Para compensar sus pérdidas, la CFE ha tenido que elevar sus tarifas, provocando un aumento en el costo de operación de varias empresas, incluso para los grandes empleadores del país, señaló el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
Históricamente el sector energético ha sido pieza fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. En los últimos años, se ha transformado a través de decisiones de gran impacto, entre las que destaca la reforma energética.
En su mensaje semanal destacó que una de las motivaciones principales de esta reforma, fue que hasta su aprobación en 2013, la CFE y Pemex estaban constituidas como empresas paraestatales con un control monopólico tanto de la electrificación del país, como de la cadena productiva de los hidrocarburos.
Dijo que la falta de competitividad en el sector energético respecto a otros países, representaba un grave problema en cuanto a la calidad y el costo de los productos, a los servicios que otorgaban ambas empresas e, incluso, a la solvencia de sus finanzas a futuro.
Agregó que en condiciones monopólicas, los más afectados eran los consumidores y desde luego, la capacidad productiva nacional.
A partir de las reformas estructurales del sector energético que se realizaron en 2013, destacó, la CFE y Pemex abandonaron la estructura monopólica en algunos tramos de la cadena productiva, dando entrada a la inversión privada, que hoy asume parte del riesgo que antes solamente tomaba el Estado Mexicano.
Sin embargo, dijo que las reformas han sido insuficientes para mejorar la productividad de ambas empresas, y solventar la mejoría financiera de las mismas.
En parte, debe decirse, por la tardanza relativa con la que se aprobaron: el país necesitaba estas reformas muchas décadas antes. Pero también debemos reconocer que la administración de las empresas ha estado empañada por hechos de corrupción en su administración y en algunos procesos de licitaciones, así como por la histórica falta de inversión y de competitividad en el sector.
Agregó que en Coparmex creen que, como empresas productivas del Estado, la CFE y Pemex deben seguir desempeñando un papel toral en el sector y que se necesita una estrategia nacional de altas miras y largo aliento para fomentar un sector energético pujante. La administración federal entrante ya ha hecho públicos algunos planes de inversión, sin que se haya justificado con un análisis sectorial, de costo-beneficio, estratégico o prospectivo.
Es por ello que desde la Coparmex, hizo un llamado para atender esta materia con profundidad analítica y el sustento técnico que las necesidades del país demandan. Los presupuestos tanto de la CFE, como de Pemex sufrieron fuertes recortes. Tan sólo en 2016 el monto de dichas disminuciones fueron de 2 mil 500 y 100 mil millones, respectivamente.
Subrayó que esta disminución ha representado un impacto negativo en la productividad de ambas empresas. Durante el primer semestre de 2018, la CFE tuvo pérdidas por más de 39 mil millones de pesos y Pemex de casi 50 mil millones.
En el caso de Pemex es especialmente grave. El mencionado recorte de 100 mil millones de pesos significó una reducción del 22% de su gasto programable. Derivado de ello, la paraestatal ha dejado de invertir en proyectos para el desarrollo y mantenimiento de campos y pozos petroleros, es decir, en proyectos que podrían incrementar sus ganancias.
Adicionalmente, la falta de recursos ha impedido el desarrollo de los complejos necesarios para aprovechar las áreas de explotación reservadas en la “Ronda Cero”, mismas que tenían el más alto potencial productivo.
Por su parte, las pérdidas que ha experimentado la CFE han impactado a la iniciativa privada. Para compensar sus pérdidas, la CFE ha tenido que elevar sus tarifas, provocando un aumento en el costo de operación de varias empresas, incluso para los grandes empleadores del país.
Ante este panorama, consideramos acertada la decisión de la nueva administración de invertir 175 mil millones de pesos, para impulsar el sector energético.
En particular, creemos que la decisión más oportuna es la de invertir 75 mil millones para la exploración y perforación de pozos petroleros, con el fin de elevar su producción en Pemex a la suma de 2.6 millones de barriles diarios. Sin embargo, queremos insistir en que estas inversiones deben ser canalizadas y analizadas con detenimiento, buscando el aprovechamiento óptimo de los escasos recursos disponibles.
Hasta antes de la política de recortes presupuestarios, el sector energético había experimentado inversiones históricas que no se tradujeron en el aumento de su productividad. Si bien en 2014 Pemex realizó una inversión de 27 mil millones de pesos en bienes de capitales (CAPEX), la producción de barriles continuó disminuyendo.
Estos resultados tienen que ver con muchos factores: el panorama internacional, la evolución a energías limpias, administraciones fraudulentas, el riesgo inherente a la industria y, claramente, errores de cálculo y previsión de inversiones.
Por eso confiamos en que la inversión privada puede ser una aliada importante en el fortalecimiento de la industria y en la generación de cadenas de valor regionales que impulsen el crecimiento económico nacional.
La participación de inversionistas privados también contribuirá a un ejercicio más estricto y una rendición de cuentas más apropiada.
Recientemente se han publicado datos sobre grandes escándalos de corrupción en Pemex, y el IMCO ha calificado a la CFE como primer lugar en el “Índice de riesgos de corrupción”, debido a su falta de competencia, transparencia y por la existencia de anomalías en los contratos. Esto tiene que cambiar y en Coparmex queremos contribuir a ello.
El desarrollo económico del país está íntimamente ligado al sector energético. Si queremos fortalecerlo, necesitamos que tanto Pemex, como la CFE se constituyan en empresas verdaderamente competitivas y libres de corrupción, que aprovechen las posibles alianzas con la iniciativa privada.
Celebramos que la próxima administración se muestre comprometida con aumentar la inversión energética para elevar la producción de ambas empresas, pero nos preocupa que la inversión no corresponda a una estrategia planeada con el objetivo de maximizar sus beneficios.
Nos preocupa también la falta de propuesta respecto a formas limpias de energía y, sobre todo, el clima de incertidumbre que se ha generado en torno a la continuidad de la reforma energética aprobada en el año 2013.
Derivado de los altos montos de inversión que el sector requiere, creemos que la administración entrante, debe ser cautelosa con los anuncios que pudieran deteriorar la necesaria confianza en el sector.
Solamente pensando a largo plazo y teniendo una visión libre de dogmas económicos, lograremos consolidar la política energética a la altura de la que el país necesita.
