La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) definió de una lista de 56 especialistas en materia mercantil, a los dos interventores que administrarán los activos y bienes de los partidos Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), debido a que no lograron 3 por ciento de la votación válida nacional que exige la ley para conservar su registro.

Los interventores son Ismael Trejo Bazua para el Partido Encuentro Social, y  Gerardo Maldonado García para el Partido Nueva Alianza, institutos que perderían su registro nacional.

En la reunión de esta comisión, su presidente consejero Ciro Murayama planteó lo anterior y procedió a iniciar el sorteo para designar a los interventores, quienes actuarán en prevención para que no se realicen movimientos irregulares con los recursos y bienes que tiene cada fuerza política y se garantice el pago de nóminas, de proveedores y otras deudas que puedan tener.

Murayama Rendón explicó que los especialistas que darán este servicio son particulares, y desde hoy se les llamará para que respondan si aceptan el encargo.

Informó que quienes fungirán como interventores están registrados ante el INE y son especialistas en concursos mercantiles que desempeñan funciones de visitadores, conciliadores y síndicos, y son estas dos ultimas figuras las que cubren el perfil adecuado para realizar la intervención, de conformidad con los criterios de selección de los especialistas de concursos mercantiles.

Ellos, explicó Murayama Rendón, se encargarán del control y vigilancia de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención, antes que se confirme de manera oficial por el Consejo General del INE que perdieron su registro nacional.

De acuerdo con los resultados de los cómputos de los sufragios que se emitieron en las elecciones para Presidente, senadores y diputados federales, ni PES ni Panal lograron en ninguna, el umbral de tres por ciento de la votación que exige la ley.

Por ello son susceptibles a perder el registro, y se nombra a un interventor para dar tiempo a que se presenten las impugnaciones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el caso .

Murayama Rendón informó que el tribunal tiene hasta el 3 de agosto para resolver sobre las elecciones al legislativo y a más tardar al 31 de agosto para la Presidencial, por eso el artículo 385 del reglamento de fiscalización establece que entre los resultados del cómputo y hasta que no se emita la constancia formal de pérdida de registro, el interventor será responsable de un periodo de prevención.

Ese reglamento señala también que si se revuelve después de los juicios en el tribunal que el partido alcanza la votación mínima, esta fuerza política podrá reactivar sus actividades, de lo contrario, se pasaría de la prevención a la intervención para la liquidación.

En entrevista dijo que los recursos del partido político se devolverán al erario federal, y con esta figura del interventor se asegura la liquidación de los trabajadores conforme a derecho, que los proveedores sean pagados y se cumplan con las obligaciones fiscales en caso de tener multas pendientes.

«Lo que estamos haciendo es iniciar la prevención, los cómputos terminaron ayer a las 10 de la noche, hoy ya tenemos los nombres de las personas que vamos a invitar a hacerse cargo de la etapa de prevención, y hasta que no esté confirmada la pérdida de registro, entonces empezaría la etapa de liquidación», precisó.

El ex coordinador en la campaña de Ricardo Anaya, Santiago Creel, afirmó que el ex candidato presidencial dejó en claro que si no ganaba la elección del 1 de julio no reasumiría su cargo como presidente del CEN del PAN.

“Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto no los informó desde antes de los resultados (de la elección del 1 de julio). Durante la campaña ya tenía la de idea de si los resultados no le favorecían, estar cerca del partido pero ya no en calidad de dirigente”, aseguró.

Cabe recordar que, Ricardo Anaya solicitó licencia a la dirigencia nacional del PAN para contender por la Presidencia de la República, quedando en el cargo Damián Zepeda como el presidente en funciones.

Santiago Creel agregó que Anaya Cortés no buscará contender en el próximo periodo trianual de presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del partido.

Por su parte, Damián Zepeda habrá de iniciar el relevo del liderazgo del partido, pues obtuvo un escaño en el Senado de la República.

Mediante una carta, un grupo de panistas exigió la renuncia inmediata de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que la Comisión Permanente trabaje en el nombramiento de un presidente interino.

Los panistas refirieron que, tanto el excandidato presidencial, Ricardo Anaya y Damián Zepeda, presidente del PAN en funciones, carecen de legitimidad para continuar al frente de Acción Nacional.

En un comunicado señalan: “Anaya, Zepeda y demás equipo deben renunciar ya, no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido. Deben convocar de inmediato a la renovación de órganos estatutarios».

El grupo de blanquiazules cercanos a Felipe Calderón agregaron que «el resultado electoral (de la elección del 1 de julio) los reprueba y desacredita su encargo para nueva oportunidad de conducción. La institucionalidad del partido fue fracturada por estar a merced de intereses personales. El partido debe refundarse con nueva proyección de sus principios doctrinales y mayores exigencias de vida ética y democrática interna».

Según señalan quienes firman el documento, la dirigencia del PAN a cargo de Ricardo Anaya rompió con la esencia democrática institucional de Acción Nacional con acciones inaceptables como la captura del padrón de militantes y la concentración cupular del poder.

Agregaron que «la cancelación de la pluralidad y de la competencia internas; corrupción, autoritarismo, persecución de la disidencia, entre otras. La formación del frente fue intransitable para buena parte de los panistas y conveniente solo para la perspectiva de Ricardo Anaya”.

Algunos de los panistas que firman la carta son: Juan Miguel Alcántara Soria, ex diputado federal y ex procurador de Guanajuato; Patricia Espinosa Torres, ex presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Raquel Jiménez, ex diputada de Guanajuato; Salvador Abascal Carranza, el ex diputado federal y ex presidente de la Fundación Rafael Preciado; el subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Rubén Fernández Aceves; Javier Paz Zarza, ex diputado mexiquense; el ex comisionado nacional de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano y María Concepción Ramírez, ex diputada.