El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está obligado a reflexionar sobre las causas que influyeron para obtener el resultado en la pasada elección, donde los votantes fueron claros al rechazar el proyecto que propuso el partido tricolor, afirmó Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI.

Incluso, dijo la dirigente nacional del PRI, durante el periodo de reflexión y diagnóstico se podría discutir y evaluar un eventual cambio de nombre del partido, todo se pondrá sobre la mesa, indicó.

En entrevista para la Red de Radio Red, Ruiz Massieu dijo que después del resultado del pasado 1 de julio, en el PRI se ha iniciado un proceso natural de reflexión y diagnóstico sobre las causas que influyeron para que se obtuviera un resultado como el que logró en la pasada contienda, en el cual muy claramente la ciudadanía les dijo que esa forma hacer política, ese proyecto que se propuso, no era lo que querían.

Lo primero que Ruiz Massieu deberá hacer es, una vez que concluya la calificación de la elección presidencial, cuenta con 60 días para convocar al Consejo Político Nacional, con el objeto de que se defina a la persona que concluya el periodo de la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, que termina en agosto de 2019.

El año entrante, cuando concluya el periodo estatutario en 2019, otra vez se reunirá Consejo Político Nacional para elegir una nueva dirigencia de cuatro años, que será la que va a instrumentar las reformas de fondo del partido, mismas que se deliberarán a lo largo de este año.

Explicó que el proceso de deliberación y reflexión tomará un tiempo y llevará a definir la reforma de fondo que tendrá que hacer el partido, donde es claro, señaló, que en el siglo XXI el PRI tiene que readaptarse a la realidad de la sociedad para poder recuperar la confianza ciudadana.

“En este sentido, todo el priismo está en ese proceso que, sabemos, será largo, autocrítico, muy profundo, para replantearnos lo que haremos tras el resultado que obtuvimos”, señaló.

Ruiz Massieu precisó que tal como lo buscaba su padre José Francisco, quien fue secretario general del PRI, ella pondrá énfasis en renovar al partido con gran pluralismo, con debate de ideas.

Sobre un posible cambio de nombre del PRI, dijo que en el partido no están cerrados a nada, pero todo proceso no es decisión de una persona, por lo que se deberá discutir, puesto que el nombre es reflejo de una ideología y llamó a concretar a una reforma de fondo.

La ONU instó al Estado mexicano a asegurar que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales en los estados del país, y le urgió a adoptar “medidas urgentes” para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y desapariciones de mujeres.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó sus conclusiones sobre la situación en México después de que este país se sometiera por novena vez al escrutinio de sus expertos el pasado 6 de julio.

La vicepresidenta del CEDAW, Magalys Arocha, señaló en rueda de prensa que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido “muy activo y constructivo” en medio de unas “muy complicadas condiciones” en el país en lo que se refiere a la situación de las mujeres, que es “mala”.

El Comité reconoce los esfuerzos de México para “superar el clima general de violencia y promover los derechos de las mujeres”.

No obstante, lamenta que los “persistentes altos niveles de inseguridad, violencia y del crimen organizado, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten negativamente al disfrute de los derechos de las mujeres y niñas”, entre ellas las indígenas y las afromexicanas.

Según dijo Arocha, el Comité quiere que se haga a partir de este examen a México un seguimiento de los esfuerzos del país especialmente en el campo de la violencia basada en el género.

En este sentido pide a México que “adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y desapariciones forzosas de mujeres, lo que incluye hacer frente a la raíz del problema como son la violencia, la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico, estereotipos discriminatorios y la marginalización” de la mujer.

Igualmente piden los expertos de la ONU al Estado mexicano que vele por que “se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente a los autores” de actos de violencia contra la mujer, lo que incluye a los actores estatales además de los no estatales.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2014 a 2017 hubo 1,413 mujeres asesinados en el Estado de México, de las que sólo 236 fueron investigados como feminicidio.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en 2017 se registraron 29.168 homicidios dolosos, de los cuales 671 fueron feminicidios.

Arocha también subrayó la importancia de que México asegure que el feminicidio esté criminalizado en todos los códigos penales estatales, acorde a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del país, y que estandarice los protocolos de investigación policial para feminicidios en todo el Estado.

