Xalapa, Ver. – La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Xalapa, verificará los establecimientos donde se comercialicen productos escolares para que estos no alteren sus precios por el regreso a clases, indicó el subdelegado de esta procuraduría, Víctor Manuel Rojas Utrera.

Además, mencionó que desde lunes 30 de julio y hasta el 1 de agosto, se realizará la feria del regreso a clases en las instalaciones del IMAC. Ahí participarán tiendas de deportes, de uniformes, papelerías, zapaterías y otros negocios que ofrecerán descuentos del 50 y 70 por ciento.

Indicó que los productos que se ofertarán en la feria son de calidad, pues ya fueron supervisados por la PROFECO.

Aunque confía en que no habrá muchas anomalías en el comportamiento de los comerciantes, señaló que continuarán la supervisión de los precios hasta 15 días después de que los alumnos y alumnas hayan regresado a las aulas.

Asimismo, confió en el consumo responsable de los compradores, para que paguen lo justo por lo que adquieren.

Xalapa, Ver.-

Este lunes vencía el plazo para que el Congreso de Veracruz acatara la Alerta de Género por Agravio Comparado que determina reformar el Código Penal para la despenalización del aborto en la entidad.

Sin embargo, se decidió interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la sentencia emitida por un juez federal que los obliga a legislar el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Cabe recordar que el pasado 3 de julio, el juez décimo octavo de distrito en Veracruz otorgó un amparo a organizaciones de la sociedad civil que se inconformaron por la omisión de la legislatura local al negarse a discutir la reforma al código penal para despenalizar el aborto, que recomendó un grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Sin embargo, la bancada panista de la actual legislatura, calificó como “excesiva” dicha medida, y a través de la dirección jurídica, el Congreso local argumentó que la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, fue aceptada y se trabajará en su cumplimiento, sin embargo, la herramienta jurídico-administrativa no puede compararse con un precepto constitucional que obliga “a esa soberanía”, legislar en ese sentido.

Por lo que, justificaron, la alerta no puede estar por encima de la Constitución ni de la división de poderes, y en “apego” a la “soberanía” y atribuciones del Poder Legislativo, se recurrió al recurso de revisión.

Además, señalaron que no están opuestos a la reforma de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, pero la misma SCJN, mantiene en análisis un recurso de inconstitucionalidad  interpuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra el artículo 4° constitucional de Veracruz, que considera que la “protección” de la vida desde la concepción y hasta la “muerte natural”.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitará al gobierno de Guatemala autorización para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en delitos electorales durante su administración.

Se trata de una orden de arresto que un juez federal en México concedió desde hace más de un año, pero que no se pudo ejecutar durante el proceso de extradición de Duarte desde Guatemala, país en el que fue detenido por agentes federales en abril de 2017.

Autoridades de la FEPADE explicaron a Animal Político que las cláusulas del tratado de extradición entre Guatemala y México indican que una persona solo puede ser extraditada por hechos que sean delitos entre ambos países; dado que los delitos electorales no están tipificados en el país centroamericano, no se pudo finiquitar en ese momento el trámite.

“Sí se había solicitado la orden de extradición por parte de Fiscalía, pero cuál es el problema, que el delito por el que se solicitó no existía en Guatemala. Ese fue un problema técnico. Y por eso los tipos penales no se ajustaron”, indicó un funcionario.

Pero la orden de aprehensión no quedó cancelada. La FEPADE indicó que luego de dicha negativa se recurrió a un grupo de expertos para hacer una valoración del caso, y preparar una nueva solicitud a Guatemala que se ajuste al marco constitucional de dicho país, y de esta forma haya luz verde a esta orden de aprehensión.

De acuerdo con los fiscales, la solicitud se estará presentando en breve a través de la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que el gobierno guatemalteco valore si es procedente o no. En caso de que la respuesta sea negativa, la orden de aprehensión tendrá que archivarse de forma definitiva.

Fue el 8 de marzo de 2017 cuando la FEPADE dio a conocer que un juez había concedido una orden de arresto en contra del exgobernador de Veracruz, ante su presunta responsabilidad en hechos tipificados como ilícitos.

En concreto la investigación del Ministerio Público consignada al juez apunta que Duarte es responsable de haber obstaculizado sistemáticamente la transferencia integral de los recursos económicos, de origen federal, que correspondían al órgano electoral del estado, y que la Secretaría de Finanzas de su gobierno recibió.

Este tipo de hechos marcados como delitos en diversas fracciones del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales pusieron en riesgo el correcto desarrollo de comicios electorales locales, desarrollados en 2015 en la entidad, y pudieron incluso haber generado un afectación.

Además de la orden de aprehensión pendiente por delitos electorales existe una segunda orden girada contra Duarte que tampoco se ha ejecutado, y que fue concedida a principios de junio pasado por un juez de Veracruz, a petición de la fiscalía de esa entidad. En este caso el delito que le imputa es el de desaparición forzada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el exgobernador supo de una serie de desapariciones sistemáticas que cometió la policía estatal que estaba bajo su mando y que fueron encubiertas por la fiscalía de la entidad. Por este caso ya hay más de una veintena de exfuncionarios duartistas procesados, incluyendo al exfiscal y exjefe de la policía en aquel gobierno.

