Como parte de un proceso de reestructuración, la filial de la cementera mexicana Cemex cerrará dos de las siete plantas con las que cuenta en ese país, así lo informó este miércoles un portavoz de la compañía en México.

En un comunicado, Cemex España indico que la decisión obedece a la situación del sector y las perspectivas de la industria frente a la nueva regulación europea sobre derechos de emisión de CO2, a partir del 2020.

El comunicado señala que, «dentro de este proceso se prevé tanto una importante reducción de su estructura como el cese de actividad en dos de las siete fábricas de cemento con que cuenta en nuestro país.»

Las plantas directamente afectadas son las que se encuentran en Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares), también otros centros de trabajo y algunas oficinas comerciales y las propias oficinas corporativas centrales.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) eligieron sus líderes en las 36 Secciones en todo el país general para el trienio 2019-2021, a partir del 1 de enero, por primera vez en una votación con votos secretos.

Los petroleros eligieron este miércoles a sus secretarios generales y también a los integrantes del Consejo Local de Vigilancia, de la Comisión de Honor y Justicia, además de responsables y comisiones que se requieren para su integración, quienes estarán desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

Los trabajadores de planta y socios activos emitieron su voto en las urnas instaladas en el Centro Administrativo Pemex, en las Terminales de Almacenamiento y Reparto ubicadas en la Ciudad de México y demás áreas de la empresa en el país.

Y pese a que la elección se dio ante los fedatarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y miembros del Comité Ejecutivo General del STPRM, en diversos puntos del país surgieron denuncias de una elección a modo con planillas únicas vinculadas a la actual dirigencia nacional, encabezada por Carlos Romero Deschamps.

Más del 90 por ciento de las corporaciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tienen una representación familiar en capital y control, y son un pilar de la economía nacional, señaló el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Resaltó, además, que estas organizaciones contribuyen con el 80 por ciento del Producto Interno Bruto y generan 90 por ciento del empleo en el país, según datos del Global Data Points-Family Firm Institute 2016.

Ante este panorama, Fernando Sandoval, director del Centro de Familias Emprendedoras del ITESM, informó que preparan un proyecto para estudiar de manera integral la situación y los mecanismos que promuevan el sano desarrollo y transformación del ecosistema formado por empresa, familia y gobierno.

“Comprender, diagnosticar y promover a la empresa familiar no sólo es significativo para el desarrollo económico de nuestro país, también lo es para la buena evolución de nuestra sociedad”, indicó.

Mencionó que, a diferencia de países como Chile, España y Suecia, las empresas familiares en México no son censadas.

Los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) sólo distinguen a las compañías por su tamaño, lo que hace difícil su análisis y diagnóstico, añadió.

Dijo que estimaciones del Centro de Familias Emprendedoras del Tecnológico de Monterrey apuntan que 85 por ciento de las empresas en México son familiares y, de acuerdo con la consultora KPMG, sólo una pequeña proporción de estas empresas llega a la segunda generación.

Se espera que las nuevas investigaciones arrojen luz sobre este sector que enfrenta grandes retos y dificultades para sobrevivir, expresó.

El directivo manifestó que “la familia empresaria, la empresa familiar y su gobierno forman una simbiosis, no se puede entender una sin la otra, pero tampoco sin lo que las amalgama”.

Así, expuso, hay que lograr el buen funcionamiento del vínculo entre familia y empresa, un factor más relevante que la propia operación de la organización.

El 70 por ciento de las empresas familiares en México desaparece por problemas al interior de la familia, según reportes del Centro de Familias Emprendedoras del Tec, agregó.

Comentó que “el objetivo del nuevo proyecto del Tecnológico de Monterrey para gobernar esta simbiosis es desarrollar competencias en los empresarios y familias empresarias con el fin de formar un liderazgo innovador que orqueste y transforme el vínculo e interacción entre generaciones”.

