El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, dio a conocer que por el momento no habrá reducción de sueldo de los nuevos diputados, debido a la falta de acuerdos.

No obstante, aseguró que se discutirá el tema con el presupuesto del próximo año e informó que se debe revisar el tema de manera cuidadosa.

Cabe señalar que a partir de septiembre y hasta diciembre próximo, los legisladores continuarán recibiendo mensualmente 74 mil 672 pesos con 32 centavos, más 45 mil 786 pesos por concepto de “Asistencia Legislativa”, y otros 28 mil 772 pesos para “Atención Ciudadana”, que suman 149 mil 230 pesos, unos 43 mil 230 más de lo que prometió ganar Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.

Senadores exigieron castigar a Rosario Robles por los presuntos desvíos en que incurrió al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Ricardo Montreal negó posibilidad de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) perdone a la funcionaria.

El resto de legisladores demandó a Andrés Manuel López Obrador evitar el borrón y cuenta nueva con la funcionaria.

Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación detectó un saqueo a la Sedesol y Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, y que refiere que más de 700 millones de pesos fueron retirados de las cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de presuntos contratos de servicios con ambas dependencias federales y llevados en efectivo, en decenas de viajes realizados en camionetas blindadas a 10 domicilios para entregar millones de pesos en efectivo en costales en diez domicilios ubicados en Polanco, en la Ciudad de México; en Villahermosa, Tabasco; en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo y en Culiacán, Sinaloa.

Conforme a la línea de Andrés Manuel López Obrador, legisladores de Morena en la Cámara de Diputados presentarán ante el pleno la iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana.

Dicha ley prohíbe las pensiones de retiro de expresidentes de la República y enfatiza que todos los funcionarios públicos deben incorporarse a los sistemas públicos de seguridad social, ya que quedan prohibidos regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como seguros privados de gastos médicos y seguros de vida.

También plantea que se limite el número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente, incluso promueve reglas para topar los gastos de hospedaje y alimentación del funcionario comisionado.

La ley prevé ahorros al congelar plazas y restringir la propaganda oficial y resalta que no se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.

Asimismo, plantea que no habrá escoltas o elementos de seguridad ni asesores para los funcionarios a menos que estén estrictamente justificados los casos y acordes a las funciones del servidor público.

Limita de igual forma el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población, sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.

La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos. Este es uno de los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por mandato popular”, detalla la iniciativa.

Aumentar el salario mínimo de 88 a 100 pesos diarios “no es una medida descabellada, no crearía problemas en el mercado laboral ni tampoco inflación, y sería complementaria a las acciones para mejorar el crecimiento económico”, afirmó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Entrevistado en el marco del IV Seminario de Pobreza, Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas 2018, el funcionario afirmó que esa medida complementaría acciones que permitan más crecimiento y empleo, que mantengan controlada la inflación y que deben ser prioridad del próximo gobierno para reducir la pobreza de manera estructural.

Destacó que el balance en reducción de la pobreza del sexenio que termina es mixto, pues ha habido mayor cobertura en servicios sociales pero con el gran reto de mejorar el ingreso, que no ha avanzado mucho en términos reales.

Cuando el PIB per cápita crece a 1.3% promedio desde 1992 es imposible mejorar los ingresos”, expresó.

En cuanto a los servicios sociales, el funcionario reconoció avances en la cobertura de salud y educación, “pero no necesariamente este mejor acceso al Seguro Popular o a la educación pública significan mayor calidad en los servicios que recibe la población.

“Debemos tener métricas que nos digan sobre la calidad de los servicios que se ofrecen” detalló en la entrevista.

Hernández Licona afirmó que el plan del próximo gobierno de mover secretarías a distintos estados del país deberá atender el reto de la coordinación al interior del propio gobierno y también con los gobiernos locales para lograr resultados adecuados en la política social.

Comentó que el error de muchos gobiernos “es pensar que la coordinación se da en automático”.

Reveló que en un reciente estudio sobre varios sexenios detectaron fallas en la coordinación entre secretarías que les impidió alcanzar mejores resultados en la política social.