Xalapa.

Xóchitl «N», ex funcionaria del gobierno de Javier Duarte, actualmente preso, presuntamente confesó a la Procuraduría General de la República (PGR) que por órdenes del ex mandatario y con la presunta complicidad del entonces tesorero del estado, Tarek Abdalá, recibió millones de pesos para adquirir propiedades a través de una empresa perteneciente a la red de compañías fantasma vinculada con el desvío de recursos públicos en el estado y el financiamiento electoral ilegal a favor del PRI.

De acuerdo con publicación e investigación de Animal Político “autoridades con pleno conocimiento del caso, la persona que declaró ante los fiscales es Xóchitl «N», exdirectora de Espacios Educativos en la administración de Javier Duarte. Fue detenida el 31 de agosto del año pasado por agentes de la Fiscalía de Veracruz acusada de enriquecimiento ilícito. Tras declararse culpable fue sentenciada a una pena reducida de tres años de prisión. Luego de dicha sentencia la exfuncionaria accedió a declarar también ante fiscales de la Procuraduría General de la República”.

Destaca que “la declaración de Xóchitl ‘N’ era importante para la PGR pues confirma lo que había confesado previamente Juan José Janeiro, un ex operador financiero de Duarte y hoy colaborador en las investigaciones, quien señaló que en algún momento recibió la instrucción de adquirir bienes para Xóchitl Tress. Y que de acuerdo con autoridades ministeriales consultadas por Animal Político, la confesión de Tress permite también conocer y documentar al menos una de las formas con la que se desviaban recursos públicos hacia compañías fantasma”.

Refieren que “sobre la casa y la empresa fantasma, en su declaración ministerial ante la PGR, Xóchitl «N» dijo que en 2014 Javier Duarte le regaló una propiedad en la calle de Salmón 281, fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río, cuyo monto escriturado ascendió a dos millones 250 mil pesos. Las autoridades sospechan que la transacción real pudo ser aún mayor. La exfuncionaria detalló que el 21 de marzo de 2014, dos días después de haber asumido el cargo de Directora de Espacios Educativos, Duarte la citó a una reunión en su oficina en la que estaba presente el entonces tesorero de la entidad y hoy diputado federal Tarek Abdalá Saad. Esta reunión se dio después de que Tress le había dicho a Duarte que estaba buscando una nueva casa”.

Destaca que “según la exfuncionaria, en la reunión Javier Duarte le dio a escoger entre diversas propiedades pero ella le dijo que solo quería un “préstamo” para una propiedad que ya había visto en venta en el fraccionamiento Costa de Oro. El gobernador le dijo entonces que le “regalaría” la casa y le encargó a Tarek Abdalá encargarse de la operación. Tress declaró que Tarek le entregó 500 mil pesos en efectivo para adquirir la propiedad y luego la citó en el Restaurante El Azafrán en Boca del Río donde estuvieron presentes algunos contadores y abogados”.

Menciona que “a dicha reunión, señala Xóchitl «N», acudió una señora que se identificó como Jacqueline Terrón Antonio, representante legal de la empresa Grupo Comercial Terrami S.A. de C.V. con la que firmó un convenio en la cual dicha empresa, a cambio de nada, se comprometía a transferir un millón 850 mil pesos para la compra de la propiedad. Terrami es en realidad una empresa fantasma, de las que existen en el papel pero no en la realidad. Peor aún: pertenece exactamente a la misma red que utilizó el gobierno de Javier Duarte para desviar recursos públicos, y que fue revelada en un reportaje de Animal Político en mayo de 2016.Hoy se sabe que dicha red de empresas fantasma fue creada por el despacho del contador Víctor López Gachuz”.

Revela que “los nexos de Jacqueline Terrón Antonio y Grupo Comercial Terrami con la red de empresas fantasma son múltiples y complejos. Por citar un ejemplo solamente, hay otra empresa denominada Servcons S.A. de C.V. en la que Terrón es socia de Leonardo Hernández, quien a su vez es socio de Virginia Cano Aguilera en la compañía Bepubligam S.A de C.V. Virginia Cano es a su vez socia en la empresa AD911, una de las 20 compañías fantasma señaladas por Animal Político de desaparecer más de 645 millones de pesos que el gobierno de Duarte les dio a través de 72 contratos. El SAT luego documentó que estas empresas facturaron más de tres mil millones de pesos”.

Subraya que “en otra compañía de la red, Terrón Antonio es socia de José Alfredo García Barradas, quien a su vez es uno de los dueños de Logística ASISMEX, la empresa que financió ilegalmente la campaña de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una investigación del INE. En su declaración tanto con la Fiscalía de Veracruz como con la PGR, Xóchitl «‘N’ dijo que en el momento en que firmó los papeles no sabía que Terrami era una compañía fantasma aunque reconoció que tampoco tenía relación alguna con dicha empresa, ni alguna explicación que justificara que le transfiriera la mayor parte del dinero para adquirir su propiedad”.

Animal Político remarca que “Terrón Antonio ya había confesado previamente ante la Fiscalía de Veracruz que era una militante del PRI, y que aceptó “firmar papeles de diversas empresas”, entre ellas las de Grupo Comercial Terrami a cambio de un pago mensual de 500 pesos. Negó ser empresaria y sostuvo que era una persona de bajos recursos. En su declaración Xóchitl Tress confesó también que luego de recibir la referida propiedad se interesó en los terrenos contiguos a la referida casa y que pertenecían al mismo lote. Dijo que personas designadas por Duarte se encargaron de pagar 750 mil pesos por cada uno de los terrenos”.

