Por Edgar Hernández*

¡México regresa al viejo centralismo virreinal!

Más rápido que aprisa termina la luna de miel.

En Veracruz ya mismo hay tres gobernadores: uno, Miguel Angel Yunes, en funciones pero sin ánimo, omiso, desaparecido; otro, Cuitláhuac García, electo por casi 1.7 millones de veracruzanos, en rounds de sombra esperando entrar en acción, y un tercero, Manuel Huerta Ladrón de Guevara nombrado desde centro, con facultades metaconstitucionales y acaso más poderoso que el constitucionalmente electo.

A escasos 137 días de la trasmisión de poderes Veracruz transita en un limbo resultante de la incertidumbre que arrojan nuevas definiciones políticas crípticas que vienen del centro.

El nuevo mandato federal, al más puro centralismo echeverrista, señala líneas de acción federal que en mucho evocan, tal como los describe el analista David Augusto Sotelo, a los “jefes políticos” de 1812.

Son nuevas “Coordinaciones Federales”, que someterán a los gobernadores.

Que lesionan al mismo tiempo no solo al 115 constitucional que refiere al municipio libre, sino a los preceptos de la carta magna 26, 40, 74, 116 y 134 que aluden a nuestro sistema federalista.

Para la opinión pública algo ya no cuadro después del primero de julio cuando se empezaron a trazar las líneas del nuevo gobierno federal que si bien arranca el uno de diciembre ya muestra por dónde transitará.

De pronto la brutal realidad.

Los ejércitos de “ninis” siempre seguirán en las mismas ya que una cosa es la promesa de campaña y otra muy distinta, cuando se es gobierno.

Los gasolinazos continuarán, el perdón y olvido para políticos, empresarios y corruptos será ley, una ley matizada para taparle el ojo al macho.

Y el “don” Peje –así se le dice desde que ganó con 30 millones de votos- ya desde endenantes dicta líneas al poder legislativo para nombramientos en comisiones senatoriales y quién será del futuro líder de la bancada en la cámara baja, esto es una invasión al poder legislativo.

Ello sin contar que de manera categórica en días pasados atajó la autonomía en el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción.

Aun no llega a sentarse a la silla del águila y ya desapareció al Estado Mayor Presidencial. No habrá más Cisen y ya entregó cargos a panistas conversos como Germán Martínez Cáceres, quien será el nuevo titular del IMSS.

Peña Nieto al igual que Miguel Angel Yunes, dejaron de existir. El Peje ya está en funciones.

En Veracruz algo parecido sucede.

De entrada, faltan largos cuatro meses y medio para que se vaya  Miguel Angel Yunes, quien se la vive refugiado en su soledad y aisladas acciones de gobierno. Es sensible su desgano. Evidente su ausencia de ánimo social y como que ya no quiere seguir luchando a tambor batiente persiguiendo duartistas.

Como que se le nota que va a dejar por la paz a Karime al igual que a los diputados locales y federales fieles a don Javier de quien ya se especula saldrá libre en diciembre luego de un sentido ¡Usted disculpe, respetable gordo!

Y en los hechos no se vislumbran nuevas incautaciones, ni recuperación de centavos. Tampoco nuevos viajes a Woodland y todo indica que se acabó la guerra contra los priistas disfrazados de morenos.

Como que todo se derrumbó luego del primero de julio.

Y para el mandatario entrante las cosas tampoco pintan nada bien. La borrachera del triunfo electoral de Cuitláhuac García de pronto paró. La fiesta sufrió un repentino infarto al enterarse el gobernador electo que el poder si se comparte.

Que por mandato de López Obrador, los gobernadores de la república, entre ellos obviamente el jarocho, tendrán que estar tutelados por coordinadores federales que aglutinen en su oficinas en cada entidad a las 17 secretarias de estado, organismos descentralizados, empresas de gobierno, presupuestos y programas y toda la marmaja que entre a los estados a sus respectivas oficinas de finanzas.

Igual que en el Porfirismo que mandaba a sus compadres a vigilar a los gobernadores, así el Peje ha dispuesto de policías políticos.

A partir del primero de diciembre bastará un pestañeo del nuevo Coordinador de Planes de Desarrollo, Manuel Ladrón de Guevara para que paren o avancen los programas federales de beneficio social, los correspondientes a la gobernabilidad, salud, educación, atención infantil, medio ambiente y seguridad pública.

