Entre estos, la Ley para el Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la Mujer Rural Veracruzana, cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de estas.

Las y los diputados integrantes de la Diputación Permanente aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz por el que se autorizan a la diputada Presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz, a que gire las instrucciones a fin de publicar 34 decretos en la Gaceta Oficial del Estado.

Ello, conforme a las normativas generales, por el que señalan que las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones normativas de observancia general, surtan sus efectos jurídicos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos de que en el instrumento publicado se señale expresamente el inicio de su vigencia.

Dentro de los decretos destacan, el fomento, desarrollo y protección de la actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola, artesanal y tradicional para la entidad.

La protección, conservación y fomento de arbolado y áreas verdes con el objeto de normar, regular y promover el incremento, desarrollo, conservación, mantenimiento, preservación y restitución de palmas y árboles en zonas urbanas, a fin de garantizar el equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible y el bienestar humano.

La Ley para el Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la Mujer Rural Veracruzana cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, promover y garantizar sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, así como consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.

-Avalan presupuesto para que el Desarrollo Social sea progresivo-

Durante la misma sesión, también, dieron paso y declararon aprobado, en lo general, el Decreto que reforma el artículo 6 de la Constitución Política Local que establece que el Estado y los Ayuntamientos promoverán el derecho al mínimo vital de la población en situación de vulnerabilidad, a través de los presupuestos asignados al rubro respectivo que deberán ministrarse conforme a los términos que establezca la legislación aplicable.

El monto presupuestal asignado nunca será inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior.

De acuerdo al informe emitido por la Secretaría General, 40 ayuntamientos emitieron sus actas a favor, mientras que en 82 ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta, dando un total de 122 Ayuntamientos.

-El Gobernador deberá comparecer ante el Pleno-

Por último, el Congreso declaró aprobado en lo general el decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, relativas a la obligación del Gobernador de comparecer ante este Poder, al término de las comparecencia de Secretarios de Despacho o equivalentes, con motivo de la Glosa del Informe, para responder a las preguntas de las y los diputados.

De conformidad con el informe emitido por la Secretaría General, 53 Ayuntamientos emitieron sus actas a favor, mientras que en 103 Ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta, dando un total de 156 Ayuntamientos.

Con la finalidad de eliminar la duplicidad de facultades entre la Secretaría General de este Poder con las atribuciones del Órgano Interno de Control del mismo.

Con la finalidad de eliminar la duplicidad de facultades entre la Secretaría General de este Congreso con las atribuciones del Órgano Interno de Control del mismo, los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), proponen reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento para el Gobierno Interior y del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso.

En la iniciativa, se propone que resulta necesario darle la atribución a la Contraloría Interna de manifestar la incompetencia de los asuntos que impliquen denuncias, quejas o inconformidades en contra de servidores públicos y ediles de los 212 Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, con el objetivo de reencauzar las denuncias, quejas e inconformidades a los Órganos Internos de Control de cada uno de los Ayuntamientos respectivos.

Esto, señalan los diputados del PAN, debido a que son los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos, los facultados para investigar, substanciar y resolver las faltas administrativas no graves, o en su caso, investigar, substanciar y remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, las faltas administrativas graves.

Asimismo, corresponde a este Poder solicitar a los Ayuntamientos informen a esta Soberanía la procedencia de dicha falta administrativa con la finalidad de dar cumplimiento cabal a lo ordenado.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen.

Para que esté, así, en aptitud de ejercer plenamente sus atribuciones legales, orientadas a detectar, combatir y erradicar actos de corrupción.

Para otorgar herramientas eficaces al órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado (FGE), y esté en aptitud de ejercer plenamente sus atribuciones legales, orientadas a detectar, combatir y erradicar actos de corrupción al interior de la misma y que, por la naturaleza de sus funciones, mantiene un estrecho y permanente contacto con la población veracruzana, diputados integrantes de la LXIV Legislatura proponen se reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Con lo anterior, se propone reproducir en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado lo dispuesto ya en los ordenamientos que regulan a los restantes organismos autónomos, es decir, un nivel jerárquico determinado para la contraloría; unidades administrativas subordinadas competentes en los procedimientos señalados en las leyes general y local en materia de responsabilidades administrativas; y libertad de designación directa del personal a su cargo.

