El diputado local del PAN, Gregorio Murillo Uscanga, advirtió que no debe negociar con delincuentes bajo ninguna circunstancia y sería lamentable que se eximiera a ex duartistas.

“Ningún gobierno debe negociar con delincuentes bajo ninguna circunstancia, se le tiene que aplicar todo el peso de la ley y sería lamento que se eximiera a Antonio Tarek de todos los delitos que se le imputan.”

Es importante, dijo, enviar el mensaje para que estos ex funcionarios que saquearon las arcas públicas de Veracruz paguen con cárcel y además devuelvan lo robado.

“Para que cualquiera de los otros ex funcionarios de Javier Duarte de Ochoa, paguen en la cárcel y se devuelva lo que se robaron a los veracruzanos, porque bajo ninguna circunstancia y ningún gobierno debe hacer algún tipo de negociación.”

Murillo Uscanga, advirtió que como diputado local estará pendiente de que se cumpla la ley y se evite cualquier tipo de negociación, “porque además de en de devolver lo robado”.

Desde este martes, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz solicitó el reforzamiento de seguridad en los consejos distritales de Pánuco, Santiago Tuxtla, Perote y Misantla, para iniciar con las labores de cómputo y evitar algún disturbio.

El consejero presidente del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla, expuso que el objetivo es que los cómputos se desarrollen con tranquilidad y sin incidentes, durante las labores de cómputo final.

En el inicio de la Sesión Permanente de Seguimiento de los Cómputos Distritales, refirió que se envió un oficio al secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castan, para solicitar mayor vigilancia en estos 5 consejos distritales.

Lo anterior debido a que en Pánuco, Santiago Tuxtla, Perote y Misantla, es donde se prevé que hubiera mayor roce entre los simpatizantes o asistentes a los consejos distritales, ya que los porcentajes son muy cerrados entre el primer y segundo lugar. Agregó que de manera específica se solicitó apoyo de las fuerzas federales, en el distrito de Pánuco.

“Remitimos un oficio en la madrugada al Secretario de Gobernación, del Gobierno de la República, solicitándole concretamente la presencia de las Fuerzas Federales en el distrito de Pánuco, por la información que teníamos de que se estaba aglutinando mucha gente alrededor del Consejo Distrital. Se envió a la Marina y Ejército”, expuso.

En Pánuco y Santiago Tuxtla, la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al uno por ciento, por lo que los simpatizantes de ambos candidatos se congregaron muy cerca de los consejos distritales.

A decir de Alejandro Bonilla, al percatarse de este tipo de acciones, se prefirió prevenir y por ello solicitaron apoyo a las fuerzas del orden.

“Estábamos pendientes de esos asuntos, ya se mandaron todos los oficios, se entabló comunicación con todas las autoridades y están más que enteradas de la situación en esos distritos; ahora falta ver su actuación”.

Ante ello, el Consejero Presidente del OPLE hizo un llamado a los representantes de partidos políticos, para que exhorten a su militancia y simpatizantes a que no se concentren en los consejos distritales.

“Deben estar seguros de que vamos a actuar con total transparencia, como lo hemos venido haciendo. No hay necesidad de que estén ahí, pueden estar tranquilos y esperar los resultados, pero evitemos algún tipo de incidencia en los consejos distritales”, finalizó.

Realizan gira de capacitación y adiestramiento para brigadistas en juzgados de la zona centro

El Consejero de la Judicatura y presidente la Unidad de Protección Civil del Poder Judicial del Estado, Mauricio Duck Núñez, informó que por instrucciones del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Humberto Álvarez Peña y con la finalidad de promover la cultura de la protección civil en los 21 distritos judiciales de Veracruz, se llevó a cabo una gira de capacitación y adiestramiento a brigadistas pertenecientes a la zona centro.

Dicha gira estuvo supervisada por el Coordinador de la Unidad de Protección Civil del Poder Judicial, Enrique Castillo Báez, quien realizó un recorrido por los Distritos Judiciales de Xalapa, Coatepec, Jalacingo, Martínez de la Torre, Misantla, Palma Sola, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Zongolica y Veracruz.

Se llevaron a cabo diversas acciones preventivas como simulacros de salida con la participación de 915 personas, entre servidores públicos y visitantes; además, se realizó la revisión de las instalaciones que albergan los órganos jurisdiccionales.

De igual manera, entregaron equipo instrumental, chalecos distintivos, silbatos y lámparas de mano a los brigadistas.

Duck Núñez reveló que se capacitó a 74 brigadistas que forman parte de las unidades internas de cada Distrito Judicial; y se realizó un análisis de riesgo interno y externo para que tengan conocimiento de los riesgos a los que están expuestos en el inmueble, así como las medidas pertinentes que deben observar en casos de emergencia.

