La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, que prohíbe las pensiones para expresidentes y seguros de vida y gastos médicos mayores para servidores públicos.

A nombre de su fracción, el morenista Manuel Rodríguez González destacó que esta propuesta da cumplimiento al mandato expresado por la ciudadanía el 1 de julio y honra el compromiso adquirido por quienes representan el proyecto transformador encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Desde la máxima tribuna, aseguró que es indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio rector de la administración y eje estratégico del gasto público.

El legislador precisó que el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afecta, suprime, disminuye ni restringe programas sociales ni derechos tutelados en la Constitución.

“Todo lo contrario, el propósito es claro, hacer eficiente el gasto destinándolo al interés general para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo”, dijo.

Indicó que es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, por lo que consideró necesario establecer principios éticos y políticos para que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa medianía.

La propuesta del grupo parlamentario de Morena incorpora la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, y como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz.

El documento plantea la reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.

Además de la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como la contratación, a cargo de recursos públicos, de seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

La propuesta también prohíbe el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.

De este modo, el Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, mismos que deberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.

El proyecto de ley restringe el uso de escoltas a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada; limita el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población; restringe el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.

Asimismo, la iniciativa establece límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente; y también prohíbe las pensiones de retiro de expresidentes.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.

La SCJN prevé un recorte de 852.8 millones de pesos como parte de su estrategia de austeridad para 2019, de acuerdo con el proyecto de presupuesto que entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su análisis y aprobación en el Congreso.

Para el siguiente año, la Corte solicitará un presupuesto de 4 mil 782 millones 300 mil pesos, que representa 15.1% menos de lo aprobado para 2018. Las medidas de austeridad anunciadas por el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, en agosto pasado están reflejadas en ese decálogo del proyecto de presupuesto que incluye reducción en gastos protocolarios, congresos y convenciones, racionalización de viáticos y pasajes, de actividades culturales y disminución en compra de vehículos.

El documento destaca que hay “un esfuerzo real e importante en los recursos que se destinan a la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos y las garantías consagradas en el orden jurídico”.

En el saqueo millonario a la Sedesol y la Sedatu la empresa Servicios Empresariales Helte recibió en sus oficinas 493.6 millones de pesos en costales de dinero.

No obstante, quien figura como socio y administrador único de la empresa, Dionicio Domínguez H., trabaja como repartidor de gas desde hace 40 años y cree que sufrió un robo de identidad.

El hombre vende cada día unos 45 tanques de gas y gana 7 mil pesos al mes más propinas.

Asegura que no tiene ningún otro negocio, ni tiene relación con las montañas de dinero que llegaron a las oficinas de Helte, en Polanco.

Dionicio Domínguez vive desde hace 20 años en una casa del Municipio de Tecamac, en el Estado de México. Al igual que Helte, hay otras 75 “empresas” que sirvieron para dispersar los recursos que fueron saqueados entre 2014 y 2016 de la Sedesol y de Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, según informes de la Auditoría Superior de la Federación.

Luego de la evacuación de 7 colonias en la zona de Villafrontera, Central de Abastos y Camino a Tlaltepango en Puebla, tras la fuga de gas registrada esta mañana en un ducto de Pemex, ya fue activado un albergue.

Protección municipal de Puebla informó a través de su cuenta Twitter que “para las personas evacuadas que requieran de sitio para resguardo se activa el Dormitorio Municipal, ubicado en Camino al Batán esquina con calle Emiliano Zapata sin número, colonia Lomas de San Miguel”.

Daniel Hernández de Oro Noticias, informó que el albergue fue habilitado cerca de las 8 de la mañana, por lo que los pobladores que comenzaron a ser evacuar desde la madrugada de este miércoles no tenían a donde acudir, hasta que fue activado este y dos albergues más.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostiene una reunión privada con gobernadores de la frontera norte, en su casa de transición, en la Ciudad de México.

En sus oficinas ubicadas en la calle de Chihuahua, se llevará a cabo el encuentro con los mandatarios estatales de los estados del norte del país, en donde López Obrador ha manifestado su propuesta de creación de una zona franca e incremento del salario.

Puntual a su cita arribó el mandatario electo, a donde minutos antes llegaron los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Baja California, Francisco Vega; y Chihuahua, Javier Corral.

Asimismo, llegaron integrantes del próximo gabinete Graciela Márquez Colin y Carlos Urzúa, próximos titulares de Economía y Hacienda, respectivamente, así como el experredista Agustín Basave.

Asimismo, por la tarde, se reunirá con los gobernadores de los estados de Guerrero, Jalisco, Nayarit y Estado de México.

La calle de Chihuahua en el tramo de los Insurgentes y Monterrey se encuentra cerrado a la circulación vehicular con vayas metálicas y se observa una discreta presencia de la policía capitalina que resguarda la zona.

Informa Petróleos Mexicanos (Pemex) que su personal atiende la fuga de gas provocada por toma clandestina en Puebla y emite al respecto el siguiente comunicado.

Puebla, Pue. – Personal especializado de Petróleos Mexicanos, en coordinación con Protección Civil federal, estatal y municipal, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y cuerpos de bomberos, atienden una fuga de gas provocada por una toma clandestina en el tramo del LPG ducto Cactus – Guadalajara, en la zona norte de la capital poblana.

A partir de que se detectó la fuga, desde el Centro de Control se suspendió de manera automática el suministro al 100% del LPG ducto.

Como medida preventiva, Protección Civil municipal y estatal, procedieron a la evacuación de colonias de la zona para resguardar a la población de un riesgo mayor, conduciendo a las familias a albergues temporales que fueron habilitados para este fin. Asimismo, las actividades escolares en las zonas cercanas al incidente fueron suspendidas.

PEMEX recomienda a la población, en tanto se tenga control total de la situación, atiendan al llamado de Protección Civil, apagando enseres domésticos como estufas y calentadores de gas para evitar una contingencia mayor.

Petróleos Mexicanos presentará la denuncia ante el Ministerio Público, para que se efectúen las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades sobre este acto vandálico.

PEMEX solicita a la población denunciar de manera anónima este tipo de ilícitos en el número telefónico 01-800 228 96 60 y a través del correo electrónico vigilante@pemex.com.

Las tomas clandestinas son delitos federales graves que, además del daño patrimonial que causan al país y a la ciudadanía, representan un enorme riesgo para la seguridad de la población y para la integridad de su patrimonio.