El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, calificó como deplorables las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador en contra de Grupo Coppel, de que supuestamente obliga a sus empleados a votar en su contra.

Las afirmaciones del candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, sugieren que accionistas de Grupo Coppel amenazan a sus colaboradores para incidir en el voto del próximo 1 de julio, con la advertencia de llegar a perder su empleo de no hacer caso.

“Deploramos las infundadas afirmaciones de Andres Manuel Lopez Obrador que, basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa Coparmex Nacional, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo”, comentó.

A través de sus redes sociales, De Hoyos Walther dejó en claro que la “tolerancia exige respeto”, y acompañó la publicación con un comunicado de la empresa.

El documento indica que Grupo Coppel no tiene derechos electorales ni preferencia por ningún partido o candidato político, por lo que refrendó su más absoluto respeto a la ciudadanía, las instituciones y a todos los que participan en cualquier proceso electoral.

“La Dirección de Grupo Coppel respeta el derecho de elegir y decidir de cada uno de sus colaboradores y los invita, al igual que a todos sus clientes, a ejercer libremente su derecho al voto en estas próximos elecciones”, apuntó.

Autoridades advirtieron a las entidades financieras que operen al amparo de la legislación financiera mexicana, sobre los riesgos de celebrar operaciones con personas o sujetos, creados u originados por la Asamblea Constituyente de Venezuela, reputados como inválidos por los organismos internacionales y en consistencia con la Declaración de Lima.

Así lo alertaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Señalaron que celebrar operaciones con entidades que sean parte u operan al amparo de la denominada “Asamblea Constituyente” de la República de Venezuela, podría ser violatorio de la normatividad que les resulta aplicable a dichas entidades.

Además de poner en peligro la consecución de las operaciones celebradas en contravención a las determinaciones tomadas por organismos internacionales y en la Declaración de Lima, en perjuicio del público en general, apuntaron en un comunicado conjunto.

Las autoridades financieras mexicanas refirieron que el 8 de agosto de 2017, los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú se reunieron en la ciudad de Lima, Perú.

Ello, para abordar la situación en Venezuela y explorar cómo contribuir a la restauración de la democracia a través de una solución pacífica y negociada, así como que emitieron la Declaración de Lima.

En esta Declaración, entre otros, expresaron que los actos jurídicos que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.

Recordaron que en 2017 la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron sobre la invalidez de los actos llevados a cabo por la Asamblea Constituyente de Venezuela, por ser una alteración del orden constitucional de ese país.

Mencionaron que México y Perú solicitaron opinión al Consejo General de la Organización Estados Americanos (OEA) sobre la invalidez de los actos llevados a cabo por la Asamblea Constituyente de Venezuela, que sustituyó a la Asamblea Nacional.

Dicha consulta, agregaron, fue ampliada para verificar la validez de los siguientes actos que no cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional.

Estos se refieren en primer lugar a la expedición de leyes concernientes al presupuesto nacional, endeudamiento anual y crédito público, y en segundo, a la autorización de créditos adicionales al presupuesto nacional.

Como tercer punto, a la celebración de contratos de interés nacional por parte del Ejecutivo Nacional, estatal o municipal con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.

En cuarto lugar, a la extensión del Estado de Emergencia Económica decretada por el Ejecutivo Nacional de Venezuela.

En su respuesta de abril de 2018, la Secretaría General de la OEA expresó que sobre los puntos uno al tres, corresponden aprobarlos a la Asamblea Nacional conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela adoptada en 1999 y enmendada en 2009.

Respecto del punto cuatro, la Secretaría General de la OEA expresó que el estado de excepción no está en vigencia por haber sido expresamente rechazado por la Asamblea Nacional conforme a las competencias constitucionales y legales establecidas.

Refirieron que el 21 de mayo de 2018 los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, reiteraron el pronunciamiento respecto de los actos jurídicos que deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, contenido en la Declaración de Lima.

Acordaron que las autoridades competentes de cada país, emitieran y actualizaran circulares o boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional.

Esto incluye convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior, incluido bienes militares y de seguridad, añadieron la SHCP, CNBV, CNSF y Consar.

El candidato Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” acusó a la esposa del periodista Joaquín López Dóriga, Adriana Pérez Romo, de haber cobrado 13 millones de pesos del gobierno de Nuevo León.

En un encuentro con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) este miércoles, el candidato independiente aseguró que López Dóriga “es parte del sistema que tenemos que vencer”.

“La esposa de López-Doriga cobró del gobierno de Nuevo León más de 13 millones de pesos, por eso está enojado. Se dice periodista, él es parte del sistema que tenemos que vencer”, comentó.

La Fiscalía General de Chihuahua formuló un cargo más al ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, Enrique Antonio T. G. -Enrique Antonio Tarín García-, ahora por el presunto desvío de 20 millones de pesos.

El gobierno de Chihuahua informó en un comunicado que con este cargo, el ex funcionario -en la administración de César Duarte Jáquez-, acumula siete procesos penales en su contra.

Expuso que ante la Jueza de Control, María Guadalupe Hernández, este día el Ministerio Público estableció que el imputado, en contubernio con diversos ex funcionarios, llevó a cabo la distracción del recurso estatal, entre octubre de 2015 y agosto de 2016.

Indicó que el desvío lo realizaron a través de la simulación de un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales de asesoría en imagen institucional para el Gobierno del Estado de Chihuahua.

Esto, mencionó, a través de la Secretaría de Hacienda, la Coordinación de Comunicación Social y la empresa Guzmán y Cedillo Asociados, S. C.

Para ello, se simuló un dictamen de excepción a la licitación pública y un acta de adjudicación directa, documentos que fueron signados por Enrique Antonio T. G., en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones.

Además, precisó, se realizó el contrato SH/AD/007/DA/ 2016 con la citada empresa, la cual nunca prestó los referidos servicios.

El pago del contrato simulado se efectuó el 26 de mayo de 2016, a través de la cuenta número 65501568637 del banco Santander, con lo cual se materializó el desvío de los 20 millones de pesos, en perjuicio de la hacienda estatal, señaló.

Por estos hechos, la juzgadora le dictó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, por el tiempo en que se desarrolle el proceso penal y fijó como fecha el martes 29 de mayo, para que se resuelva su situación jurídica en la audiencia de vinculación a proceso.