La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que será la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) quien se haga responsable de iniciar una carpeta de investigación por el desmonte de 300 hectáreas de selva y manglar en el terreno previsto para la construcción de la nueva Refinería en Dos Bocas, en Paraíso Tabasco.

Lo anterior, luego de que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), denunció el desmonte de 300 hectáreas de selva y manglar en el terreno donde se construye la refinería en Paraíso, Tabasco, anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

A continuación el comunicado:

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informa que es facultad de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) atender y emitir opinión sobre el Proyecto de Refinería en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

De acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), modificado el 31 de octubre de 2014 mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se adiciona el Artículo 45 Bis, el cual a la letra dice:

“ARTÍCULO 45 Bis. Las atribuciones que en el presente Capítulo se otorgan a la Procuraduría, al Procurador, a los Subprocuradores, a los Directores Generales, así como a las unidades administrativas señaladas en el artículo siguiente, no aplicarán en las materias, obras o actividades del Sector Hidrocarburos.

Corresponde a la Agencia, en términos de su Reglamento Interior, la realización de todos los actos y procedimientos administrativos de verificación, inspección, vigilancia y sanción y todos los demás previstos en el presente Capítulo, que correspondan a dicho Sector.

La PROFEPA conservará las atribuciones señaladas en el artículo 60 del presente Capítulo, respecto a los movimientos transfronterizos de materiales o residuos peligrosos, así como en materia de organismos genéticamente modificados, salvo los que tengan como finalidad la remediación de los sitios contaminados en donde se realicen o pretendan realizar actividades del Sector Hidrocarburos.”

Por lo antes señalado, y con base en los artículos 3º., fracción XI, 5º., fracción XXIII, y 6°, fracción II, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), que a la letra dicen:

“Artículo 3°.- Además de las definiciones contempladas en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por:

XI. Sector Hidrocarburos o Sector: Las actividades siguientes:

a)      El reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos;

b)      El tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo;

c)      El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas natural;

d)      El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo;

f)       El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos, y

g)    El transporte por ducto y el almacenamiento, que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo.

De ahí que ésta Procuraduría no cuenta con atribuciones para emitir opinión técnica en materias, obras o actividades del Sector Hidrocarburos.

Corresponde a la ASEA emitir las medidas técnicas que deben considerarse a fin de evitar que se pueda ocasionar un daño grave al ecosistema con la construcción del Proyecto de Refinería en Dos Bocas, ya que tal y como se señala en el artículo 3º., fracción XI, de la Ley de la ASEA, dicho proyecto se encuentra dentro de las actividades del sector hidrocarburos y reguladas por la Ley de la ASEA.

Cabe señalar que a partir del 02 de marzo de 2015 la ASEA entró en funciones con atribuciones para regular y supervisar, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, las instalaciones y actividades del Sector Hidrocarburos, entendiendo estas últimas las señaladas en el artículo 3, fracción IX, de la Ley de la ASEA.

La organización Causa en Común se pronunció en contra de la Guardia Nacional militarizada, como la plantea el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

A través de una carta dirigida al equipo del presidente electo y publicada en sus redes sociales, la asociación dirigida por Elena Morera, señaló que la propuesta “significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la atraviesa el país”.

Causa en Común recordó que en varias ocasiones, tanto AMLO como sus partidarios, aseguraron que el uso de las Fuerzas Armadas no eran la salida para el problema de seguridad.

“Dichos señalamientos y promesas tenían, y tiene, un sustento empírico y político. Sustento empírico porque, al menos en nuestro país, está acreditado que el despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos que deben atenderse mediante acciones de prevención focalizadas y capacidades de investigación propias de instituciones policiales, tanto a nivel federal como local. Sustento político, porque nuestro sistema republicano y democrático exige el predominio de la esfera civil sobre la esfera militar”, señala el comunicado.

La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, respaldó la propuesta anunciada por el próximo gobierno para crear una guardia nacional.

