El próximo jefe de la unidad de inteligencia financiera de México, Santiago Nieto, dijo que era «vergonzoso» lo poco que se ha hecho en el caso de sobornos ligados a Odebrecht, la firma brasileña que admitió haber pagado a autoridades para asegurar contratos de obras públicas en el país, por lo que prometió volver a examinar el tema una vez en el cargo.
Nieto encabezará la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que analiza los registros financieros sospechosos, una vez que inicie el próximo Gobierno el 1 de diciembre. En una entrevista con Reuters la semana pasada, el funcionario señaló sin dar más detalles que la unidad había sido utilizada con fines políticos.
«Es una vergüenza que México y Venezuela sean los únicos países en América Latina que no han sancionado a nadie», comentó respecto al caso ligado a la constructora brasileña.
«En el caso de Odebrecht, y en cualquier otro caso, lo primero que tendríamos que revisar es qué hay en la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al caso», declaró. Nieto aún no tiene acceso a los archivos y registros guardados por la unidad.
En Brasil, ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado sobornos en México. Fiscales mexicanos han dicho que están investigando negocios entre el conglomerado brasileño y la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pemex declinó comentar sobre asuntos relacionados con Odebrecht, diciendo que existe una indagatoria en curso. La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera no quisieron ofrecer declaraciones.
Odebrecht acusó haber recibido una solicitud de información por correo electrónico para hacer comentarios, pero no ofreció una respuesta adicional.
La ira por los escándalos de corrupción generalizados, incluidos los supuestos sobornos de Odebrecht, un lucrativo negocio que involucra a la familia del actual presidente, Enrique Peña Nieto, y cientos de millones de dólares desviados de las arcas del Gobierno mediante contratos falsos, presuntamente fueron algunas de las causas que impulsaron que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones presidenciales de julio.
López Obrador prometió combatir el crimen financiero y el lavado de dinero, pero ha dado pocos detalles de cómo lo logrará.
En la tarea de ayudar a prevenir y combatir el lavado de dinero, la unidad de inteligencia financiera recibe y analiza información que luego debe transmitir a los fiscales para investigar y construir un caso.
Nieto fue destituido en 2017 como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) con el argumento de que había incumplido un código de conducta cuando concedió una entrevista sobre su investigación sobre un supuesto soborno de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012.
Nieto ha admitido su error, pero negó haber violado las reglas o revelado información confidencial y afirmó que su despido fue ilegal.
El mes pasado, dos futuros funcionarios declararon a Reuters que Odebrecht podría ser bloqueado para participar en proyectos de obras públicas en el próximo gobierno.
En ese momento, Odebrecht respondió que las faltas en la empresa no deberían usarse para imponer sanciones en México.
¿Sistema corrupto?
Nieto destacó que presionaría para que se compartiera más información entre los departamentos federales que investigan la delincuencia tributaria, electoral y organizada, e investigaría la posible corrupción dentro del sistema.
«Me da la impresión de que hay un factor de corrupción por dentro», puntualizó.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional que establece estándares globales para combatir las finanzas ilícitas, informó a inicios de este año que en México «la inteligencia financiera a menudo no conduce a investigaciones de lavado de dinero, delitos subyacentes y financiamiento del terrorismo».
Tras el informe, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR) emitieron una declaración conjunta reconociendo las deficiencias y prometiendo mejorar esfuerzos.
Sin embargo, el Gobierno mexicano confiscó sólo 871 millones de pesos (46.3 millones de dólares) y 14.7 millones de dólares entre septiembre de 2017 y junio de 2018, y comenzó solo un proceso penal, según datos oficiales.
Nieto, quien calificó los resultados sobre esta investigación como «terribles», señaló que la unidad de inteligencia financiera y la oficina de la PGR son los dos «cuellos de botella» que retrasan los casos.
«Por la impunidad, la complicidad gubernamental y la falta de decisión política del combate de la corrupción», ocurren estos casos, reiteró.