Luego de que se diera a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete busca ampararse contra investigaciones penales del gobierno de Chihuahua, el gobernador de ese estado, Javier Corral, dijo que el recurso está mal ejercido y que no prosperará.

Corral Jurado señaló que lo anterior demuestra una preocupación personal:

«Más allá de que el Presidente esté mostrando una preocupación personal por el alcance de las investigaciones en Chihuahua, nosotros consideramos que es un recurso más ejercido desde el punto de vista jurídico.»

También dijo que ahora es cuando aplicaría el dicho de que el que nada debe nada teme, aunque ahora sería: «el que teme es por que algo debe».

Añadió que «una demanda de controversia constitucional para estos efectos no creemos que sea el instrumento jurídicamente idóneo, independientemente de que delate una preocupación personal por el alcance de las investigaciones, el caso de educación, que es el que ha involucrado a Alejandro Gutiérrez.»

El gobernador de Chihuahua dijo que es revelador que Peña Nieto se sienta tocad por las investigaciones de ese estado.

El alza en precios de los energéticos preocupa al Banco de México, al considerarlos como un factor de riesgo al alza sobre la inflación, informó el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León.

En entrevista con Milenio, explicó que el aumento a las tarifas eléctricas y los combustibles podría presionar a la inflación: “Algo que nos preocupa es que las curvas de futuro de varios precios de los energéticos también tienen una tendencia a precios elevados en los siguientes meses y eso podría dar lugar a alguna presión adicional (en la inflación)”.

Reiteró que el incremento en el precio de los energéticos es un factor claramente de riesgo y preocupación: “Hay que estar muy cautelosos para ver si la trayectoria de la inflación es consistente con el pronóstico y la trayectoria que se había anticipado o si los choques que estamos viendo comienzan a tener ya un efecto mayor sobre esa trayectoria de convergencia”.

En Puebla, habitantes de la colonia Jorge Murad lincharon a un hombre al que acusaron de robo.

El presunto ladrón, quien murió debido a los golpes que recibió, quedó colgado de un señalamiento en la vía corta a Santa Ana.

Policías ministeriales y agentes de la Fiscalía del estado de Puebla levantaron el cuerpo e iniciaron las investigaciones por este hecho.

El pasado 18 de septiembre, autoridades de Puebla evitaron un nuevo linchamiento, en el municipio de Tochimilco, donde dos hombres fueron acusados de ser presuntos secuestradores.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que elementos de la Policía Estatal, Policía Preventiva y Policía Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría General de Gobierno (SGG), lograron rescatar a dos hombres de un intento de agresión por pobladores del municipio de Tochimilco.

Policías estales fueron alertados por autoridades municipales sobre un intento de linchamiento, en contra de dos hombres señalados de ser presuntos secuestradores.

Las autoridades se trasladaron al lugar de los hechos, donde se encontraban reunidas aproximadamente 300 personas en actitud pacífica, que solicitaban se identificaran las personas retenidas y el motivo de su presencia en la comunidad.

Personal de la Secretaría General de Gobierno (SGG) entabló un diálogo con los pobladores, quienes accedieron a liberar a Roberto N., y Abel N., que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

México planteará una estrategia de desarrollo que permita atender y reducir el flujo migratorio de Honduras, El Salvador y Guatemala, al ofrecer alternativas a las personas que dejan su país de origen a causa de la pobreza, señaló el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón

Agregó que “la posición de México, compartió, no puede ser de dar libre entrada a cualquiera” y recordó que desde la primera reunión que sostuvo con los representantes de la administración de Donald Trump, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó una carta en la que expuso la existencia de un problema serio de desarrollo en esos tres países.

Resultado de ese planteamiento, dijo en entrevista radiofónica con Aristegui noticias, se solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) realizar la exposición del programa, del que ayer conoció su primera versión junto con diplomáticos de Honduras, El Salvador y Guatemala.

La idea, es “organizar este planteamiento y que tenga una expresión concreta y poder persuadir a Estados Unidos de participar en esa estrategia, entonces estamos en esta etapa de trabajo, esa es la directriz”, destacó.

