El peso cerró la semana con una apreciación de 4.36%, u 86.8 centavos, cotizando alrededor de 19.04 pesos por dólar, la mayor apreciación semanal desde diciembre de 2011, y tocar un mínimo de 19.0326 pesos por unidad, de acuerdo con Banco Base.

La institución financiera señaló que aunque el mercado parece tranquilo con las primeras señales positivas que ha dado el próximo gobierno federal, hacia delante la opinión de los mercados financieros y de las agencias calificadoras podría variar, sujeto a que las políticas económicas, en particular la fiscal, se conduzcan de manera prudente.

Explicó que los mercados vigilarán muy de cerca las modificaciones que pueda buscar la siguiente administración en materia energética.

En tanto, en las próximas semanas el tipo de cambio podría enfrentar presiones al alza, en particular si se da un fortalecimiento generalizado del dólar estadunidense con la implementación de nuevas estrategias proteccionistas por parte de Estados Unidos.

Al comienzo de la próxima semana, en México será relevante la publicación de la inflación de junio, en donde Banco Base prevé una inflación interanual de 4.58% y una inflación mensual de 0.32%, y se espera que la inflación subyacente se ubique en una tasa interanual de 3.60 por ciento.

La institución financiera indicó que los participantes del mercado estarán pendientes de la reunión programada entre el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, la cancillería mexicana y el virtual ganador del proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) identificar a las dependencias, entidades, fideicomisos y organismos públicos morosos en sus pagos por consumo de energía eléctrica.

La solicitud llegó al INAI como un recurso de revisión, ya que la CFE clasificó dicha información como reservada y confidencial, en términos de los artículos 110 fracción IV y 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia.

La empresa manifestó que difundir el listado de clientes vinculado a su consumo de energía y sus estados de cuenta respectivos podría colocar al corporativo en desventaja competitiva y económica frente a terceros, además de revelar su estrategia comercial.

Sin embargo, en el análisis del caso se determinó que la clasificación de la información no resultaba procedente. No se advirtió de qué manera la información requerida puede desequilibrar la moneda nacional, poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras o afectar el sistema financiero, como lo establece la fracción IV, del artículo 110 de la Ley de Transparencia.

Además, se advirtió que la información no puede estar protegida por el secreto comercial, dado que no se refiere a métodos de venta y de distribución, estrategias de publicidad, procesos de fabricación, medios de producción o industrialización de energía eléctrica u otros productos.

Por lo expuesto, el pleno del INAI resolvió revocar la respuesta de la CFE y le instruyó dar a conocer las dependencias, entidades, fideicomisos y organismos públicos considerados morosos en su obligación del pago por consumo de energía eléctrica, precisando monto y periodo de la deuda.

El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez informó que será este lunes cuando se determine qué partidos políticos podrían perder su registro, debido a que no alcanzaron el umbral del tres por ciento de la votación nacional como lo exige la Ley de Partidos y la Constitución.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que la ley es clara e indica que para que un partido político conserve su registro nacional, debe lograr ese tres por ciento en cualquiera de las elecciones federales para elegir Presidente de la República, senadores o diputados federales.

Indicó que al determinarse los partidos que no lograron ese umbral en ninguna de las elecciones federales, lo primero que se hace es, a través de la comisión de fiscalización se designa un interventor, que es una figura previa a liquidarlos de los bienes, activos y pasividad de la fuerza política, que se encargaría de la administración, y establece las bases de la liquidación, una vez que se confirme en tribunales, pues se tiene que agotar primero las impugnaciones y la resolución que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

«Quiero ser muy claro, porque hay una discusión sobre el asunto, hay quien dice que se tiene que alcanzar tres por ciento en todas las elecciones y no es así. La Constitución dice y también la Ley de Partidos, en el artículo 94, que con que se logre tres por ciento de la votación válida en alguna de las elecciones realizadas (Presidente de la República, senadores o diputados federales) es suficiente para conservar el registro», precisó.

Agregó que hay varios partidos políticos que no alcanzaron tres por ciento en la elección presidencial, pero los que más riesgos tienen son: Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES).

Los que llegan a tres por ciento son: PRD, que tuvo un millón 602 mil 715 votos, que equivalen a 2.83 por ciento; PVEM, un millón 51 mil 470 votos, que representan 1.85 por ciento; MC, un millón 10 mil 891 votos, equivalente a 1.78 por ciento; Panal, 561 mil 191 mil, que representa 0.99 por ciento, y PES, un millón 539 mil 101 votos, que significa 2.70 por ciento.

Sin embargo, indicó que se tienen que esperar los cómputos definitivos de las elecciones para diputados federales y senadores, que hoy por la noche el Consejo General del INE dará a conocer, y mañana se iniciaría el nombramiento del interventor para evitar que se vaya a realizar mal uso de los recursos y bienes de los partidos que se encuentren en esa situación.

Ciudad de México.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) propuso exhortar a las secretarías de Salud y de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a que continúen fortaleciendo las campañas informativas en materia de educación sexual y prevención de embarazos en adolescentes.

En un punto de acuerdo que presentó en la Permanente y analiza la Segunda Comisión, precisa que en México un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, lo que posiciona al país en el primer lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económicos (OCDE) en este rubro, con una tasa de fecundación de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años.

Argumenta que el embarazo adolescente es un problema latente y con graves consecuencias, pues se ha documentado que la maternidad a edades tempranas representa un mayor riesgo en la salud de las jóvenes y en la de sus hijos, por las dificultades que suelen presentarse en el embarazo y parto, al grado de ser considerada la segunda causa de muerte de mujeres de 15 a 19 años a nivel mundial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos 15 años la fecundación y proporción de nacimientos entre adolescentes se ha mantenido en niveles altos y prácticamente sin cambios significativos, y la recurrencia a prácticas de abortos inseguros o clandestinos pone en constante riesgo su salud, al recurrir a estos métodos para interrumpir embarazos no deseados.

Tiscareño Agoitia menciona que de acuerdo con información pública, en el país se registran cerca de 400 mil nacimientos de bebés entre mujeres de 19 años o menos y, de éstos, alrededor de 10 mil 280 se dan entre niñas de 10 a 14 años.

Además, a diario nace en México un promedio de 28 bebés de madres menores de edad; lo preocupante es que, de las 778 muertes maternas anuales, 101 correspondieron a mujeres de 19 años o menos e, incluso, seis fallecieron en el proceso de gestación, parto o puerperio.

Relata que el gobierno federal ha impulsado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con el fin de establecer, en coordinación con organizaciones civiles, federales e internaciones, y con expertos académicos, acciones para prevenir y disminuir el embarazo a temprana edad.

En ese sentido, es importante redoblar esfuerzos a favor de la población adolescente del país, en el marco de garantizar sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, consagrados en el texto Constitucional y legislación reglamentaria, enfatiza.

La diputada del PRI destaca que se requiere continuar el impulso de acciones integrales y precisas en materia de educación, salud sexual, uniones tempranas y violencia principalmente, que ponen a las jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgos en sus condiciones de vida, como sucede con el embarazo adolescente.