En correspondencia con los anterior, los legisladores señalan en su iniciativa que la propuesta de unidades administrativas subordinadas a la citada Contraloría obedece, fundamentalmente, a las atribuciones conferidas a la misma, que originalmente correspondían a la Visitaduría de ese organismo autónomo, y que fueron consecuencia de un decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

En este mismo sentido, específicamente proponen que el órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado cuente con una secretaría técnica y con cuatro subdirecciones, competentes en las materias de: Normatividad, control interno y evaluación; Fiscalización; Anticorrupción, función pública, situación patrimonial y substanciación; y Quejas y denuncias.

Esta iniciativa, se turna a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Ello tras los señalamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El coordinador del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, diputado Zenyazen Roberto Escobar García, presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a cumplir con los pagos respectivos a diversos Ayuntamientos.

En tribuna, el legislador solicitó al Ejecutivo del Estado a dar solución a las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relativas a los pagos de las participaciones retenidas, más los intereses generados, a los diversos Ayuntamientos del Estado.

De igual forma, plantea solicitar al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado(SEFIPLAN),a dar solución a las Sentencias emitidas por la SCJN relativas a los pagos de las participaciones retenidas, más los intereses generados, a los diversos Ayuntamientos.

Dijo que los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar social de sus pobladores y para lograrlo deberán contar con el presupuesto necesario, conformado mediante la recaudación de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como las Participaciones y Aportaciones Federales.

El legislador García Escobar señaló que la Suprema Corte de Justicia ha emitido sentencias condenatorias en contra del Gobierno del Estado de Veracruz en 60 Controversias Constitucionales promovidas por diversos ayuntamientos, por lo que solicita su pronta solución.

Para su estudio y dictamen el anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

Exhorta  al Ejecutivo estatal a realizar lo conducente para reconocer y actuar ante el ecocidio suscitado en Arroyo Tepeyac, en el municipio de Nanchital.

La presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado, diputada María del Rocío Pérez Pérez, presentó a la Diputación Permanente el anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta  al Ejecutivo estatal a realizar lo conducente para reconocer y actuar ante el ecocidio suscitado en Arroyo Tepeyac, en el municipio de Nanchital.

Lo anterior, deberá conllevar apoyo a la población afectada y en medida de las facultades deberá iniciarse los trabajos de remediación ambiental.

En su anteproyecto, la legisladora plantea instar al Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Veracruz para que, cumpla con la observancia de la normatividad ambiental, y finque las responsabilidades correspondientes ante el ecocidio ocurrido.

La legisladora, recordó que en días pasados y resultado de actos vandálicos se suscitó un derrame de hidrocarburos que afectó al arroyo Tepeyac y parte del río Coatzacoalcos, lo que provocó la evacuación de cientos de personas del municipio de Nanchital.

Agregó que ante las lluvias este derrame se extendió más de siete kilómetros, lo que ocasionó la mortandad de peces, lo que afecta, principalmente, a quienes se dedican a esta actividad comercial.

Dijo que en el lugar se pueden ver desde peces, aves y hasta reptiles, como un cocodrilo, que perecieron, por lo que el problema ya no solo es un tema de afectaciones sociales, claramente tiene un grave impacto ambiental.

-Se pronuncia en relación al área natural Arroyo Moreno-

En la sesión y al pronunciarse en relación al Área Natural Protegida de Arroyo Moreno, la diputada del Grupo Legislativo de MORENA subrayó que debe tenerse presente que Veracruz posee en Arroyo Moreno un sitio esencial para el equilibrio ecológico, y en caso de no recordarlo, el futuro del manglar será el de ser consumido por un Gobierno que decidió tener un centro turístico en lugar de un vaso regulador y pulmón natural.

En tribuna refirió que no está en contra de los proyectos que plantean el mejoramiento, protección e inversión de recursos o procesos que benefician los ecosistemas naturales, solo que no se deben de realizar acciones que pudieran impactar negativamente el medio ambiente.