La capacitación y adiestramiento en materia de Protección Civil se harán extensivos a los 21 Distritos Judiciales del Estado, como parte del Plan de Desarrollo de la Impartición de Justicia 2016-2019.

• Ordena a FGE dar versión pública de carpeta de investigación sobre ataques a El Buen Tono 

Xalapa, Ver., 4 de julio de 2018.- Al resolver el recurso de revisión IVAI-REV/893/2018/I, los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ordenaron a la Oficina del Gobernador que explique las razones por las cuales los jefes de las unidades de transparencia y de asuntos jurídicos tienen remuneraciones netas superiores a la que recibe la jefa de la Unidad de Género, y en cuál de los puestos contenidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2018 encuadran o se consideran homólogos los jefes de unidad.

Esto es así ya que mediante solicitud de información una persona realizó diversos cuestionamientos relacionados con equidad de salario de la titular de la Unidad de Género y servidores públicos que están en igualdad de puestos. Al presentar el recurso de revisión ante el IVAI, el solicitante expresó su inconformidad por una falta de congruencia en las respuestas proporcionadas por la Oficina del Gobernador a su solicitud y a otra de distinto folio.

El órgano garante pudo observar que hubo una falta de cuidado por parte del sujeto obligado, ya que por un lado se mencionó que los tres empleados tienen el nivel de jefe de unidad y por el otro que dos de ellos tienen el carácter de directores; no obstante que en ambas respuestas anexó organigrama donde se advierte que los tres ocupan el cargo de jefe de unidad.

El Instituto inspeccionó el portal de transparencia de la Oficina del Gobernador y la Plataforma Nacional –en la fracción relativa a las remuneraciones brutas y netas de los servidores públicos– encontrando que, en efecto, los citados trabajadores aparecen como jefes de unidad y quien ocupa la Unidad de Género tiene una percepción menor.

Ante ello, los comisionados concluyeron que la Oficina del Gobernador fue omisa en pronunciarse al respecto, ya que solo se limitó a manifestar que anexaba la estructura orgánica correspondiente y que la percepción de sueldos se basaba en el tabulador autorizado en el Decreto número 385 referido líneas arriba, el cual establece la clasificación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo de acuerdo al nivel de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, determinando sus categorías y clasificación, así como los sueldos que les corresponden, el cual está regido por el presupuesto autorizado.

Dicho decreto establece que los sueldos, salarios y remuneraciones netas mensuales están ligados a la forma de contratación e historial laboral de la persona que ocupa el puesto, por lo que se infiere que se pudieran dar variables entre los montos de los tres jefes de unidad. Sin embargo, el documento no señala la figura de “jefatura de unidad”, y si se considera que es homóloga a la de “jefe de departamento” –que sí se contempla–, los sueldos que reciben son superiores a lo señalado.

Para los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, si bien puede haber diferencias entre salarios del mismo nivel y cargo, se deben explicar los motivos, los cuales deben ser acordes con los principios constitucionales y legales, así como de justicia laboral; ello conforme a una tesis que señala, entre otras cosas, que a trabajo igual corresponde salario igual y que se debe definir si los trabajadores se encuentran en una situación de similar actividad y méritos laborales.

Por estas y otras razones, el IVAI instó a los titulares de la Unidad de Transparencia y de la Unidad Administrativa de la Oficina del Gobernador para que se conduzcan con diligencia en el desempeño de su función, apegándose a los procedimientos señalados en la ley, así como cuidar que en sus respuestas exista congruencia, exhaustividad y correspondencia con lo solicitado.

Por otro lado, al resolver el expediente IVAI-REV/872/2018/I, abierto en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), el organismo autónomo le ordenó que entregue versión pública –aprobada por el Comité de Transparencia– de una carpeta de investigación relacionada con el medio de comunicación El Buen Tono y los ataques sufridos por este; indicando el número de fojas y el costo de reproducción.

Lo anterior, dado que el solicitante se inconformó porque el Fiscal de Investigaciones Ministeriales solo indicó el año y el número de investigación y se omitió proporcionarle copia de dicha carpeta.

El director de la Unidad de Transparencia consideró que el solicitante pretendió ampliar la solicitud al pedir copia de la carpeta, lo cual estaba prohibido; en tanto que el fiscal segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales señaló que en ningún momento se requirió copia, por ello se le proporcionó el número de investigación.

Para los comisionados, esas apreciaciones son restrictivas del derecho de acceso, ya que si bien en la solicitud no se aprecia la literalidad de requerir copias, lo cierto es que tampoco se solicitó únicamente el número de las carpetas de investigación, pues textualmente se pidió: “la o las carpetas de investigación, expedientes y/o averiguaciones previas”, con lo que se intuye que se requería el contenido de dicha información y de ninguna manera se considera una ampliación a la solicitud.

En la sesión pública de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió 103 recursos de revisión, emitiendo 101 sentencias.