Además, dijo que se buscará el apoyo de la unión americana, a través de su programa Alianza Para la Prosperidad, el cual no ha dado los resultados esperados.

“Entonces creemos que de esta manera puede participar Estados Unidos; es decirle tenemos una estrategia de desarrollo, sabemos cómo se va llevar a cabo, vamos a aportar cada país de acuerdo al tamaño de nuestra economía y eso va a ser mucho mejor y más efectivo que solo las medidas de contención con las que se ha venido trabajando desde hace unos años”.

El programa de la Cepal, que se presentará a Estados Unidos en su próxima reunión de noviembre, consiste en dos partes: la primera tiene que ver con un programa de acción inmediata, que contempla empleos, educación y salud, y la  segunda, relacionada con inversiones, que impactarán en infraestructura y energía, entre otros rubros.

El próximo canciller subrayó que el presidente electo buscará que los proyectos que impulsará se vinculen con esta estrategia, a fin de ofrecer empleos para los migrantes.

Respecto de los mensajes que publicó esta mañana en su cuenta de Twitter, Donald Trump, rechazando la caravana migrante, dijo que no le sorprende la postura del presidente estadounidense.

Mientras que la posición de México, compartió, no puede ser de dar libre entrada a cualquiera, por lo que “habrá que ver en la frontera, los integrantes de la caravana tienen dos opciones, decir yo tengo Visa, y la mayoría que seguramente no la tienen puede pedir la condición de refugiados, la cual tiene un procedimiento, que tiene México, que puede durar de 45 hasta 90 días”.

Respecto a si solicitará al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomar la batuta para atender el tema de la carava migrante, mencionó que en el transcurso de la día buscará reunirse con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

“Para ver las opciones que se tienen y externar nuestro punto de vista. Más de mil personas al día se mueven a la zona fronteriza; respecto a esta caravana México no puede decir aquí puede pasar quien quiera pero hay una serie de normas a cumplir, me imagino que se les dará la opción para que se registren como refugiados”, puntualizó.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son constitucionales las medidas cautelares de protección dictadas por autoridades en casos de violencia contra mujeres.

En la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, el alto tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 27, 29, fracción III; 32, fracción III y 33 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Indicó que el recurso derivó de un juicio de divorcio necesario en el que una mujer solicitó, como medida cautelar y ante la alegada existencia de violencia familiar, la reintegración al domicilio conyugal, junto con sus menores hijos, así como la separación de personas.

Habiéndose acogido su petición por la sala de segunda instancia, el demandado promovió juicio de amparo, en el que impugnó la constitucionalidad de los artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fundaron la determinación judicial.

La Corte advirtió que los preceptos impugnados se insertan en el reconocimiento de la necesidad de crear un régimen específico de protección a un sector de la sociedad, materializado a nivel internacional desde que se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (“CEDAW”, por sus siglas en inglés).

Ello, al comprobar que la normativa general no era suficiente para garantizar la defensa de las mujeres, quienes por su condición de género requieren una visión especial para el respeto de sus derechos.

De este modo, sostuvo que las medidas precautorias previstas en dichos artículos garantizan que el posible agresor no atente contra la integridad de la mujer una vez que la autoridad ha tenido conocimiento de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia en su contra.

Al disponer como orden de protección de emergencia el reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, y como orden de protección de naturaleza civil la posesión exclusiva sobre el inmueble que sirvió de domicilio, la legislación logra, en la medida de lo posible, evitar un acto de violencia más en su contra.

Asimismo, al establecer que corresponderá a las autoridades jurisdiccionales la valoración de las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias, la ley otorga la flexibilidad necesaria para que cada decisión de la autoridad esté estrechamente vinculada a las circunstancias que rodean el caso concreto.