“El río de Arroyo Moreno dejará de ser visto como tal para convertirse en un parque de recreación para las personas, causando una sobreexplotación o en su defecto convirtiéndolo en un desagüe más que atraviesa la mancha urbana y que vierte los desechos hacia el mar” citó.

En un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el diputado Carlos Antonio Morales Guevara presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal a que informe a esta Soberanía, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sobre la situación que guardan las controversias constitucionales promovidas por Ayuntamientos de la entidad en contra del Gobierno del Estado.

El informe deberá abarcar los siguientes rubros: el número de Ayuntamientos que promovieron controversias constitucionales por omisiones o retenciones de recursos federales, por parte del Gobierno del Estado y elnúmero de sentencias que ordenan el pago de recursos federales por parte del Gobierno del Estado a los Ayuntamientos promoventes.

Así como el  monto total al que ascienden los pagos ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo del Gobierno del Estado; la calendarización en los plazos de vencimiento para dar por cumplidas las sentencias en las que se ordena el pago de recursos al Gobierno del Estado y el estado que guarda el cumplimiento de las sentencias favorables a los Ayuntamientos, es decir, las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para transferir los recursos federales indebidamente retenidos.

De igual forma solicita, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a que dé cumplimiento inmediato a las sentencias, depositando los fondos federales retenidos a los Ayuntamientos respectivos,  a los que fue condenado el Gobierno del Estado en las controversias constitucionales de mérito.

El legislador dijo que  las cerca de 60  controversias constitucionales promovidas han empezado a ser resueltas por la SCJN desde febrero de este año, y en ellas se han acreditado las pretensiones de las entidades municipales, y en razón de ello, se ha condenado al Gobierno del Estado para el pago de diversas cantidades y conceptos.

Enfatizó que no debe olvidarse que los adeudos no son de una persona en particular, sino de una institución. “A quien se reclama el adeudo y los desvíos de los recursos a transferir, es al Gobierno del Estado, y no a una administración”, abundó.

-Piden diputados al TEJAV un informe de asuntos atendidos-

En la sesión, el diputado Carlos Antonio Morales presentó el anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV),  a que, por conducto de su Presidente, informe a la brevedad posible a este Poder Legislativo acciones relacionadas con su función jurisdiccional.

Lo anterior sobre los rubros siguientes: número de asuntos transferidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con desglose de los ya resueltos durante 2018 y las fechas correspondientes; asuntos conocidos a partir de su instalación, así como la descripción de los resueltos, incluyendo las fechas respectivas y las acciones legales realizadas para verificar el debido cumplimiento de sus sentencias.

También el número de autoridades estatales que han sido vinculadas, a efecto de dar cumplimiento; número de ocasiones y en qué casos ha requerido al actual Gobernador del Estado, en su carácter de superior jerárquico, para que conmine a sus subordinados a dar cumplimiento y la exposición de las razones por las que, en su caso, no haya vinculado a otras autoridades al cumplimiento y, particularmente, al Titular del Poder Ejecutivo.

Por último, la descripción de las fechas en las que haya realizado requerimientos a las autoridades estatales para ordenar el cumplimiento de sus sentencias y las estadísticas sobre número de asuntos y estado actual de los expedientes respectivos, con desglose por Magistrada o Magistrado, y tiempo de resolución en cada caso.

Dicha fuga ha afectado a más de 500 familias que se encuentran asentadas a lo largo de cuatro kilómetros del arroyo Tepeyac.

El diputado Sebastián Reyes Arellano presentó un anteproyecto de punto de acuerdo por el que exhorta a diversas autoridades a que atiendan las afectaciones derivadas de la fuga y derrame de hidrocarburos provenientes de una línea propiedad de PEMEX, presentada en el arroyo Tepeyac y el río Coatzacoalcos, en el Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río.

En tribuna, el legislador dijo que la legislación Federal y Local en materia ambiental destacan que toda persona, tiene derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y sustentable para su bienestar y desarrollo humano.

El legislador Reyes Arellano dijo que Veracruz es el Estado con más sitios contaminados, principalmente, por derrame de hidrocarburos, que han generado efectos dañinos al medio ambiente, como la muerte de especies y la contaminación de los cuerpos de agua lo que, además, ocasiona enfermedades, y afecta la economía de los pueblos.

