuera revisado por otro titular del órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia del proceso penal 110/2017 que se le sigue a la ex funcionaria estatal, su abogado defensor solicitó a la jueza Mónica Segovia, la extinción de la medida cautelar y de arraigo domiciliario, debido a que su hijo y su hija han resultados afectados emocionalmente por el proceso que enfrenta su mamá.

Al regresar del segundo receso, a las 18 horas con 11 minutos la defensa de María Gina “N” presentó copias certificadas y documentos originales de la constancia de la escuela de su menor hija con iniciales V. A. D., con edad de nueve años y una beca obtenida por su hijo con edad de 20 años en una universidad en Puebla, pero que tuvo que abandonar a causa del proceso penal enfrentado por su madre.

En las más de 12 horas que duró la audiencia, el abogado defensor presentó a dos peritos, una mujer con experiencia en trabajo social y el otro en evaluación de perfil criminalístico, los cuales fueron aceptados por la jueza e interrogados.

Los peritos refirieron que al evaluar a María Gina “N» no presenta un perfil de peligrosidad, no es agresiva y no tiene riesgo de fuga.

También la defensa presentó copias simples, copias certificadas y originales de las actas de nacimiento y defunción del padre y la madre de la ex vocera del ex gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

El abogado entregó actas de nacimiento de sus hermanas, su hija e hijo, como la Clave Única del Registro de Población (CURP), certificado de estudios de educación primaria de María Gina “N” y examen profesional y certificado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana con fecha de 1983, con el propósito de demostrar su permanencia en Veracruz.

Al solicitar el cambio de la medida cautelar, el abogado defensor ofreció que la ex vocera acudiera cada semana a comparecer ante el juez, la prohibición de salir de la demarcación que señalé el órgano jurisdiccional y que le fuera colocado un brazalete electrónico con localizador.

El abogado defensor explicó que la empresa GPS Monitor Rastrero presta estos servicios a la Unidad de Supervisión y Medidas Cautelares de la Policía Federal para reos de carácter federal en la Ciudad de México y María Gina “N” está dispuesta a hacer el pago de cuatro mil 770 pesos para obtener el brazalete electrónico y un depósito a la empresa de 19 mil 900 pesos.

De igual forma, la ex vocera ofreció tres domicilios diferentes donde habitó y ahora habita su familia a fin de que pudiera ser localizada por la autoridad en caso de darle el arraigo domiciliario.

El abogado defensor presentó un acta notarial en la que se da fe que María Gina “N” renunció al cargo de coordinadora de comunicación social el 20 de febrero del 2014 y en su lugar fue nombrado el ahora diputado federal, Alberto Silva Ramos.

Indicó que del 20 de febrero del 2014 al 21 de mayo del 2017 fecha en que fue detenida por policías ministeriales, la ex funcionaria nunca se fue a otra ciudad, y aquí se quedó a hacer su vida laboral y familiar, lo que demuestra que no tenía y ni tiene intenciones de huir de la justicia.

Al respecto, los fiscales dijeron a la jueza de control que el abogado defensor “trata de sorprenderla con sus argumentos”, pero hay riesgo de fuga de María Gina “N” por lo que solicitaron que desechara los documentos y elementos de prueba presentados.

Finalmente, la jueza de control determinó establecer la prórroga de medida cautelar por el tiempo que dure el proceso penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición, enriquecimiento ilícito y el presunto desvío de cuatro mil millones de pesos de la administración estatal anterior.

Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dieron respuesta al recurso de apelación 11 y sus acumulados, promovidos por el partido Morena, PAN y el ciudadano Sergio Hernández Hernández en su calidad de candidato y diputado local, en contra del acuerdo OPLEV/CG116/2018, por el cual el Consejo General del OPLEV emitió la respuesta a la consulta formulada por el representante propietario del PAN.

Los denunciantes señalaron que el acuerdo vulnera el derecho humano a ser votado de los diputados que buscan reelegirse, porque en la ley no se regula que los legisladores no puedan realizar actos de campaña en los días que deban cumplir con las actividades inherentes a su cargo, lo que constituye la imposición de restricciones adicionales a las previstas en la ley, a la vez que contraviene lo dispuesto en el Artículo 1° Constitucional al interpretar la ley de una manera restrictiva, además de la jurisprudencia 2/2010 que menciona el derecho a ser votado y no debe vulnerarse por ocupar un cargo de elección popular.

El Tribunal Electoral de Veracruz, consideró que el acuerdo no estaba debidamente fundado y motivado en plenitud de jurisprudencia realizando un test de proporcionalidad, el TEV, resolvió en concreto que los Diputados Locales en funciones que competirán por reelección y no solicitarán licencia para las campañas a Diputado Local, pueden realizar actos de campaña con otras candidaturas a cargos de elección popular, es decir, candidatura a la Presidencia de la República, Senaduría, Diputaciones Federales y locales y Gubernatura.

Lo anterior podrán realizarlo siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legislativas, es decir, que deben asistir a las sesiones del Congreso, de la Diputación Permanente y de las Comisiones Legislativas, según sea el caso; de las cuales no podrán ausentarse, salvo que medie una causa justificada para ese efecto.

También debe observar los principios de equidad en la contienda y las restricciones establecidas en la norma, por lo que, en tales actos, los candidatos que pretender reelegirse deben observar lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución Política Local.