Asimismo considera importante el CEDAW que México simplifique y armonice los procedimientos a nivel de los estados para activar el mecanismo “Alerta Amber” y del Protocolo Alba, que ayuda a localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos o que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave.

Para el Comité es esencial que “se acelere la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y se adopten medidas y protocolos especiales para mitigar el riesgo asociado con las desapariciones, tales como el feminicidio y el tráfico de mujeres y niñas con el propósito de la explotación sexual y el trabajo forzado.

Igualmente pide a México que armonice y amplíe la aplicación y la coordinación a nivel federal, estatal y municipal de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y que asegure la participación en el mecanismo de ONG, la academia y de defensores de los derechos humanos.

Ciudad de México

El futuro de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) con motivos electorales, está en incertidumbre, luego de que diversos liderazgos que integraron esa coalición se mantienen inciertos sobre el futuro de la alianza.

“Creo que el Frente ya concluyó con la elección. Yo creo que el PAN tiene que trabajar por sí mismo rumbo a la próxima elección que ya es el año que entra en Baja California, la de gobernador, y en varios estados de alcaldes y diputados”, afirmó el senador panista, Jorge Luis Preciado.

Preciado, quien durante el proceso electoral respaldó a la coalición y ahora aspira a dirigir el PAN, afirma que el partido debe tomar una postura propia respecto al plan de gobierno y a las “ocurrencias” del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En el interior del PRD y MC, se encuentran a la expectativa de quién asumirá la dirigencia del PAN, para determinar el futuro que tendrá la coalición.

“El 5 de diciembre se marca la línea política que habrá de seguirse para los próximos procesos electorales. No omito decir que, en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, participamos de manera directa y sin coalición alguna”, adelantó el pasado martes Dante Delgado, dirigente de MC, quien afirmó que en carácter no electoral, los partidos que integran el Frente deben continuar apoyando las propuestas a las que se comprometieron.

Las corrientes perredistas Foro Nuevo Sol e Izquierda Democrática Nacional se han pronunciado ya por finalizar la coalición y que el PRD se sume al proyecto de nación de López Obrador.

En nuestro país, cada día son asesinados 3.1 adolescentes y niños y a pesar de que ésta cifra ha disminuido desde 2010 a la fecha, se han incrementado los casos de violencia y las desapariciones, informo Ricardo Bucio Mújica, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Durante la inauguración del primer encuentro de la Red Nacional de Adolescentes, con la participación de la Comisión Nacional de Seguridad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) dirigido a adolescentes sobre violencia y la manera de cómo combatirla, Bucio dijo que en 2010 la cifra de menores y adolescentes asesinados era de 4.2 al día, en contraparte la violencia ha aumentado y de 2006 al 2015 hay casi 7 mil niños y niñas reportados como desaparecidos que no han sido localizados.

De acuerdo a las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México está ubicado en primer lugar en casos de violencia y abuso sexual a niños y niñas.

Recalcó que en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se comprometió a que, en septiembre de este año, cada entidad presentará su propuesta de política de protección que garantice la vida y la seguridad de los menores en el país.

Por ello, dijo que los estados con cifras más preocupantes incluyen a Guanajuato que tiene muchos casos de violencia corporal y muchos casos más de desaparición de niños; el Estado de México y Tamaulipas son preocupantes por la violencia y Quintana Roo por turismo sexual infantil y Tlaxcala para la trata de menores.

Desde su perspectiva, los casos de desaparición de menores están ligados a situaciones de crimen común y organizado y muchos otros vinculados a situaciones no resueltas de conflictos familiares.

El foro reunió a 79 jóvenes de 23 estados diferentes que durante dos días, reflexionaran sobre acciones que se pueden tomar para combatir la violencia.

De acuerdo con las autoridades, los jóvenes tienen perfiles de trabajo previo en sus comunidades o ambientes escolares para terminar con la violencia.

«Lo que van a reflexionar nos va a ayudar a una cuestión muy importante para el Sistema que es tener, poder construir, una política pública para las y los adolescentes que no tenemos», explicó Bucio.