Esta situación, también, generó contaminación atmosférica, pues durante algunos días se pudo percibir una nube tóxica, lo que originó un reclamo ciudadano para exigir a las autoridades locales salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, por lo que el Consejo Municipal de Protección Civil de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,  como medida preventiva, determinó suspender clases en todos los niveles educativos del 10 al 12 de octubre a reserva de ampliarse dicha suspensión en caso de ser necesario.

Afectando, asimismo, a aproximadamente 500 familias que se encuentran asentadas a lo largo de cuatro kilómetros del arroyo Tepeyac.

Por todo lo anterior, se exhorta al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informe a la brevedad sobre los impactos que han tenido la flora y fauna del arroyo Tepeyac y el río Coatzacoalcos.

Al Director de Petróleos Mexicanos, para que en el ámbito de su competencia coadyuve con la Federación, el Estado y el municipio, a fin de lograr la restauración del medio ambiente, al Director General de la Comisión Nacional del Agua, dar seguimiento puntual e interinstitucional a las medidas de mitigación y remediación que se implementen para el saneamiento de los cuerpos de agua afectados por el derrame.

Al Secretario de Protección Civil del Estado para que dé a conocer las acciones que ha emprendido para atender la contingencia y cuáles son los apoyos que ha proporcionado a  la población afectada; a la Secretaría de Salud, coordinarse con el DIF municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, a fin implementar brigadas médicas para dar atención a la población afectada y proporcionar los medicamentos que éstos requieran.

Mientras que a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, para que presenten las denuncias que resulten procedentes, en los términos de la legislación civil, penal y administrativa que resulte aplicable, que nos permita generar los mecanismos necesarios para resarcir los daños ocasionados al ambiente y a la economía de familias afectadas por esta contingencia.

Por último solicita al Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado, informe que acciones ha emprendido para atender a los pescadores afectados por esta contingencia.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La integrante del Grupo Legislativo del PAN presenta iniciativa que reformaría la fracción II del artículo 22, de la Constitución Política del Estado.

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Judith González Sheridan presentó la iniciativa que reformaría la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Veracruz cuyo propósito es señalar que para ser diputado se requiere tener como mínimo, nivel académico de educación superior, acreditado con título y cédula profesional.

En su intervención, durante la séptima sesión ordinaria, la diputada señaló que las y los legisladores no deben llegar a aprender al Poder Legislativo, sino que deben trabajar para el beneficio del pueblo veracruzano, “los diputados deben dar apertura a un panorama profesional, que dignifique su labor legislativa, con la garantía de tener un trabajo de mayor eficiencia y mejores propuestas, con estudios de fondo e impacto real en la sociedad”, refirió.

Sostuvo que en Veracruz la Constitución considera los requisitos de saber leer y escribir para ser diputado (a). Hecho que en la actualidad ha causado reclamos e insatisfacción en la población, expuso  González Sheridan, quien abundó que esto se debe a que una y otra vez se ha pugnado para que el  trabajo legislativo sea de profesionalismo en su desempeño para brindar mayor eficiencia a los ciudadanos representados.

Destacó las competencias de los diputados, entre los que enumeró: determinar lo que es lícito o ilícito; establecer los órganos del Estado y su competencia; fijar los delitos y sus penas; nombrar funcionarios de los otros poderes; aprobar la actividad presupuestaria del Estado; imponer las contribuciones y autorizar los préstamos solicitados por el Ejecutivo.

Además de reglamentar las relaciones de los particulares entre sí; proteger a grupos sociales específicos mediante disposiciones jurídicas especiales; establecer los procedimientos para la resolución de controversias; entre otras cosas, todo bajo un esquema de buscar el bien común.

La diputada Miriam Judith González detalló que en la actualidad, la labor legislativa está en tela de juicio. En México, la figura del legislador, junto con la del policía, los partidos políticos y los sindicatos, representan el nivel más bajo de confianza y aprobación de la ciudadanía.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados Federal, sólo el 36 por ciento tiene «mucho» o «algo de confianza» en sus diputados, y 37 por ciento en la Cámara de Senadores; asimismo, destaca el estudio realizado por dicha institución que, entre las autoridades electas, los diputados son los que menos confianza inspiran a los ciudadanos; el 60 por ciento está en desacuerdo de la forma cómo trabajan los legisladores, mientras que sólo el 20 por ciento lo aprueba.

