El director para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), Daniel Zovatto, opinó que la legitimidad de ejercicio, que deriva de una contienda comicial de resultados claros y contundentes, siempre debe ir acompañada por el respeto de la división de poderes.
Ello, anotó, “donde el Ejecutivo haga su tarea, el Legislativo haga su tarea, pero también respeten y dejen que el Poder Judicial y dentro del Poder Judicial, la Justicia Electoral también haga su tarea”, anotó.
Durante la inauguración de la Segunda Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral, advirtió que hoy en día se presentan comicios en diversas partes del mundo, incluido América Latina, que dan muestra del alto grado de enojo y ciudadano con la política, sus élites, la presencia de candidatos antisistema, el debilitamiento de los partidos políticos y la fragmentación de éstos.
Se trata, dijo, de toda una serie de fenómenos disruptivos, que presentan nuevos desafíos para las autoridades electorales.
En el evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reúne a representantes de 20 organizaciones y 31 países, resaltó por ello que la legitimidad de ejercicio, como bien establece la Carta Democrática Interamericana, consiste en el respeto irrestricto de la división de Poderes.
“Una muy buena elección con resultados electorales claros y contundentes, es el primer paso en condición necesaria pero no suficiente para la vigencia plena y efectiva de un sistema democrático y para la vigencia plena y efectiva del Estado de derecho”, añadió.
El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero, dijo que la fragilidad del Poder Judicial y los amagos permanentes a su independencia e imparcialidad en algunos países de América Latina constituye uno de los retos más grandes para la consolidación de la democracia en la región y en todo el mundo.
Con datos del Informe de Latinobarómetro 2018, expuso que la confianza ciudadana en el Poder Judicial es sólo de 24 por ciento en el Continente Americano, lo que refleja una disminución de 12 puntos desde que alcanzó un máximo de 36 en 2006.
Además, en 15 países de la región, el Poder Judicial no alcanza a tener la confianza, ni siquiera de un tercio de la población.
Guerrero Aguirre mencionó que por ello que para asegurar la independencia judicial, se requiere entonces de un respeto irrestricto a las garantías constitucionales que preservan la separación y la independencia de poderes.
“Urge voluntad política para asegurar la independencia de la judicatura, incluyendo los procesos de selección y nombramiento de jueces y magistrados, así como de sus condiciones de servicio, la asignación de los casos, el presupuesto de la función judicial y todas dimensiones que conllevan su autonomía en una sociedad democrática”, mencionó.
Hizo hincapié en que preservar los valores de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia del poder judicial y sus integrantes es fundamental en la lucha por la consolidación de la democracia en las Américas.
“Las injerencias, las presiones y las amenazas no tienen cabida en el funcionamiento de un poder judicial, acorde a los estándares de la Carta Democrática Interamericana”, planteó.
Así como la democracia necesita de demócratas, una justicia constitucional requiere de jueces constitucionales, jueces que están sosteniendo una plaza y esa plaza es la Constitución, agregó.
