Luego de darse a conocer que se había girado una orden de aprehensión en contra de Ricardo Antonio La Volpe debido a la denuncia por hostigamiento sexual que realizó en su contra la ex podóloga de Chivas Belén Coronado, es el abogado del director técnico quien ha desmentido la información.

“En algunos medios de comunicación publicaron que Ricardo La Volpe tenía una orden de aprehensión, lo cual es totalmente falso. La resolución del Juez es darle el auto de libertad, que por así decirlo le da la razón a Ricardo. Inclusive La Volpe de encuentra trabajando tranquilamente en Egipto, no entiendo qué sustento tiene lo que anda circulando por ahí”, dijo el jurista Enrique Villegas en entrevista para el diario Récord.

Cabe recordar que fue en el año 2014 cuando Belén Coronado denunció a La Volpe por acoso sexual, escenario por el que Jorge Vergara, directivo del Club Guadalajara, decidió despedirlo con tan solo cuatro partidos dirigidos.

Así que mientras en México se siguen desestimando las acusaciones en contra del ex futbolista argentino, por ahora Ricardo Antonio sigue realizando sus actividades como asesor deportivo con un club de la Primera División de Egipto.

• Estado Mayor Presidencial, institución fundamental: Eduardo Sánchez

En la reunión que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con los integrantes de su gabinete, el mandatario instruyó a que cada dependencia realice los ajustes necesarios en el gasto, a fin de que la próxima administración federal inicie con las mejores condiciones financieras, informó Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República.

Refirió que en el encuentro se analizó el gasto para los próximos meses e instruyó a que cada Secretaría realice los ajustes para que la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador “no tenga cargas más allá de los que la propia operación del gobierno requiere, y que la próxima administración tenga las mejores condiciones financieras para el arranque de su administración”.

En este contexto, Sánchez Hernández afirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un oficio que se hizo llegar a todos los funcionarios en días pasados, en el sentido de que no se pueden realizar contrataciones después del 16 de julio.

En conferencia de prensa para dar a conocer información del Consejo Nacional de Población (Conapo), en conjunto con la secretaria general de este organismo, Patricia Chemor Ruíz, dijo que la instrucción del mandatario a los funcionarios fue que colaboren, brinden información de manera transparente y cooperen con todo lo necesario para una mejor transición de gobierno.

El también coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República subrayó que el objetivo de la actual administración es “ayudar, cooperar, entregar información para que ellos (el próximo gobierno federal) pueda llevar a cabo sus labores en las mejores condiciones posibles”.

Dio a conocer que “se hizo un análisis de todas las normas por parte de la Función Pública que se tienen que cumplir para efecto de los libros blancos, lo que tiene que ver con la entrega-recepción, las memorias documentales, los lineamientos generales para todas las secretarias, a fin de que se cumpla rigurosamente con lo que establece la ley en esta materia”.

Abundó que en la reunión se habló en torno al equipo de transición que definirá más adelante el Gobierno de la República, y que en su momento se dará a conocer, pero “en el entendido de que será todo el gobierno el que tendrá que participar en entregar información y de colaborar”.

La manera de hacerlo es de “ser muy claros, de tener transparencia y de cooperar en todo lo que se requiera para que el nuevo gobierno puede empezar sus trabajos de manera fuerte, de forma tal que ellos tengan todas las condiciones para poder llevar a cabo su trabajo desde el primer día”.

Respecto a las modificaciones a la estructura del gobierno que ha anunciado el candidato ganador de la elección presidencial, subrayó que la presente administración no fijará posición al respeto, pues el gobierno entrante hará los ajustes que estime convenientes para hacer de la mejor manera posible su trabajo.

“Nuestra misión es ayudar, cooperar, entregar información”, expuso Eduardo Sánchez quien apuntó que “desde luego, les deseamos que les vaya muy bien, porque en la medida en la que le vaya bien al gobierno les irá bien a todos los mexicanos”.