Da a conocer que “Xóchitl ‘N’ también declaró que a principios de 2014 le comentó a Javier Duarte que había tenido un problema con su camioneta y que necesitaba reemplazarla. En respuesta el exgobernador la citó a un encuentro en el World Trade Center donde estuvo presente el tesorero del gobierno Tarek Abdalá Saad. De acuerdo con el dicho de Tress, el exgobernador de Veracruz le pidió a Abdalá que se encargara de adquirir una camioneta tipo Land Rover último modelo valuada en más de un millón de pesos. La compra se hizo a nombre de una empresa denominada Grupo Publicitario Hamburgo SA de CV y posteriormente le fue entregada a Xóchitl ‘N’”.

Informa que “la exfuncionaria sostuvo que durante un año le dio uso a la camioneta pero que cuando dejó el cargo en el área de espacios educativos del gobierno de Veracruz devolvió el vehículo pues no estaba a su nombre sino al de la referida compañía”.

Animal Político considera como “cabos sueltos el testimonio de Xóchitl ‘N’ es uno de varios elementos que la Procuraduría General de la República ha trabajado como parte de su investigación complementaria por las presuntas operaciones ilegales efectuadas en la administración de Javier Duarte. De acuerdo con autoridades con conocimiento del caso, además de los testimonios se está dando seguimiento a operaciones bancarias y otros elementos que permiten sostener en un próximo juicio la probable responsabilidad de Duarte en los delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada”.

Revela que “la investigación de la PGR señala que Duarte, junto con amigos y aliados cercanos se habría beneficiado del uso de recursos públicos pero hasta ahora, la Procuraduría no ha acusado penalmente a ninguno de los exfuncionarios que habrían autorizado la salida de los referidos recursos sin justificación aparente. Los señalamientos de testigos colaboradores de la PGR, al igual que ahora la declaración de Tress, apuntan a que el extesorero de la entidad Tarek Abdalá fue uno de los presuntos operadores de la salida de dinero público hacia empresas irregulares pero él no se encuentra en la lista de personas procesadas hasta el momento por la PGR”.

Asegura que “quien intentó proceder en su momento en contra de Tarek Abdalá Saad fue la Fiscalía General de Justicia de Veracruz por varios delitos entre ellos peculado. No obstante el caso se vio frenado luego de que la Cámara de Diputados rechazó despojarlo del fuero que lo protege como legislador federal”.

Xalapa, Ver. –

Luego de que se publicó el estudio Dinero Bajo la Mesa, financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, el Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral, Alejandro Bonilla, señaló que le corresponde al Instituto Nacional Electoral la revisión de gastos y topes de campaña y aseguró que el proceso de fiscalización es cada vez más estricto.

El estudio que presentaron organismos no gubernamentales evidenció que los partidos invierten 10 veces más de los topes que establece la autoridad electoral durante las campañas, el dinero se va a la movilización de las estructuras y los votantes el día de la jornada.

En ese sentido, el funcionario del órgano local recordó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), dar seguimiento a todos los gastos de los candidatos, ya sea partidistas o independientes, durante los periodos de precampaña y campaña.

“Ese tema no es del OPLE, no está en nuestras manos, no tenemos ni las facultades, ni los medios para poder fiscalizar los gastos (…) le toca al INE por ley y por asunción”.

El funcionario del órgano electoral observó que la Fiscalización en el Estado y en el país es muy fuerte, “traen un ejército de fiscalizadores revisándole a todos los partidos sus gastos, sus espectaculares y sus eventos”.

Además, el INE tiene un trabajo coordinado con el Sistema de Administración Tributario (SAT) y la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda Federal, por lo que es mucho el seguimiento que se le da a los ingresos y la procedencia de estos, así como a los gastos.

“Cada vez se va cerrando más el cerco en el tema de la Fiscalización y de estar vigilando. Sí lo están haciendo muy bien”, externó.

El estudio que generó mexicanos contra la Corrupción y la impunidad revela que por cada peso que se reporta como gasto de un candidato a gobernador, se invierten otros 15, no se reportan a la autoridad y se desconoce el origen del dinero. Por lo que se calcula que se gastan 10 veces más del monto total que aprueba la autoridad electoral.

Potrero del Llano, Ver; a 01 de Junio de 2018

-Urgente, que la SCT proceda a la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras

-Vías de comunicación terrestres se encuentran tan deterioradas que constituyen un riesgo

Julen Rementería del Puerto, candidato al Senado de la coalición «Por México al Frente» se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la rehabilitación de la carretera federal 127 que va de la altura Potrero del Llano hasta Tantoyuca.

Con esta rehabilitación se beneficia gran parte de la zona norte del Estado, impactando positivamente la economía de los habitantes del norte de Veracruz, así como en el ahorro de tiempo en traslados y en la seguridad de quienes transitan por esta vía.

«Mi compromiso frente al norte es que la SCT haga la reconstrucción y la modernización en el tramo de Poza Rica a Potrero del Llano donde el ancho de sección de carretera lo permite, y no solo hasta ahí sino que lleguemos hasta Pánuco», detalló.

El abanderado panista dijo que las carreteras federales de Veracruz mantienen un gran deterioro que constituyen un riesgo y el mal estado es un tema frecuente de la ciudadanía.

Sumado a ello, esté daño representa un obstáculo en el desarrollo comercial, empresarial, agropecuario y turístico de la entidad veracruzana.

Rementería del Puerto expuso que ya cuenta con un plan y la exposición de motivos para que una vez en el Senado la SCT atienda todas las carreteras federales en Veracruz, como es la carretera federal 180, en la zona norte.

Rementería del Puerto sigue recorriendo el estado, en este día de inicio de mes arriba a los municipios de Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez.