La Secretaría de Marina (Semar) implementó en Baja California Sur el Plan Marina, como medida preventiva frente a la tormenta tropical Sergio que se acerca a la región y cerró a la navegación el Puerto de San Carlos a partir de hoy.

Así lo informó el Gobierno de Baja California Sur en su cuenta de Twitter @GobBCS, donde también señaló que se están listos para actuar en caso de que municipios del norte del estado lo requieran.

En la misma red social, también indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el National Hurricane Center, estableció para las siguientes 48 horas una zona de vigilancia de Punta Eugenia a Cabo San Lázaro, y desde Bahía San Juan Bautista hasta San Evaristo.

En la sesión de este miércoles, los magistrados del Tribunal del Puebla informaron este miércoles los resultados de la elección a gobernador en esa entidad, esto luego del recuento total de votos obtenidos el pasado 1 de julio, donde confirman el triunfo de la candidata Martha Erika Alonso, postulada por la coalición «Por Puebla al Frente».

El asesinato de José Andrés Larrañaga Canalizo habría sido cometido por dos de sus compañeros de la Universidad de Ciencias y Desarrollo (UDES) en el interior de un automóvil, mientras que un tercer estudiante conducía el vehículo por alrededores de Plaza Crystal, en el sur de Puebla.

Lo anterior fue expuesto por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), con base en la declaración de Arturo, uno de los presuntos responsables del crimen, quien reveló que Pablo presumía que su padre era huachicolero y que había planeado el secuestro de Larrañaga, además de ofrecer 50 mil pesos a él y a Abraham para ser sus cómplices.

Los tres jóvenes estudiantes de la UDES fueron trasladados esta madrugada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, después de concluir la audiencia el juez de control en la cual se les imputó el delito de homicidio calificado.

El representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso datos de prueba al juzgador para acreditar que Pablo, Abraham y Arturo actuaron con premeditación el pasado 1 de este mes; relató que los cuatro jóvenes eran estudiantes de Mecánica y tenían una relación de amistad de más de dos años y medio, tras cursar juntos cinco semestres en la misma escuela.

En la declaración de Arturo destaca que el 26 de septiembre, él y Abraham se reunieron con Pablo, quien les propuso un «negocio» planeado por «su jefe», dedicado al robo de combustible, según sabían: levantar a «El Güero», quien supuestamente presumía mucho en sus redes sociales propiedades, cuatrimotos y viajes lujosos.

Ambos aceptaron y acordaron que el 1 de octubre cometerían el secuestro, por lo que Arturo y José Andrés salieron de la UDES en la colonia Los Volcanes; más tarde se encontraron con Pablo y Abraham, quienes los esperaban en un automóvil Nissan Versa, con el fin de visitar al maestro Óscar para negociar un aumento de su calificación.

Sin embargo, cuando estaban cerca Plaza Crystal, Pablo y Abraham comenzaron a golpear y estrangular a José Andrés, quien habría ofrecido dinero para que no le hicieran nada, pero su oferta no tuvo éxito.

Arturo abundó que llegaron al estacionamiento de Bodega Aurrera, localizado en la 11 Sur y 31 Poniente. Pablo volvió a la escuela para recoger el automóvil Mitsubishi Lancer de su víctima y juntos se trasladaron a la colonia Unidad Magisterial México 68, donde pasaron el cuerpo sin vida a la unidad que abandonaron en un callejón.

Esa noche, Abraham y Arturo regresaron a sus casas y dejaron la mochila de Andrés Larrañaga cerca de Angelópolis. En la mañana del martes, Pablo y Abraham condujeron el Mitsubishi hacia Acajete, donde semi-enterraron el cadáver con una pala prestada por una vecina. Más tarde, se trasladaron al municipio de Acatzingo para abandonar el automóvil.

Para la Secretaría de la Función Pública el caso del socavón en el Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca está cerrado, afirmó su titular, Arely Gómez González, al señalar que la dependencia sancionó administrativamente a ocho funcionarios.

Entrevistada en el Senado de la República, a donde acudió a la instalación de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la funcionaria federal detalló que la dependencia a su cargo hizo un trabajo integral y exhaustivo.

Aunque reconoció que todavía no ha recibido la notificación formal de la Recomendación 34 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer este miércoles sobre el tema, dejó claro que “para la Función Pública, al día de hoy, el caso está cerrado”.

Explicó que desde el primer día se inició una investigación amplia, exhaustiva con todos los Órganos Internos de Control que estaban involucrados, como el de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La secretaria refirió que de ello se derivaron 22 cédulas de observaciones con todo el procedimiento que marca la norma y se sancionó administrativamente a ocho funcionarios, uno de la Comisión Nacional del Agua y ocho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Entre estos ocho destaca el director del Centro SCT en Morelos “que es un nivel muy alto”, después de que la Secretaría de la Función Pública actuó de manera integral, exhaustiva y de acuerdo a la norma.

Recordó que la dependencia federal actúa en lo administrativo y derivado de su trabajo se han aplicado inhabilitaciones hasta por 10 años a los funcionarios. Si bien el caso está cerrado desde su punto de vista, las autoridades judiciales siguen su propia investigación.

Aseguró que en el caso del socavón, al igual que en el de Odebrecth, se han realizado todas las acciones que marca la norma y por lo tanto, ninguno de los dos casos ha quedado impune.

Gómez González mencionó que incluso fue la primera vez que se le retiró su registro a un testigo social por haber dado un dictamen equivocado.