La Secretaría de Marina-Armada de México informa que ha dado cumplimiento a medidas cautelares emitidas por la CNDH e investiga la presunta desaparición de personas en mayo de 2018, en el Estado de Tamaulipas.

A través del COMUNICADO DE PRENSA: 089/2018, informa a continuación:

La Secretaría de Marina-Armada de México informa a la opinión pública que, de acuerdo a la convicción y compromiso de los integrantes de esta Institución naval, con la legalidad, la justicia y el respeto absoluto a los derechos humanos, da cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionadas con casos de violaciones a los derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas

En este contexto, se dan a conocer las medidas implementadas por esta Institución:

Primera: se ordenó de manera puntual al personal naval dar cabal cumplimiento al respecto de abstenerse de violar los derechos humanos, así como cumplir irrestrictamente las medidas cautelares dictadas por la CNDH.

Por lo que se instruyó a todo el personal naval desplegado en el Estado de Tamaulipas, continuar de manera congruente con citadas instrucciones, así como reforzar las medidas de supervisión a través de los Mandos Navales.

Segunda: se realiza una búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas, con la participación de las y los familiares de dichas personas. Se autorizó que personal de la CNDH en compañía de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, inspeccionara las Bases de Operaciones del Estado de Tamaulipas y Nuevo León.

No obstante no ser competencia, ni atribución de esta Institución el realizar búsqueda de personas desaparecidas, se instruyó a los mandos de la Primera Región Naval establecidos en el Estado de Tamaulipas y de la Unidad de Operaciones Especiales; así como de cualquier unidad que desarrolle actividades en citada entidad federativa, que en el caso de localizar a las personas desaparecidas o algún cuerpo sin vida, informen de forma inmediata y pongan a disposición de la autoridad correspondiente.

Tercera: se efectúa una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos referidos, salvaguardando el material probatorio existente. En aquellos casos en los que las personas desaparecidas hayan sido localizadas sin vida, se llevará a cabo una investigación acorde a los estándares internacionales.

Se ordenó que se diera vista por los hechos materia de cada caso, tanto al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, quien será la autoridad al interior que dará inicio a los procedimientos administrativos de investigación correspondientes, así mismo a la Fiscalía General de Justicia Militar y a la Procuraduría General de la República se le hizo patente la plena disposición de esta Institución para colaborar de manera amplia en las diligencias y requerimientos de información que se desprendan, para la investigación de los hechos que nos ocupan.

Cuarta y quinta: se garantizan condiciones adecuadas de protección a los testigos y a sus familias que han estado denunciando los hechos referidos, así como a las personas defensoras de derechos humanos que actualmente asisten.

Se giraron instrucciones a los Mandos de la Primera Región Naval establecidos en Tamaulipas y a la Unidad de Operaciones Especiales; así como a cualquier otra unidad que desarrolle actividades en esa Entidad Federativa, para que se abstengan de realizar actos de molestia que carezcan de motivo y fundamento u orden de autoridad competente; además permitir al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que realice sus funciones con plena seguridad y sin ser objetos de actos de violencia, intimidación u hostigamiento.

Sexta: se brinda ayuda inmediata y asistencia a las y los familiares de las personas desaparecidas.

En este sentido, se brinda apoyo por medio de los instrumentos con que cuenta la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Gobiernos Estatal y Municipal.

Séptima: se garantizó que los funcionarios que habrían participado en estos hechos sean suspendidos o apartados temporalmente de cualquier tarea o función que pudiese interferir con la efectiva investigación de los hechos y la búsqueda de las personas desaparecidas o que pudieran poner en riesgo a las familias de las víctimas, testigos o defensores de las víctimas.

El 1 de junio de 2018 fue concentrado a la Ciudad de México el personal que se encontraba en las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León.

Lo anterior para que el personal esté disponible ante aquellas autoridades que así lo requieran; con el fin de que éstas realicen las diligencias conducentes y resuelvan lo que a derecho corresponda. Asimismo, el personal que actualmente se encuentra desplegado en citada región, fue capacitado en materia de Derechos Humanos.

Es de destacar que esta Institución es respetuosa de los ordenamientos institucionales que emitan las autoridades encargadas de velar por la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país, promoviendo la cooperación entre instituciones para el cumplimiento de las atribuciones de la CNDH, como lo es procurar la conciliación entre personas afectadas y las autoridades señaladas como presuntos responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del mismo así lo permita.

Los empresarios mexicanos perciben que sus organizaciones enfrentan un mayor riesgo que los ataques externos, este es el robo de información por parte de los propios empleados, destacó la consultora en inteligencia de negocios, seguridad cibernética, investigaciones y prospectiva estratégica, Vestiga Consultores.

La firma mexicana refirió que el más reciente módulo del Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas, reveló que 63 por ciento de los empresarios estiman que el mayor riesgo es el robo de información por parte de empleados frente a 28 por ciento que considera que los hackers externos son un peligro más importante para sus organizaciones.

En un comunicado, el socio director de la compañía, Sergio Díaz, señaló que los recientes escándalos nacionales e internacionales de ciberataques de creciente alcance y sofisticación, crean una mayor conciencia en los empresarios acerca de la vulnerabilidad real que tienen tanto el país como las organizaciones empresariales para prevenir y en su caso, manejar las crisis derivadas de ataques cibernéticos.

En ese sentido, la firma identificó que dos tercios de los empresarios (65 por ciento) considera que existen riesgos considerables de ataques cibernéticos que afecten la seguridad nacional en México frente a 28 por ciento que opina lo contrario.

Respecto a la capacidad propia de prevención y manejo de riesgo que tiene la comunidad empresarial en su conjunto, opinó que los empresarios la perciben de manera negativa: dos tercios consideran que no hay preparación suficiente frente al resto que opina lo contrario.

Detalló que los empresarios que se sienten preparados para enfrentar la problemática fueron 45 por ciento de los encuestados a comparación de los que se dicen no preparados (52 por ciento), lo cual puede indicar que muchas empresas en México aún subestiman los riesgos de un ataque cibernético.

“De manera creciente, los empresarios cobran conciencia de la importancia de la seguridad cibernética y de los riesgos que ésta enfrenta, como un factor clave del desempeño de sus empresas y del país mismo», finalizó Sergio Díaz.

Para la muestra empresarial, se realizó una encuesta telefónica con accionistas principales y directores generales de 635 empresas en México, pequeñas, medianas y grandes, puntualizó.

El presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

Esto, para algunos especialistas, significa una Reforma Estructural en materia de agua que no pasó por el Congreso de la Unión.

Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país.

Lo que se autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la «prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua» en esas cuencas.

Los decretos abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

Los decretos del Ejecutivo Federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos y son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes.

En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de «desarrollo», se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.