Al igual que sucede con el tema de delitos electorales, esta orden no puede ejecutarse sin la autorización de Guatemala, debido a la cláusula de especialidad del tratado de extradición, que indica que una persona extraditada no puede ser procesada más que por los delitos por los cuales se pidió su entrega.

Lo que la Fiscalía de Veracruz buscará a través de la PGR es que Guatemala otorgue una autorización especial debido a la gravedad del delito de desaparición forzada considerado de lesa humanidad.

De acuerdo con autoridades con conocimiento de este caso, la Fiscalía ya entregó a PGR toda la documentación necesaria para que se lleve a cabo la petición formal a Guatemala por lo que ahora solo resta que el trámite se realice a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hace un mes Javier Duarte promovió una demanda de amparo con la que intenta que se frene el cumplimiento de la nueva orden de aprehensión, girada por desaparición forzada. De inicio sus abogados buscaban que se suspendiera el trámite ya mencionado, sin embargo, el pasado 25 de julio el juez rechazó concederle la suspensión definitiva en contra de ese procedimiento.

“El juez federal señala que la PGR y la SRE no tienen impedimento para seguir adelante en el proceso de petición formulado por la fiscal, para que Guatemala autorice la ampliación de posibles imputaciones y ejecuciones de órdenes de aprehensión contra JDO, en atención al principio de especialidad del tratado que nos une”, dijo un funcionario ligado al caso.

Desde hace un año Javier Duarte se encuentra preso de forma preventiva en el Reclusorio Preventivo Norte. Su encarcelamiento obedece a tres procesos penales promovidos en su contra, a los que eventualmente se sumarían los relacionados con las dos órdenes de aprehensión ya mencionadas, si es que Guatemala da su aval para ello.

El caso con el mayor progreso en cuanto a tiempo es el que promovió en su contra la Procuraduría General de la República (PGR), por delincuencia organizada y lavado de dinero. Aquí se responsabiliza a Duarte de encabezar una red delictiva que a través de empresas fantasma  y compra de terrenos subvaluados logró desviar recursos públicos.

Por este caso el exgobernador fue vinculado a proceso desde el año pasado, sin embargo, tanto la PGR como la defensa solicitaron plazos de investigación complementaria, los cuales vencerán mañana martes 31 de julio.

Lo que seguirá después de vencido este plazo, de acuerdo con las reglas que estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales, es una audiencia intermedia (con fecha aún por definir) en la que ambas partes expondrán las pruebas que desean llevar a juicio, y se resolverá cuáles son procedentes y cuáles no.

En esta fase del proceso también puede presentarse alguna solución alterna para evitar el juicio, en caso de que PGR y la defensa de Duarte lleguen a un acuerdo por una pena reducida. No obstante, ello requeriría que el exgobernador se declare culpable.

Otro escenario es que la PGR determine que las pruebas que reunió no son suficientes para presumir que Duarte cometió un delito, y decida desistirse del caso.

Si no se da ninguna de estas dos opciones, entonces el juez enviará el proceso a un tribunal de juicio oral para que se fije fecha de audiencia de juicio, la cual se prevé que pueda ocurrir dentro de dos meses por lo menos.

Los otros dos procesos abiertos contra el exgobernador son casos promovidos por la Fiscalía de Veracruz, que lo acusa de desviar recursos destinados para obras hidráulicas y de haber usado ilegalmente un helicóptero oficial luego de haber pedido licencia al cargo en octubre de 2016.

Por estas dos acusaciones un juez de Ciudad de México determinó vincular a proceso a Javier Duarte el pasado 20 de mayo y concedió – a petición de la defensa –  seis meses de investigación complementaria previa a la audiencia intermedia, plazo que vence a finales de noviembre próximo.

 Primer lugar en producción de ostión, langostino, robalo y peto.

Xalapa, Ver., 30 de julio de 2018.- 

Veracruz se encuentra en los primeros lugares en producción pesquera al aportar a la mesa de los mexicanos mojarra, camarón, ostión, almeja, langostino, peto, jaiba, guachinango, trucha y robalo.

Nuestra entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional en producción pesquera, pues contribuye con 105 mil 275 toneladas, lo que equivale al 5.3 por ciento de la producción que se consume en el país.  El valor de la producción estatal es de dos millones 65 mil pesos.

En el cierre 2017 el sitio web del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), situó al estado en el primer lugar en producción de ostión, langostino, robalo y peto, así como tercero en producción de trucha y cuarto lugar en producción de mojarra, almeja y jaiba.

En producción de huachinango ocupamos el sexto lugar y el octavo sitio en producción de camarón.

Xalapa, Ver.-

Luego de que se diera a conocer que el próximo 1 de agosto el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez anunciará al primer integrante de su gabinete, Eric Cisneros declaró que podría ser él quien encabece Gobernación.