En este sentido, señaló: “Nosotros estamos a favor de la Guardia Nacional dado el momento que está viviendo nuestro País, un momento sumamente grave en el cual el crimen organizado se ha apoderado de muchas parte de nuestro País.»

Añadió que “hoy el Presiente electo dice: ‘no voy a similar y no quiero ser hipócrita, quiero de cara a la sociedad decirles que voy a meter a las Fuerzas Armadas para poder combatir a la delincuencia organizada'».

La activista puntualizó que el crimen organizado es una amenaza a la seguridad interior, por lo que se requiere de gente bien capacitada y de élite para combatirlo.

También consideró que la Guardia Nacional permitirá tener no sólo una mayor coordinación entre efectivos, sino también un único mando que habrá de recaer enb el Ejército.

«Actualmente este modelo ya lo tenemos, no nos engañemos, hacen recorridos Policía Federal, la Marina, el Ejército en todo el País, nada más con un grave problema, todos tienen el mando y cuando todos tienen el mando nadie es responsable», dijo.

Miranda de Wallace apuntó que “hoy, la diferencia va ser que el mando lo tiene el Ejército y el Ejército es una institución que forma, que obedece y que ha dado resultados Y que además está bien calificada. Yo estoy de acuerdo. Digo con toda franqueza en que estoy de acuerdo que se ponga la Guardia Nacional.»

Pese a que manifestó su apoyo para la creación de la Guardia Nacional, se dijo preocupada por e hecho de dónde van a sacar “tanta gente” para conformarla, pues cabe recordar que el plan de reclutamiento contempla a 50 mil jóvenes. «Yo lo veo muy difícil», expresó.

También dijo que le preocupa que el Plan de Seguridad de López Obrador no señala qué pasará con las policías municipales y estatales.

Por primera vez, el Senado de la República cerró a los hombres la oportunidad de postularse para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y abrió la convocatoria sólo para mujeres.

En sesión del Pleno aprobó este martes el acuerdo relativo al procedimiento para integrar el Consejo, dirigido sólo a aspirantes mujeres, bajo el argumento que son dos consejeras las que concluyen su periodo en el puesto.

La senadora priista, Sylvana Beltrones, advirtió que se está discriminando en materia de género.

Me parece que el dictamen propuesto por la Comisión (de Derechos Humanos del Senado) crea un precedente que discrimina y además es inconstitucional. Establece una convocatoria sólo para mujeres a efecto de remplazar a dos consejeras, que son las que van salir por ser las integrantes de mayor antigüedad al cargo del mes de octubre 2018. Sin embargo, considero que no hay un avance ni constitucional, ni legal para que se restringa la convocatoria a un solo género, al contrario, podría ser motivo de amparo para quien en su legítimo derecho quiera aspirar a tener un cargo dentro de este Consejo Consultivo”, dijo la legisladora Sylvana Beltrones desde su escaño.

La senadora Beltrones propuso modificar la convocatoria y abrirla a hombres también, pero fue rechazada en votación, por lo que convocatoria para la Consejo, mismo que dicta los lineamientos generales y reglamento interno de la CNDH, se mantuvo en la propuesta original.

Dicho acuerdo convoca a asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas, asociaciones, colegios de profesionales, activistas, promotores y defensores de derechos humanos que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos.

Las propuestas de candidaturas se recibirán del 22 al 29 de noviembre de las 09:00 a las 19:00 horas, en la Oficina de la Oficialía de Partes del Senado de la República, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, número 135. Planta Baja, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la ley de seguridad interior promulgada en diciembre de 2017, las Fuerzas Armadas están ante un vacío legal para regular su actuación en labores de seguridad interior, señaló el presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, apuntó que corresponderá a la nueva legislatura y al próximo gobierno federal dar la certeza jurídica necesaria para la actuación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior, pues es indispensable contar con un marco legal que regule su actuación.

“Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la ley promulgada en diciembre del año pasado, nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado”, dijo el mandatario federal en la ceremonia de imposición de condecoraciones y ascensos a personal militar.