Habrá de concentrarse el poder en una sola persona, en Manuel Huerta tras la inminente desaparición de las 25 delegaciones federales con ejércitos de burócratas por honorarios que albergaban refugiados políticos, los grupos arcoíris, las recomendadas del gober, los jugosos enlaces de prensa y los operadores de recursos federales que a cada gestión de dinero federal se levantaban un buen de dinero para sí y para el delegado.

El representante de la Coordinación de los Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, es decir, Manuel Huerta también asumirá la función de centinela del gobierno de Cuitláhuac García.

Nada de ocurrencias, cero favoritismos. Nada de recomendados con privilegios. Nada de nepotismo, ello a menos que se pongan de acuerdo sobre como gobernar Cuitláhuac y Manuel, cada quien en su territorio.

Consecuentemente se avizora una lucha frontal de poderes fácticos en donde la réferi Rocío Nahle, más que buscar la mediación entrará en la puja por el poder. Manuel la quiere para sí mismo. Cuitláhuac va en favor de Hipólito y la Nahle, quiere ser la primera gobernadora de Veracruz.

¿Qué si es una lucha prematura?

Tal vez si, tal vez no. Lo que sí, es que en los hechos se observan dos gobernantes para la segunda entidad más rica de la república. Dos mandatarios con poderes supremos, uno constitucional otro metaconstitucional.

Y como ambos vienen del barrio tal vez con un volado podrían decidir su suerte.

¡Pobre Veracruz!

Tiempo al tiempo.

RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

La seguridad del Presidente

Las propuestas y promesas de campaña se enfrentan a la cruda y necia realidad cuando se asume el cargo público pretendido. Sobre todo cuando se refieren a temas constitucionales que, en el caso que habrá de ocuparnos, aluden a la seguridad personal del Presidente de la República.

El licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo —en reiteradas ocasiones— que habría de prescindir y desaparecer los servicios del Estado Mayor Presidencial y vender el avión presidencial y toda la flota aérea del gobierno. Creo que en ambas posturas pretende generar economías en el gasto público y hacer del ejercicio del cargo algo más simple y de menor parafernalia.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que gran parte de la estabilidad política que México ha gozado se debe a que, desde que el general Lázaro Cárdenas tomó posesión de la Presidencia en 1934, hasta esta fecha, todos y cada uno de los mandatos presidenciales han concluido y se han transferido los poderes mediante procesos electorales.

Es decir, trece presidentes de la República —incluido Peña Nieto— han gobernado todo su sexenio, en parte gracias a la seguridad que les ha brindado el Estado Mayor Presidencial, que es un cuerpo especializado del Ejército Mexicano. Es el único país en todo el Continente Americano que puede presumir de ello, a lo largo de casi 84 años ininterrumpidos.

López Obrador es el candidato vencedor y antes del 6 de septiembre deberá ser calificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Presidente electo. Es decir, ya tiene una personalidad que es una institución jurídica y su seguridad personal ya no es un asunto de su sola incumbencia, porque de ella depende el funcionamiento institucional del país.

En este mismo espacio hemos abordado en varias ocasiones la complejidad constitucional que implicaría la ausencia del Presidente. El párrafo segundo del artículo 85 de la Constitución establece que si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al Presidente interino.

Esto quiere decir que, ante la ausencia del Presidente, tendría que ser el Congreso —constituidas sus dos Cámaras en Colegio Electoral— quien debería designar a un interino que tendría que convocar a nuevas elecciones. Toda una crisis severa del orden constitucional.

Durante muchos años el tema de previsiones en caso de ausencia presidencial en el texto constitucional fue preocupación de la academia, hasta que en agosto de 2012 se publicaron reformas a nuestra Carta Magna para tratar de acotar la problemática que este tema podría causar a la vida institucional de la nación.

Ser el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el cargo más importante de nuestro sistema político, es unipersonal y por mandato constitucional está responsabilizado del Poder Ejecutivo de la Unión. En consecuencia, la seguridad de quien lo ocupe es estratégica, no sólo para el gobierno, sino para toda la ciudadanía.

Habrá que reflexionar todo esto y reconsiderar los temas que nos ocupan, para garantizar la máxima seguridad del próximo Presidente, en beneficio de la República.

Como Corolario, las palabras del expresidente estadunidense Thomas Jefferson: “Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”.