Diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano exigieron que se le aplique la ley a Javier Duarte, a quien se le han hallado al menos 21 parcelas y otras 20 propiedades, entre departamentos, edificios, condominios y ranchos en por lo menos seis estados.

“Lo que exigimos es que se aplique la ley con él y como con cualquier otra persona que sea responsable”, dijo el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

“El Ministerio Público debe de hacer su trabajo y, en su momento, el Poder Judicial”.

El coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer, consideró que el ex Gobernador veracruzano, preso desde julio de 2017, pero a quien la PGR le retiró el mes pasado la acusación delincuencia organizada, es el símbolo de la corrupción que prevalece en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Mientras la PGR le elimina cargos a Javier Duarte, cada vez nos enteramos de más irregularidades y delitos cometidos por este ex Gobernador. Esta ha sido la constante del Gobierno de Peña Nieto: la deuda más grande que nos deja a los mexicanos es la impunidad”, acusó.

REFORMA publicó que la PGR tiene asegurados otros cinco departamentos de lujo en Cancún y tres en Bosques de Santa Fe que se presume fueron adquiridos por Duarte a través de sus prestanombres y con recursos del erario de Veracruz

Los bienes son parte de las 21 parcelas y 20 departamentos, edificios, condominios y ranchos cuyo decomiso solicitó la Procuraduría en la acusación por lavado de dinero y asociación delictuosa presentada el 21 de agosto a un juez federal del Reclusorio Norte.

“Lo que el Gobierno de Peña Nieto debe entender es que su Administración no se ha terminado, que tiene una enorme deuda con la justicia, que él y su partido fueron los principales responsables de la enorme y penosa impunidad que hemos visto durante estos seis años y de empoderar a la generación de gobernantes más corrupta en la historia del País”, señaló Esquer.

Participa en curso-taller “Las comunicaciones procesales”, que imparte el Instituto de Capacitación a servidores públicos del Poder Judicial

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Roberto Armando Martínez Sánchez, sostuvo este día que para garantizar una correcta impartición de justicia, la capacitación permanente de actuarios es fundamental.

Sobre todo, explicó, porque los embargos y el procedimiento de lanzamiento, son parte esencial dentro del proceso de ejecución “y los actuarios deben dominar esto para mejorar su función jurisdiccional; es una parte muy importante del procedimiento porque los parámetros que nos marcan los códigos y la actualización de la jurisprudencia debe tomarse en cuenta y deben tenerlo en consideración los actuarios para desarrollar su labor en este tipo de casos”.

Señaló que tanto el embargo como el procedimiento de lanzamiento, “son medidas extremas para poner en posesión a quien obtuvo una sentencia favorable y esto lo deben conocer y dominar perfectamente nuestros actuarios, para lograr una correcta impartición de justicia”.

Por otra parte, respecto a la condición inédita que se presenta en el Tribunal Superior de Justicia por la ausencia de Magistrados que pasaron a retiro sostuvo:

“Esto se ha solventado mediante la figura de encargados provisionales del despacho, lo cual nos ha ayudado mucho y nos ha permitido una correcta impartición de justicia; en el caso concreto de la sexta sala nos hacía falta un Magistrado, y eso implicaba que el secretario de acuerdos tenía una doble función: la administrativa propiamente y la jurisdiccional que le correspondía como suplente de un Magistrado”.

Agregó que “esto se solventó mediante la figura de un encargado de despacho provisional, que le corresponde a un juez con toda la experiencia y con el cual hablamos el mismo lenguaje porque viene de un juzgado resolviendo asuntos de carácter familiar; entonces, ahorita no tenemos ningún problema porque ya estamos trabajando de esa manera”, concluyó.

Imparte Diplomado en Oralidad Civil y Mercantil a servidores públicos del Poder Judicial del Estado

Al participar este día como ponente del Diplomado en Oralidad Civil y Mercantil organizado por el Instituto de Capacitación del Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal –el cual  se imparte a servidores públicos del Poder Judicial del Estado-, el Doctor Fernando Castelazo Ruiz de Chávez, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y especialista en la materia, aseguró que:

“Ya están presentadas las iniciativas para los códigos únicos en materia civil y familiar; he tenido acceso parcialmente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y he conocido el de Procedimientos Familiares, ambos están muy completos; el nuevo Congreso debe retomar estas iniciativas que hizo el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y otros colegios de abogados, ya que en mi opinión lo hicieron bastante bien”.

Enfatizó que “el artículo 73 le concede facultades al Congreso de la Unión para legislar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; siguen en comisiones ambas iniciativas y pues seguramente pronto tendremos este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; es posible que sea uno civil y el otro familiar, y en éste está incluido todo el juicio oral tanto civil como familiar”.

Sostuvo que “vamos a ver cómo comienza a funcionar el nuevo Congreso y tanto la UNAM como las barras de abogados de todo el país estemos muy atentos a lo que está sucediendo para que no vayan a tergiversar y darle una mala interpretación a lo que ya se ha hecho porque es un gran avance; ojalá no vayamos a tener una legislación no adecuada o se quiera empezar de cero”.

Por otra parte, respecto a su participación en dicho diplomado aseguró que el propósito es que los participantes “tengan más conocimientos acerca de los juicios orales sobre todo en la materia civil que ya viene; es un parteaguas en nuestro sistema judicial en México a raíz de una reforma que hubo en septiembre de 2017 donde se reformó la constitución en sus artículos 16 y 17 para establecer la oralidad en todos los procedimientos”.

Dijo también que “el curso aborda los mecanismos que hay en esta parte oral que es muy importante ya que se trata de hacer mucho más rápidos los procedimientos, hacerlos más concisos para que no exista tanto papeleo y ya no sean tardados”.

Manifestó finalmente que “algo que es muy novedoso es la intervención del juez; porque el juez está todo el tiempo en el proceso con las partes y con los abogados; entonces él va teniendo conocimiento de todo lo que va sucediendo; entonces esa inmediación del juez es básica para este procedimiento además de sus facultades conciliatorias y mediatorias”.