El conocido como operador del PRI en la cuenca del Papaloapan, ofreció una entrevista en la que aseguró que si bien Cuitláhuac García le invitó a formar parte de su gobierno, aún no le ha comunicado en qué cargo será.

Sin embargo, adelantó que la próxima Secretaría de Gobernación habrá de trabajar a puertas abiertas y privilegiará el diálogo con los actores políticos y otros sectores de la población.

En ese sentido, añadió que se terminarán los “guaruras” para funcionarios públicos, y la Segob no se convertirá en una oficina de espionaje o persecución.

“No serán gobernantes de los que traen cien guaruras y que nadie puede hablar con ellos, eso debe pasar a la historia”, declaró.

También refirió que no habría impedimento para que se le otorgue el nombramiento, pues aseguró que más allá de que es veracruzano (originario de Otatitlán), se ha dedicado a recorrer Veracruz durante los últimos tres años.

Por otro lado, dijo que en la Segob debe premiar la escucha a la gente pues de lo contrario la acción fundamental de un gobierno se perdería, por lo que estará dispuesto a colaborar en ese sentido y desde donde Cuitláhuac García le indique.

Finalmente, dijo que los demás secretarios de despacho también deberán conducirse bajo su esencia sin perderse en el camino, y actuar como personas normales, pues dijo que la administración pública es como el ajedrez, “una vez que acaba el juego, peones, reyes y reinas, vamos al mismo cajón”.

En la sesión ordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en Veracruz, tanto representantes partidistas como consejeros, dieron cuenta de las inconformidades que se generaron por la falta de suficientes boletas en las casillas especiales.

Ante ello, coincidieron en que el Consejo General del ente comicial debe discutir este asunto y ver la posibilidad de incrementar la cantidad hasta las mil 500 que fija la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), como tope máximo para dichos centros de votación.

El primero en tomar la palabra, fue el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Alejandro Morales Becerra, quien afirmó que la experiencia que dejó la jornada del pasado 1 de julio es que hubo una queja generalizada de la población que acudía a esas casillas y no podía sufragar por la carencia de tarjetones.

Por su parte, el consejero electoral, Jesús Granados Bautista, aseveró que es imperante repensar e ir haciendo propuestas para agilizar la afluencia de electores en estas casillas, ello para evitar que sigan habiendo molestias por este motivo.

Su homóloga, Yadira Zaleta Cuervo, dijo que otra queja que expusieron los ciudadanos es que cuando se terminaron las boletas de los comicios de Presidente, los integrantes de la mesa directiva daban por concluida la votación, lo cual no tenía ningún fundamento jurídico.

Tras los señalamientos, el presidente del Consejo Local, Josué Cervantes Martínez, dijo que efectivamente la Lgipe, en su artículo 169 numeral II, permite que se puedan destinar más de 750 boletas para las casillas especiales, pues se estipula que el número total de boletas no puede ser superior a mil 500.

No obstante, añadió que el Consejo General del INE aprobó el Reglamento General del Elecciones y ahí precisó que 750 era el tope máximo.

Se mostró a favor de la propuesta de incrementarlas, aunque no hasta el máximo permitido por la normatividad comicial. “Quizás no mil 500, pero quizás mil boletas por ser más manejable, de tal manera que fuera suficiente para atender una demanda”, expuso.

Insistió también que es importante que los ciudadanos que no requieran verdaderamente utilizar las casillas especiales, no lo hagan pues le quitan la oportunidad a quienes no tienen su centro de votación cerca.

Por último señaló que el incremento de las papeletas debería ir en función de tipo de elección, ya que recordó que en el caso de las federales la población participa más que en las locales, en las que se quedan boletas sin utilizar.

El problema de los huachicoleros en el país ha sido, entre otras causas, por el problema social en las comunidades rurales del país, pero también por la pérdida de empleos que se ha registrado en los últimos años en Petróleos Mexicanos.

Así lo consideró Horacio Zarate, presidente del Consejo Nacional de Petroquímica, quien consideró que la participación de la delincuencia organizada no se puede negar.

Las pérdidas por este delito han superado los 30 mil millones de pesos anuales y ha ocasionado una grave crisis financiera a la paraestatal, que dijo ya está en números rojos.

Señaló que ante la grave situación es urgente que tanto Pemex, como la Secretaría de Energía tomen acciones para detener el robo de combustible, pues dijo que la omisión los hace parte del hecho.

“Deben de crear un plan emergente de vigilancia, se le llama celaje físico, a través de la alta tecnología, de drones y de una vigilancia de Pemex, porque tiene todo para hacerlo y no lo ha hecho por la omisión de Pemex y de algunos funcionarios que ya están en la cárcel”, dijo.

Dijo que la zona de Omealca, cerca de Córdoba y Orizaba es la más afectada por el robo de combustible; recordó que por Veracruz pasan más de 30 mil kilómetros de ductos que deben resguardarse.