Boca del Río, Ver.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, junto con los presidentes municipales de Veracruz y de Boca del Río, emprenderán acciones para el rescate ecológico, conservación y aprovechamiento sustentable de las lagunas Lagartos y Encanto, así como el Área Natural Protegida de Arroyo Moreno.

El mandatario manifestó que son tres importantes áreas naturales que debido a las condiciones en que se encuentran necesitan recuperar su equilibrio ecológico, por lo que se realizarán acciones de limpieza, desazolve, reforestación y saneamiento.

Estas acciones no sólo significarán el mejoramiento para la preservación de los espacios naturales, sino que el objetivo es que también se promuevan como lugares de esparcimiento familiar, actividades físicas y recreativas, además de impulsar el ecoturismo. «Alentamos el respeto por el medio ambiente y la convivencia positiva».

El Gobernador Yunes informó que en esta labor de rescate se realizará una inversión superior a los 60 millones de pesos. «En mi gobierno le hemos dado prioridad destinando estos recursos a los temas ecológicos y de rescate de espacios naturales.”

Javier Duarte apeló la condena de 9 años de prisión y la multa de 58 mil 890 pesos impuestas por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, derivado de los presuntos desvíos del erario de Veracruz.

Fuentes del Poder Judicial de la Federación informaron que el ex Gobernador presentó su impugnación ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

El impartidor de justicia turnará el recurso del ex Mandatario de Veracruz a un tribunal unitario de la Ciudad de México, el cual determinará si el castigo queda firme, se revoca, modifica u ordena la reposición.

Si el fallo de la segunda instancia no es favorable para Duarte, éste aún tendrá la posibilidad de presentar una demanda de amparo directo, que tocará resolver a un tribunal colegiado como última instancia.

De acuerdo con las fuentes consultadas, aunque tenían posibilidad de hacerlo, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no apelaron la sentencia condenatoria contra Duarte.

Si bien la condena del ex Gobernador comprende varios aspectos, según la información obtenida, su recurso de apelación está encaminado a combatir la pena de prisión.

En la sentencia dictada el 26 de septiembre por el juez Fuerte Tapia, además de la pena corporal se impuso a Duarte una amonestación para que no vuelva a incurrir en un delito y la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que permanezca en la cárcel.

El juzgador descartó condenarlo a la reparación del daño, debido a que los delitos imputados no lo contemplan, y a la inhabilitación de cargos públicos por el plazo de su pena de prisión, en este caso porque la PGR retiró su solicitud para imponerle dicha sanción.

El otro aspecto relevante de la condena es el decomiso de 40 inmuebles en Campeche, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, aunque en este caso el propio sentenciado dijo la semana pasada que ninguno es suyo y no tenía ningún interés en reclamarlos.

Si el castigo no es modificado en las instancias de apelación y amparo, de todas formas Duarte tendrá el derecho a solicitar su libertad anticipada en octubre de 2021, cuando ya haya cumplido el 50 por ciento de su castigo.

VERACRUZ, Ver.- El Instituto Nacional de Cancerología (Incan) reportó un aumento en los casos de cáncer cervicouterino en el sur del país, siendo los estados de Morelos, Chiapas y Veracruz los de mayor incidencia.

Y aunque se trata de una enfermedad prevenible y curable, la oncóloga del Incan Tatiana Galicia mencionó que el padecimiento sigue afectando a féminas de entre 40 a 60 años y que el virus del papiloma humano (VPH) sigue siendo la primera causa de este padecimiento.

Aunque también se han detectado otros factores que lo pueden desarrollar como el tener múltiples parejas sexuales, el inicio de actividad sexual a temprana edad, el contagio de enfermedades de transmisión sexual y la falta de acceso a los servicios de salud.

En el Incan atienden alrededor de 550 mujeres al año con este diagnóstico, sin embargo, lo preocupante es que 80% de los casos en nuestro país son detectados en etapa avanzada, el 10% en etapa temprana y el otro 10% en etapa metastásica.

Comentó que el cáncer cervicouterino es una enfermedad silenciosa, por lo cual se recomienda hacerse el papanicolaou una vez por año en mujeres adultas y el suministro de la vacuna contra el virus del papiloma humano en niñas de 11 años o quinto año de primaria.

