La investigación por la existencia de una presunta asociación ilícita entre políticos y empresarios en Argentina ya dejó un saldo de un millón 250 mil dólares decomisados, 26 detenidos, 17 “arrepentidos” y allanamientos a casas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El juez Claudio Bonadío publicó un informe sobre los avances de la causa en el que aseguró que la expresidenta, su fallecido esposo y antecesor Néstor Kirchner y el exministro de Planificación de ambos, Julio de Vido, fueron los beneficiarios de millonarios sobornos.
Detalló que en los operativos realizados hasta ahora en múltiples domicilios ya se decomisaron un millón 250 mil dólares, más de 250 cuadros valuados en 41.5 millones de pesos (1.3 millones de dólares), 235 mil euros y seis millones 350 mil pesos argentinos (dos millones de dólares).
También encontraron pesos chilenos y uruguayos y reales (brasileños), nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y decenas de autos y motos, varios de ellos de lujo.
Hasta ahora, agregó, han sido detenidas 26 personas, de las cuales 11 fueron puestas en libertad, mientras que todavía hay dos prófugos.
Entre la lista de imputados, 17 se acogieron a la ley del “arrepentido” para confesar delitos y colaborar con la investigación a cambio de una reducción de sus penas o de conservar la libertad mientras comienza el juicio.
Bonadío informó que el expediente ya cuenta con 32 cuerpos y que a lo largo de la investigación se han realizado 70 allanamientos en esta capital y en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Mendoza.
Entre esos operativos destacan los que se realizaron a la expresidenta en un departamento y dos casas, y que estuvieron plagados de anomalías, ya que, por ejemplo, en uno no permitieron la presencia de su abogado.
De acuerdo con Bonadío, los fondos eran recaudados de manera ilegal por funcionarios de menor jerarquía del Ministerio de Planificación que los entregaban a políticos de primer nivel de los gobiernos kirchneristas.
Entre ellos se encuentran José María Olazagasti, exsecretario privado del ex ministro Julio de Vido; Hugo Martín Larraburu, excoordinador del Jefe de Gabinete; Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete y Héctor Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de la Presidencia.
La causa comenzó cuando el periodista de La Nación, Diego Cabot, recibió una caja con ocho cuadernos escritos por Óscar Centeno, quien fuera chofer de Roberto Baratta, uno de los funcionarios más influyentes durante el kirchnerismo.
En esas páginas, el chofer registró durante años y al mejor estilo de los servicios de espionaje, a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Baratta presuntamente para recoger unos 200 millones de dólares que entregaban empresarios y que, según él, terminaron en manos de los Kirchner.
