El coordinador del Programa Alfabetizando a los Sordos (Alas) de la Universidad Veracruzana (UV), Marco Antonio Rodríguez Revoredo, aseguró que quienes tienen una discapacidad auditiva “son invisibles” para la sociedad.

Señaló que los sordos enfrentan mayores barreras para su aprendizaje pues dijo que existen menos herramientas que les permitan aprender a leer y escribir, como sí las tienen quienes enfrentan una discapacidad visual.

“Un sordo no se entera que hubo elecciones en México, que existe Donald Trump, que existe la astronomía, filosofía, la literatura porque no aprenden a leer y a escribir. No tienen a su alcance ni libros ni revistas, ni una computadora”.

Rodríguez Revoredo aseguró que el acceso de los sordos a la cultura es prácticamente nulo, y ello provoca analfabetismo en este sector de la población.

Recordó que según el INEGI, en 2010 había un millón 200 mil personas sordas en México, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que en ese año ya el triple de personas con discapacidad; es decir, casi 4 millones de habitantes sordos en el país.

Señaló que el programa Alas está enfocado a la alfabetización de sordos a través de audio, video, programas informáticos, a fin de atraerlo incluso a través de juegos.

Por ello, celebró que el Ayuntamiento de Xalapa apueste por aportar recursos para becas, pues dijo que existe poco interés de alfabetizar a esta población ya que consideran que con la existencia del lenguaje de señas es más que suficiente.

Xalapa, Ver.-

Entre octubre y noviembre, 300 trabajadores del Congreso local se quedarán sin contratos laborales, por lo que se prevé sean liquidados, informó el secretario General del Congreso, Juan José Rivera Castellanos.

En entrevista, precisó que su contratación dependerá de la próxima Legislatura, en donde tendrá mayoría los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El funcionario aseguró que a la llegada de la actual Legislatura encontraron desorden administrativo en los contratos de los empleados, por lo que debieron regularizar el estado de cada uno de ellos.

No obstante, admitió que sólo se ofrecieron contratos que vencen cada tres meses con posibilidad de recontratación, y que la mayoría está en el área administrativa y con los diputados locales.

“Vamos a buscar un mecanismo de continuidad para que la próxima Legislatura arranque y que después tome una decisión. La gran diferencia es que los contratos son por tres meses”.

Dijo que de esta forma se garantiza que la siguiente Legislatura pueda disponer de espacios si así lo considera, o volver a contratar a los empleados de diversas áreas.

Y agregó que caso de que tengan que ser liquidados, en el Presupuesto 2018 se incluyó este recurso.

Acotó que hay áreas de la Legislatura que no pueden dejar de funcionar, por lo que sería necesario otorgar contratos por otros tres meses.

“Yo creo que lo vamos a analizar, es una cuestión que no hemos definido porque nosotros estamos preparados para terminar contratos y liquidar; sin embargo, eso sería tanto como dejar sin funcionalidad al Congreso”.

• Podrán asistir todas las personas interesadas en aportar ideas que mejoren el modelo académico de esa institución educativa.

La diputada Cinthya Lobato Calderón, integrante del Grupo Legislativo de MORENA en el Congreso de Veracruz, invitó al Foro “UPAV, análisis, retos y perspectivas”, que se llevará a cabo el 11 de agosto, a partir de las 9:30 horas, en los auditorios A, B y C del Poder Judicial de la entidad, con el objetivo de rescatar ese modelo educativo y administrativo enfocado a la pedagogía social, para que se fortifique la misión social y humanitaria de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), como instrumento promotor de la paz e igualdad.

La mecánica del Foro es, a través cuatro mesas de trabajo, en las que se construya una plataforma de debate y propuestas entre el alumnado, la autoridad universitaria, catedráticos, directivos, docentes, directores solidarios, ex alumnado, escuelas particulares incorporadas y escuelas solidarias, así como integrantes del Congreso del Estado y la autoridad competente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a fin de analizar en colectivo.

Durante la conferencia, la legisladora señaló que buscarán que la educación llegue a todas las zonas geográficas del Estado y los veracruzanos tengan como opción educativa a la UPAV, que sea la plataforma de profesionalización de sus vocaciones, como el espacio plural y abierto para continuar superándose y aportar a sus municipios, regiones y comunidades su preparación.