Sobre el Estado Mayor Presidencial sostuvo que ha sido una institución fundamental en los últimos años, sobre todo en la administración de Peña Nieto, y reconoció la labor de este cuerpo, aunque enfatizó que sobre su permanencia, no se fijará una posición respecto de lo que va a hacer el próximo gobierno.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la multa al Partido Acción Nacional (PAN) de tres millones de pesos, esto por la aportación de una empresa mercantil a la campaña de Ricardo Anaya Cortés, quien buscaba llegar a la Presidencia de la República en el pasado proceso electoral.

En su cuenta de Twitter, el INE escribió: «El @INEMexico sanciona al PAN con 3 MDP por aportación de ente prohibido (una empresa mercantil) a la precampaña de Ricardo Anaya Cortés.»

Según la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, simpatizantes panistas de Huixquilucan, Estado de México, realizaron tres transferencias en efectivo, esto por un monto de 500 mil pesos cada una, dirigidas a la cuenta concentradora del PAN, luego los recursos fueron canalizados a la contabilidad de Ricardo Anaya.

En la indagatoria señalan que esas personas físicas realizaron las transferencias luego de que una persona moral depositó los mismos montos, lo que fue considerado como una simulación y que los recursos eran de una empresa listada como ente prohibido para la donación de recursos económicos a las campañas electorales.

Por este hecho, el Instituto Nacional Electoral aprobó la sanción que es del 200% de los recursos irregulares, lo que equivale a 3 millones de pesos.

El Tribunal Electoral federal revocó la sentencia por la que se multó a los tres candidatos independientes a la Presidencia de la República, y resolvió que se emita una nueva en la que se clasifique las infracciones atribuidas como faltas graves especiales.

Durante la sesión de este miércoles, el pleno de la Sala Superior resolvió, por unanimidad de votos, revocar la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en el Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-203/2018.

Mediante el mismo se aprobó sancionar con multas que van de los tres mil a los cuatro mil 800 pesos a Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter debido a las irregularidades cometidas en el proceso de obtención de firmas ciudadanas para el registro de sus candidaturas.

Sin embargo, la Sala Superior consideró que por la magnitud de la afectación a los bienes jurídicos consistentes en la certeza y la legalidad, la Sala Regional Especializada debió calificar la falta como grave especial y no como grave ordinaria.

Por ello, el pleno de la Sala Superior revocó la resolución impugnada para el efecto de que la Sala Regional Especializada emita una nueva en la que reindividualice la sanción impuesta a Zavala Gómez del Campo, Rodríguez Calderón y Ríos Piter.

Lo anterior, calificando la falta como grave especial y fijando el monto en proporción a los hechos acreditados y a las condiciones particulares de los sujetos infractores.

La Sala Regional Especializada impuso multas por la detección de irregularidades en la información correspondiente a los registros capturados de apoyo ciudadano para la obtención de la candidatura independiente, debido a que los entonces tres candidatos sin partido acompañaron de imágenes correspondientes a fotocopias o a simulaciones de credenciales para votar sus apoyos ciudadanos.

Encuentro Social presentó el 9 de julio un recurso de revisión contra el Procedimiento Especial Sancionador que resolvió la Sala Especializada, como parte de su estrategia por eliminar los votos que en la jornada del 1 de julio obtuvo Jaime Rodríguez Calderón.

Lo anterior, con el fin de disminuir el total de la votación válida y alcanzar el tres por ciento que como mínimo requiere para conservar su registro como partido político.

Al dar cuenta del proyecto de sentencia que sometió a consideración de sus pares, el magistrado Felipe Fuentes Barrera explicó que era imposible material y jurídicamente cancelar la candidatura de Rodríguez Calderón, debido a los avances registrados en el proceso electoral en curso.

Sin embargo, insistió en la necesidad de reindividualizar sanciones para “inhibir, disuadir este tipo de conductas, tratando de fortalecer la figura del candidato independiente y del cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad”.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, sostuvo que “el fin del régimen de sanciones es el de generar un efecto inhibitorio y sanciones ejemplares para que no se cometan nuevamente”.

Asimismo, consideró que “conductas como las que ahora se sancionan deben ser extraordinarias, lo ordinario es que se cumplan con las normas”.

Finalmente, señaló que “las personas que buscan el apoyo ciudadano, colocándose en escaparate nacional, no deberían promover conductas que atenten contra canales diseñados por la democracia y las autoridades electorales no pueden pasar por alto”.