La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a la próxima administración Federal a analizar con «rigor técnico» la viabilidad de la descentralización de las Secretarías de Estado, para tomar la decisión que mejor convenga al país.
A través de un comunicado señaló que con el proyecto de cambio de sede de las dependencias se enfrentan importantes retos, por lo que «una decisión tan trascendental para el país no se debe adoptar sin justificación plena y planeación rigurosa».
Después del terremoto de 1985 se determinó reubicar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la ciudad de Aguascalientes, lo que implicó la erogación de casi dos mil millones de pesos (valor histórico) y tomó cerca de cuatro años en concretarse.
De acuerdo con la cúpula del sector patronal mexicano, que preside Gustavo de Hoyos Walther, lograr mudar las 31 dependencias federales pareciera improbable si se toma ese caso como referencia.
Apuntó que el proceso de traslado podría tardar más de seis años, siempre y cuando se ejecute con un análisis para justificar con criterios técnicos la medida, la preparación de los espacios adecuados para la prestación de los servicios gubernamentales y el traslado ordenado del personal de base, con respeto a sus derechos.
De materializarse la descentralización se volvería uno de los proyectos de edificios más oneroso en la historia de la administración pública del país, toda vez que el traslado implicará un costo estimado de 125 mil millones de pesos, aseveró.
A ello se suman más dos mil millones de pesos que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos, con lo que «el costo de esta operación sería equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2018», expuso.
«Hemos dicho que apoyaremos decididamente las medidas de austeridad republicana (…), pero esta iniciativa parece contradictoria a las medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal y podrían incluso neutralizar los ahorros», acentuó.
Aparte. la Coparmex indicó que se tienen otros desafíos como la selección de los inmuebles que albergarán a las dependencias reubicadas y, de ser necesario, se debe definir con responsabilidad financiera y transparencia el cómo se llevará a cabo su adquisición o arrendamiento.
En México existen 116 inmuebles federales distribuidos en 25 estados que se encuentran desocupados, según el portafolio del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN), pero carecen de características necesarias de funcionalidad o ubicación adecuada para albergar una dependencia federal.
De igual forma, la reubicación no sólo requiere de nuevos inmuebles, sino que también implica el desplazamiento de miles de funcionarios que tienen su vida hecha en la Ciudad de México, añadió.