Por ello, la Primera Sala sostuvo que los preceptos impugnados responden eficazmente a la dinámica de la violencia doméstica y constituyen mecanismos idóneos para prevenir el abuso físico o emocional en contra de las mujeres al interior del hogar.

Además, precisó que si en un asunto específico, alguna de las partes considera que la autoridad jurisdiccional ha emitido una medida que no se ajusta a la naturaleza o a la finalidad de los mecanismos de protección previstos en la ley de mérito, la decisión judicial puede ser impugnada.

El presidente electo afirmó que dio inicio la transformación de México.

México.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que ya dio comienzo la transformación del país y la población sentirá un cambio profundo a los 6 meses de iniciada su administración.

En conferencia desde Ciudad Victoria luego de reunirse con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el morenista declaró a pregunta expresa de la prensa que el cambio podrá observarse “en poco tiempo” y, de hecho, “ya empezó la transformación”.

“Yo espero que en seis meses se sienta que hubo un cambio de verdad, que no fue gatopardismo”, agregó el próximo mandatario, quien este domingo concluirá su gira de agradecimiento tras su triunfo en las urnas para dedicarse a elaborar el presupuesto del año que entra junto con su equipo de transición.

Por otro lado, señaló que su gobierno prepara un programa para detonar el desarrollo en México y Centroamérica que servirá para reducir el flujo de personas que buscan refugio en Estados Unidos.

«Estamos haciendo una propuesta de cooperación para el desarrollo. Ustedes saben muy bien que el que abandona a su pueblo lo hace por necesidad, no por gusto. Queremos que la migración sea optativa, no migratoria”, explicó.

En los primeros cinco años del gobierno de Javier Duarte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó “un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública federal” por mil 427 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Por ello, la ASF mantiene tres denuncias de hecho, dos ante la PGR y otra en la fiscalía de Veracruz, y mantiene abiertas 11 investigaciones más por el desvío de mil 427 millones de pesos que no se destinaron a la atención sanitaria, compra de medicamentos, mejoras en la calidad del servicio para la población objetivo, entre ellas, la oncológica.

Las autoridades de la Secretaría de Salud comprobaron actos de “corrupción” y “mal manejo” de los recursos destinados a la población sin seguridad social y que requiere desde tratamiento oncológico hasta intervenciones quirúrgicas que cubre el Seguro Popular. Por lo que la dependencia federal aseguró que cuenta con “fundamentos jurídicos para promover acciones derivadas de la auditoría”.

En 2015, la ASF informó que en la época de Duarte se justificaron 4 mil 882 millones 69 mil pesos destinados al FASSA, de estos, 3 mil 816 millones 373 fueron para pagar el servicio del personal y solo 368 millones 631 mil pesos para la comprar de medicamentos. Además, 491 millones 825 mil pesos se justificaron con el pago de servicios generales; 152 millones 388 mil pesos para adquirir materiales y suministros, y el resto en transferencia y bienes inmuebles.

Entre las irregularidades detectadas por la ASF, están un pago de 72 mil 767 pesos, más los intereses desviados de los recursos del FASSA en 2015, para pagar a un trabajador que carece de la documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobró sueldos. También con los recursos del FASSA 2015 se pagaron 24 millones 137 mil pesos de nómina para 79 servidores públicos que fueron comisionados al sindicato, los cuales contaron con la autorización de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Federal. De hecho, en 2014, el órgano fiscalizador reportó el mayor “probable perjuicio” a la Hacienda Pública por un monto superior a los mil millones de pesos transferidos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz y que no llegaron a los servicios de salud estatal.

La ASF detectó, entre otras irregularidades, que se destinaron 250 mil pesos para cubrir el pago a un proveedor “sin amortizar el anticipo que fue pagado a éste con anterioridad”, careciendo de respaldo documental. Además, la ASF reportó que 139 millones 58 mil 820 pesos, recursos aportados por la Federación dentro del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, no se ejercieron ni tampoco fueron integrados a la Tesorería de la Federación el 31 de diciembre de 2014.