Este Foro, es resultado del trabajo conjunto que se realizó con la Comisión de Escuelas Solidarias y Escuelas Particulares Incorporadas a la UPAV, integrada por Jorge Sarquiz Zúñiga y Flor de María Mejía Olivares del Colegio Libanés de Veracruz; Julieta Ramírez Enríquez, Cecilia Montero de Jesús, Alejandro Salazar Galván y Omar Pensado Díaz del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica.

Así como de Carmen Galán Pazarán, Marcos Valdez Sánchez y César Galán Pazarán del Consejo Académico de Docencia e Investigación Transversal;  Alejandro Williams Mendoza y Miguel Alejandro Williams, del Colegio de Derecho.

Al finalizar el Foro, se elegirá a la Comisión representativa que le dará seguimiento mediante la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades competentes, tanto con el Ejecutivo como en la propia Universidad y con el Poder Legislativo, para realizar las reformas necesarias que permitan revitalizar y engrandecer a la UPAV.

Poza Rica, Ver.-

Integrantes de diferentes cámaras empresariales en Poza Rica se pronunciaron en contra de las elevadas tarifas de consumo de energía eléctrica para usuarios industriales, lo cual expusieron, ha provocado el cierre de establecimientos y el despido de empleados.

De acuerdo con los empresarios, ante los elevados costos de la electricidad en un estado productor como lo es Veracruz, han tenido que reducir sus márgenes de ganancia, manteniendo sus precios o inclusive bajándolos para evitar el cierre de establecimientos, pero aun así no pueden costear el pago del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Alejandro de la Torre Tapia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Poza Rica, dijo estar preocupado porque las altas tarifas pueden llegar a «ahorcar» a los empresarios, como ocurre actualmente con un productor de hielo, cuya empresa con más de 30 años de servicio está en riesgo de cerrar.

Enfatizó que se requiere que tanto la CFE como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) obliguen a todos aquellos establecimientos que se encuentran en la vía pública y consumen electricidad de la red de alumbrado público sin pagarla.

Por otra parte, Alejandro Mondragón Iris, del Consejo Coordinador Empresarial Zona Norte, expuso que a pesar de que no se han incrementado las tarifas por consumo de electricidad, los recibos han subido hasta 40 por ciento por otros conceptos.

Programas como el Horario de Verano no se han visto reflejados en la disminución de las tarifas, además de que en el caso de Veracruz, que es productor de energía y cuenta con una planta núcleo eléctrica, sigue pagando más por la energía que otras entidades que no son productoras.

Se quejaron también del monopolio en servicio de electricidad que mantiene la CFE, lo que obliga a contar con un solo proveedor que establece sus tarifas a conveniencia, pronunciándose a favor a la apertura al capital privado en la distribución de electricidad.

En conjunto, firmaron una petición que será entregada a Guillermo Ignacio García Alcocer y Guillermo Zúñiga Martínez, presidente y comisionado respectivamente de la CRE, en el que exigen un ajuste al esquema tarifario a la brevedad posible, antes de que más empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas de manera definitiva.

Sellos de suspensión o clausura han sido colocados en 50 gasolineras de 96 municipios que comprende la Subdelegación-Xalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con Víctor Manuel Rojas Utrera, subdelegado de Profeco en Xalapa, han sido sancionadas por la venta de litros incompletos.

“La gente se ha acercado a la subdelegación porque siente que los litros no fueron litros de a litro, que su tanque es de determinados litros y les cobran equis cantidad de litros”.

Indicó que las quejas fueron presentadas en toda la Subdelegación, que comprende el territorio desde Puente Nacional hasta Pánuco.
“Hay gasolineras que han suspendido o que les han puesto algún sello en los 96 municipios”.

El funcionario federal detalló que a la Subdelegación de Profeco le corresponde retirar los sellos en las distintas gasolineras que fueron sancionadas.
“Ha sido constante el retiro de sellos, a nosotros nos compete ir a retirar sellos, ir a hacer algunas inspecciones si todavía están los sellos, pero quienes aplican o quienes ponen estos sellos son oficinas centrales”, remató Rojas Utrera.