Sin embargo, quienes presenten un diagnostico en etapa avanzada, la especialista llamó a inscribirse al programa Micaela, el cual ofrece tratamientos individualizados y protocolizados sin costo alguno.

La atención se brinda en las instalaciones del INCAN en la ciudad de México y el cupo es para 480 mujeres con esta enfermedad.

El esquema es válido para pacientes de cualquier lugar de la República mexicana y que tengan 18 años de edad y no tengan seguridad social.

Para mayor información, comunicarse a través de Facebook en “Programa de cáncer cervicouterino Micaela” y en Twitter en la cuenta @micaela_incan o por celular 045 55 62 86 54 61 en horario de lunes a viernes 8 de la mañana a 5 de la tarde.

Los ex tesoreros Tarek Abdalá Saad y Carlos Aguirre Morales serían dos de los doce ex funcionarios duartistas, de quienes la Procuraduría General de la República ya contaría con una orden de aprehensión.
Esto con base en el Registro de servidores públicos sancionados a través del procedimiento resarcitorio, por resolución definitiva firme de la Auditoría Superior de la Federación.
En dicho listado, aparecen los nombres de los dos ex tesoreros, uno prófugo, que es el caso de Carlos Aguirre Morales; y el otro es Tarek Abdalá, quien participó como testigo contra el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
De hecho Carlos Aguirre aparece dos veces por expedientes relacionados a la simulación de reintegros de la cuenta pública 2013, y por eso su nombre aparece bajo los expedientes DGR/C/04/2017/R/13/032 y DGR/C/04/2017/R/13/031.
Mientras que en el caso del otro ex tesorero duartista, Tarek Abdalá igualmente lo sancionó por la vía administrativa la Auditoría Superior de la Federación, independientemente de las acciones penales por simular reintegros según los expedientes DGR/D/07/2016/R/12/052 y DGR/D/06/2016/R/12/046.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Estados Unidos rechazó la petición para asegurar bienes raíces en Florida, mismos que fueron presuntamente adquiridos por el exgobernador de Veracruz Javier Duarte con recursos públicos del estado.

En este sentido, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) indicó que la Procuraduría hizo la solicitud de asistencia jurídica a las autoridades de Estados Unidos para asegurar las casas y departamentos atribuidos a Duarte de Ochoa, aunque la respuesta fue negativa.

Al respecto, el fiscal adscrito a la SEIDF, Carlos Hernández Azuara, dijo: «Fuimos con el juez de control. Nos autoriza el aseguramiento de esos bienes, nosotros solicitamos a la autoridad estadounidense el aseguramiento de los mismos y no los aseguraron.”

«Nosotros hicimos toda la gestión necesaria y suficiente para lograr el aseguramiento, incluso con criterio del juzgador», añadió.

Hernández Azuara señaló que los bienes son los reclamados por el gobierno de Veracruz en una demanda presentada ante una Corte de Circuito del Condado Miami-Deade, Florida.

Cabe mencionar que los bienes demandados en esa Corte son 41, entre ellos, 23 en Miami, cuatro en Homestead, cuatro en Florida City, tres en Doral, 2 en North Miami, mientras que el resto en Hialeah, Cutler Bay, Miami Shores y Coral Gables.

El inmuebloe en Coral Gables se localiza en una residencia valuada en nueve millones de dólares, cuya adquisición se atribuye José Janeiro Rodríguez, quien es considero como el cerebro financiero de Duarte y su esposa Karime.

Tras la solicitud que el gobierno de Veracruz hizo para la entrega de los 40 inmuebles decomisados a Duarte de Ochoa por el caso de asociación delictuosa y lavado de dinero, la Procuraduría General de la República indicó que será el Poder Judicial de la Federación el que resuelva al respecto.

«En este caso quien se encargará de resolver es el Poder Judicial, si en un momento dado hay algún interés por parte del señor Gobernador (Miguel Ángel Yunes)», dijo el titular de la SEIDF, Felipe Muñoz.

Carlos Hernández Azuara manifestó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, los bienes serán repartidos en cuatro partes iguales.

«El artículo 250 del CNPP señala expresamente que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas”, señaló.

El funcionario planteó que «hay que ser muy puntuales en cuanto a quién es víctima en los ilícitos que nos ocupan.»