En el marco de la conmemoración del 108 Aniversario de la Revolución Mexicana, subrayó que ante la debilidad de las policías locales es indispensable contar con un marco jurídico que regule la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior.

En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aseveró que soldados, pilotos y marinos han sido factor de cohesión, estabilidad y desarrollo para el país, y que en la actualidad también son una fuerza a favor de la paz y la tranquilidad entre la población.

“Gracias a sus notables contribuciones en materia de seguridad, se han ganado el respeto y cariño de los mexicanos, principalmente en las zonas más vulnerables del país. Hacer frente al reto de seguridad pública habría sido impensable sin la decidida participación de las Fuerzas Armadas”.

“Ciertamente se trata de un respaldo subsidiario y temporal que se brinda a distintos estados de nuestro país a petición expresa de los gobernadores”, pues de “haber procedido de otra forma, habría significado a abandonar a su suerte a la población afectada”, recalcó el jefe del Ejecutivo federal.

Afirmó que tras seis años de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha confirmado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada están siempre únicamente al servicio de la nación, y que “más allá de colores e ideologías, su única bandera es y será siempre México».

“Cada mano que estrecho, cada reconocimiento que entrego, cada ceremonia en la que coincido con personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, es un motivo más para sentir un profundo orgullo y admiración hacia todos ustedes”, sostuvo el presidente en el acto realizado en el Campo Marte.

“Me he emocionado al verlos marchar en los desfiles conmemorativos, he sentido orgullo al recibir el parte de una misión cumplida, y también he lamentado con pesar, la pérdida de quienes han dado su vida sirviendo a la patria”, expresó el presidente Peña Nieto.

Afirmó que como su comandante supremo siempre veló por el bienestar de las tropas y de sus familias, y que ha sido un firme defensor del trabajo que realizan a favor de los mexicanos. “Les agradezco su respaldo institucional y su entrega a las mejores causas de la nación”.

“Siempre estaré muy orgulloso de cada uno de ustedes y de las instituciones militares y navales que hoy como ayer, son pilares de nuestra nación”, finalizó el presidente.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados formalizó ante el pleno su iniciativa de reformas a 13 artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional, cuya permanencia será hasta que acabe la crisis de inseguridad y violencia en el país, y se evaluará cada tres años.

De acuerdo con el proyecto, se faculta al Ejecutivo federal para emitir las disposiciones de carácter general que estime necesarias, con el fin de que las funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, sean asumidas, en lo que corresponde, por la Guardia Nacional.

Ello, con la gradualidad que permita asegurar la continuidad de las respectivas funciones y para que se lleve a cabo la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros.

Se deberá asegurar la transición ordenada de los miembros de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional en los términos y condiciones que al efecto se determinen con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

En los artículos transitorios del documento se establece que las leyes secundarias que se expidan, deberán prever los esquemas y modalidades para la certificación de capacidades y acreditación del control de confianza de los elementos que se adscriban a la Guardia Nacional, así como para su profesionalización y disciplina.

Dichas leyes garantizarán una efectiva formación en las materias de protección de los derechos humanos y perspectiva de género en el desempeño de sus funciones.

Los miembros de las policías Militar y Naval que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán sus rangos, así como las prestaciones conferidas a su nivel jerárquico y de mando.

Establece que en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional de conformidad con los términos planteados, por ser obligación del Estado mexicano tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

No obstante, se precisa que la actuación de la Guardia Nacional deberá ser sujeta a revisión, por lo que el Ejecutivo federal en coordinación con el Poder Legislativo deberán efectuar una evaluación de la política instrumentada en la materia transcurrido en un plazo de tres años a partir de su implementación.

Los miembros de las policías Militar y Naval adscritos a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución.

La diputada de Morena, Guillermina Alvarado llamó a mas fuerzas políticas a apoyar la iniciativa y aseguró que no se trata de militarizar, sino «de desmilitarizar y de construir la paz».