Diputadas y diputados del PAN propone que el Refugio sea parte de la estructura orgánica del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Diputadas y diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de Veracruz, presentaron la iniciativa que reforma la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres que, entre otras cosas, propone que el Refugio para Mujeres en Situación de Violencia sea parte de la estructura orgánica del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), así como la coordinación del mismo; incorporando en las atribuciones del Instituto, la de coordinar, administrar y operar el Refugio.

También se adiciona como atribución de la Junta de Gobierno del Instituto, la de aprobar la ratificación de la Coordinadora del Refugio.

Durante la séptima sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, se dio entrada a esta propuesta que a su vez señala que al tratarse de un Refugio, el personal que ahí labore debe estar especializado en atención a mujeres víctimas de violencia, dado que así lo exige la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo a la iniciativa, la Coordinadora del Refugio tendrá las facultades para planear y ejecutar estrategias para favorecer y promover el clima organizacional; presentar a la Directora del IVM, para su aprobación, seguimiento y evaluación, los programas de trabajo y lineamientos generales de la operación del Refugio y gestionar y administrar los recursos financieros para garantizar la permanencia del servicio.

La Directora del Instituto propondrá a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Coordinadora del Refugio y se establece que dicha Coordinadora durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente para un segundo periodo de tres años, a propuesta de la Directora del Instituto.

La exposición de motivos señala que lo deseable es que la violencia contra las mujeres se erradique, pero mientras esta problemática persista, los gobiernos tienen la obligación de implementar acciones como esta, lugares donde las mujeres restablezcan su vida, la de sus hijas e hijos y reciban atención especializada para alejarlas del entorno violento en el que viven.

Signan la iniciativa las diputadas María Elisa Manterola Sainz y María Josefina Gamboa Torales, así como los legisladores Juan Manuel de Unánue Abascal, Rodrigo García Escalante y Gregorio Murillo Uscanga.

Tendría como función crear políticas públicas interinstitucionales y transversales para la promoción, estudio, y aplicación de la implantación de una cultura al respecto.

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz dio entrada a la iniciativa, del diputado local José Kirsch Sánchez, que tiene como propósito instaurar la Comisión Estatal para la Cultura de Paz y la No Violencia, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que tendría como función crear políticas públicas interinstitucionales y transversales para la promoción, estudio, y aplicación de la implantación de una cultura de paz.

De igual forma, se enfocaría en la igualdad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, solidaridad y prevención de la violencia social y de género así como la resolución y mediación de conflictos.

La iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la Cultura de Paz para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave define el “Fomento a la Cultura de Paz” como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no-violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación.

La propuesta señala que de acuerdo a estudios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la violencia se puede reducir de manera efectiva de tres formas: una, centrada en grupos que cometen actos de violencia, utilizando una visión multisectorial para formular una propuesta directa; dos, los métodos basados en la conducta a través de la aplicación de leyes relativas al uso de armas de fuego y la prevención y tres, los programas de mantenimiento del orden público en puntos identificados como conflictivos o como zonas de alto riesgo.

Indica que la violencia es un gran problema social, pues la UNICEF revela que entre el 55 y 62 por ciento de los niños en México ha sufrido maltrato en algún momento de su vida; siete de cada 10 jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo; 10.1 por ciento de los estudiantes de educación secundaria han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 por ciento de violencia de índole sexual y 16.6 por ciento de violencia emocional.

-Impulsa diputado la creación de estancias municipales para adultos mayores-

En la misma sesión, se dio entrada a la iniciativa del legislador José Kirsch Sánchez que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz para señalar que el DIF Estatal deberá promover en cada municipio la creación de estancias diurnas, destinadas al cuidado, atención, enseñanza y entretenimiento de los adultos mayores y que éstas cuenten con personal especializado en el cuidado de éstos.

De acuerdo con proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población, para 2020 en México habrá 14 millones de adultos mayores que representarán el 12.1 por ciento del total de habitantes. “No obstante, es uno de los grupos más desprotegidos y vulnerables” subrayó.