En México, alrededor de 70 por ciento de bebés no recibe leche materna como alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida, informó Catalina Gómez, jefa de Política Social de Unicef México, por lo que llamó a las autoridades de salud e instituciones de medicina privada a impulsar un cambio, “para que los médicos no receten las fórmulas lácteas como primera entrada, el primer alimento debe ser la lactancia materna”.

En entrevista para el diario Milenio, agregó que “Unicef está trabajando muy activamente para que se dé el cumplimiento del código internacional de comercialización de sucedáneos de leche materna, es decir, de lo que es conocido como fórmula”.

Continuó: “El mandato es que no se deben repartir, ni siquiera de manera gratuita, fórmulas en los centros de salud ni en los hospitales. La industria de alimentos para bebés no debe prestar, ni siquiera de forma gratuita, a familias o funcionarios de salud estas muestras o estos productos para niños menores de seis años”.

Destacó que “en los últimos años México sí ha tenido una mejora de cobertura de lactancia exclusiva durante los primeros seis meses: pasó de 14 por ciento hace tres años a 30 por ciento, es decir, hay una mejora, pero no podemos decir que es un indicador satisfactorio”.

Concluyó: “Impulsar la lactancia materna debe ser una prioridad para el país, pues los nutrientes que el bebé recibe a través de la leche materna desde la primera hora de su nacimiento y durante los primeros seis meses de vida representan una vacuna que no le proporciona ningún otro alimento”, añadió Catalina Gómez.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer las principales mercancías que manejan en cada una de las 49 aduanas del país.

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó la importancia de que los sujetos obligados brinden certeza a los ciudadanos de que podrán acceder a la información de su interés, pues en este asunto se proporcionó un vínculo electrónico, en el que no fue posible abrir los documentos.

El derecho de acceso a la información no se puede dar por garantizado con el sólo hecho de proporcionar una liga electrónica, sino es necesario corroborar que los datos estén disponibles para su consulta, subrayó al presentar el caso ante el pleno del organismo de transparencia.

Ello, luego de que un particular solicitó el número de aduanas que hay en el país, su clasificación y las principales mercancías manejadas en cada una; en respuesta, el SAT informó que hay 49 aduanas, clasificadas en fronterizas, marítimas e interiores, de acuerdo con su ubicación geográfica.

Sobre la información de las mercancías, la dependencia proporcionó un vínculo electrónico, argumentando que en éste era posible consultar el registro de todas las operaciones de importación y exportación llevadas a cabo por las diversas aduanas, entre abril de 2017 y marzo de 2018.

No obstante, el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI porque el vínculo electrónico proporcionado marcaba error en la descarga de los documentos, se informó en un comunicado.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado presidente Acuña Llamas, después de consultar ese vínculo en distintos navegadores de Internet, advirtió que, como lo refiere el particular, marca un error en la descarga de los archivos.

En ese sentido, concluyó que al no poder descargar y consultar los documentos, no se garantiza el derecho de acceso a la información del solicitante.

Por lo tanto, el pleno del INAl, por unanimidad, determinó modificar la respuesta del SAT y le instruyó entregar la información sobre las principales mercancías que manejan en cada aduana del país.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el dinero de las multas que impone se destina a ciencia y tecnología, a consulados e infraestructura.

A través de su cuenta de Twitter, @INEMexico,  escribió: “Sabes a qué se destinan los recursos de las multas impuestas por el a los diferentes actores políticos?. El organismo autónomo indicó que 48 por ciento van a ciencia y tecnología, 35 por ciento a infraestructura y 17 por ciento a los consulados.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, indicó en días pasados que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE terminó de agregar las sanciones que están en los proyectos de dictamen y de resolución para las elecciones federales.

Estas propuestas de sanciones se analizarán y votarán este lunes en la sesión extraordinaria del Consejo General, para posteriormente remitirlas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el fin de que concluya la calificación y validación de esta elección federal, para posteriormente entregar la constancia de presidente Electo a Andrés Manuel López Obrador, y puedan quedar conformadas las cámaras del Congreso de la Unión.

De acuerdo con la fiscalización y los proyectos de dictamen sobre este tema, donde se proponen las multas para los candidatos y partidos que contendieron en la elección federal del 1 de julio pasado para la Presidencia, Senado y la Cámara de Diputados, se prevén sanciones por 329 millones 520 mil 638 pesos.

Indicó que de ese total, 92 millones 645 mil son para la coalición Juntos Haremos Historia; 81 millones 877 mil para Todos Por México, y 70 millones 140 mil para Por México al Frente.

Puntualizó que hay sanciones a los partidos en lo individual, que fueron coaliciones parciales, y tuvieron candidatos de coalición y candidatos de partido.

El consejero agregó que por partidos las multas serán 59 millones 360 mil pesos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); 14 millones 618 mil para el Verde Ecologista de México (PVEM), tres millones 638 ml para Encuentro Social, tres millones 30 mil pesos para Nueva Alianza.

Asimismo, un millón 844 mil para el Partido Acción Nacional (PAN); un millón 185 mil para Morena; 612 mil para el Partido del Trabajo (PT); 370 mil para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 290 mil para Movimiento Ciudadano.

Por violaciones a derechos humanos cometidas en agravio del ocho personas atribuibles a agentes de la Policía Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 27/2018 a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

La CNDH acreditó presuntas violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio en agravio de ocho personas: cinco menores de edad y tres adultos (dos mujeres y un hombre).

Además, violaciones al interés superior de la niñez de cinco menores de edad, a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención de tres personas adultas, lo que propició dilación en la puesta a disposición.

Aunado a ello, se lesionando los derechos humanos a la integridad personal y dignidad de una persona adulta.

La madre de dos de las mujeres agraviadas presentó queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que por razones de competencia, la remitió a la CNDH.

En su queja señaló que policías federales irrumpieron en el domicilio donde estaban sus hijas, su yerno y su nieta de seis meses de edad, acompañados por una amiga de su hija y sus tres hijos, de ocho, 12 y 13 años de edad.

De acuerdo a las evidencias, se acreditó que los elementos se introdujeron en el domicilio donde se encontraban las ocho víctimas, sin presentar una orden de cateo expedida por autoridad competente, procediendo a la detención de los tres adultas, en Ciudad Victoria Tamaulipas.

Los agentes trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones, y se acreditó la detención ilegal de tres personas adultas, quienes fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, donde permanecieron injustificadamente retenidos 13 horas con 20 minutos.

Por todo ello, la CNDH recomendó a la CNS inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas, para que se proceda a la reparación del daño, incluida atención psicológica y una compensación.

Además, solicitó determinar la responsabilidad por las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos de la Policía Federal y capacitar en derechos humanos al personal policial.