Detalló que la Guardia Nacional estará integrada por elementos de las policías Federal, Militar y Naval, y además serán convocados civiles, a fin de que se puedan integrar a ella. Todos se unirán bajo una nueva estructura jurídica.

Precisó que quienes formen parte de esta nueva institución recibirán formación y adiestramiento con nuevas prácticas que incluyan la enseñanza de procedimientos policiales, derechos penal y humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y utilización de la tecnología.

Destacó que la Guardia Nacional se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los estados y municipios, así como con las autoridades de la federación que correspondan. Tratándose de delitos federales, podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público.

Se prohíbe expresamente que los detenidos sean trasladados o resguardados en instalaciones militares, se reconoce la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional para el Estado mexicano, y se establece que los miembros de la Guardia Nacional serán juzgados por el fuero civil y no por el militar, en caso de faltas y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La planeación y estrategia de Seguridad estará a cargo de la próxima Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se planea crear.

Afirmó que se trata de que haya claridad, que la Guardia Nacional realice, en el marco constitucional, las tareas de seguridad pública con estas estructuras y efectivos que han estudiado, se han capacitado y preparado para la salvaguarda de los derechos, la preservación del orden y la paz pública, y que todas las unidades operativas del Ejército y de la Armada regresen a sus funciones tradicionales y constitucionales, y que así acabe esta confusión que no le ha traído nada bueno a nadie», agregó.

Luego de que Jesús ‘El Rey’ Zambada declarara durante el juicio contra Joaquín Guzmán ‘El Chapo’, que pagó millones de dólares en sobornos a quien fue Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno capitalino, éste último rechazó las declaraciones del testificante.

Tras la acusación, el abogado penalista Gabriel Regino, rechazó haber recibido sobornos como lo declaró Jesús Zambada.

En su cuenta de Twitter indicó: «Es falso que durante mi ejercicio del servicio público, haya recibido soborno alguno por parte del testificante Jesús Zambada.»

El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, comentó que el INE ya trabaja en la posibilidad de una credencial para votar digitalque permita hacer trámites a distancia, una vez que las instituciones públicas y privadas acepten esta herramienta que tendría las mismas características de la mica para votar, pero con códigos QR que permitan validar la identidad del ciudadano de una forma más moderna.

En el caso de la credencial para votar digital se empezará con incluir ciertos elementos para abrir esa puerta, en la próxima licitación internacional que realizará el INE, una vez que termina el contrato de producción de Micas con la actual empresa que las realiza.

René Miranda aclaró que otra cosa distinta es el concepto de «Identidad digital» y que eso sería trabajo del Estado mexicano, por lo cual el INE no podría avanzar por ese camino como ya lo han hecho otros países.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, solicitó a la PGR remitir un informe pormenorizado sobre las investigaciones que realiza sobre presuntos actos de corrupción, algunos vinculados con delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados.

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Alta se publicó el punto de acuerdo donde se señala que en ese documento se debe salvaguardar la información clasificada como reservada o confidencial, conforme al marco normativo aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Propuso solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial Federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias, salvaguardando la información clasificada como reservada o confidencial.

El Senado de la República solicita al Consejo de la Judicatura Federal el envío de un informe detallado sobre las medidas que ha llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en el Poder Judicial Federal», expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.

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Monreal Ávila argumentó que «por el escritorio de los jueces pasan asuntos relacionados con la vida, la libertad, integridad y patrimonio de las personas, pero también con la revisión y sanción de controversias vinculadas con el funcionamiento de las instituciones, respeto al voto, acceso a la información pública, transparencia o la protección de los datos personales.

Considerando la complejidad de su labor, es entonces sencillo vislumbrar la necesidad de contar con un Poder Judicial Federal sólido, responsable, honesto y profesional», agregó.

Añadió que el hecho de que «la corrupción haya logrado permear en los órganos jurisdiccionales de nuestro país debe ser motivo de la mayor atención por parte de autoridades y ciudadanía, pues ello limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano, al trastocarlo desde sus raíces».