El legislador Rodrigo García Escalante presentó la iniciativa que reformaría los Códigos de Derechos y Financiero, ambos del Estado de Veracruz.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, en voz del diputado Rodrigo García Escalante presentó la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de los Códigos de Derechos y Financiero, ambos del Estado, con el objeto de quitar el cobro por Tenencia Vehicular en la entidad, toda vez que, consideró, sería una medida que beneficiará a la economía de los ciudadanos veracruzanos.

Durante su intervención en la octava sesión ordinaria, el legislador indicó que los veracruzanos esperan ver implementadas medidas que procuren su bienestar y su estabilidad en términos económicos.

Recordó que el 20 de diciembre de 2016 fueron emitidos dos decretos, el primero por el que se otorgó un subsidio del 100 por ciento a los causantes del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 y el segundo por el que se condonó el impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos, así como su actualización, recargos y multas derivados de adeudos de derechos por servicios de registro y control vehicular.

Dijo que dado que esa medida solo aplicó para los ejercicios 2017 y 2018 los ejercicios fiscales subsecuentes quedan a discrecionalidad de cada administración la continuidad o no de dicha condonación; por lo que –subrayó- el Grupo Legislativo del PAN considera necesario que dicho beneficio sea permanente a través de la derogación de los Códigos de Derechos y Financiero, el Impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos.

“Consideramos que el subsidio no es solución suficiente, máxime que este es usado como razón para amarrar otros ingresos de índole administrativa o fiscal que no guardan relación alguna con la esencia del tributo a subsidiar”, abundó.

Por último, dijo que los estados de Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán ya han eliminado de su legislación el pago por Tenencia Vehicular.

El Pleno de la LXV Legislatura turnó a la Comisión de Hacienda del Estado, para su análisis, la iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la cual tiene por objeto regular las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Estado de Veracruz.

En la octava sesión, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado esta iniciativa que, en primera instancia, refiere disposiciones  aplicables a las remuneraciones que perciben los servidores públicos, estableciendo claramente los sujetos a quienes les aplican sus disposiciones y los principios rectores a que deben sujetarse tales remuneraciones.

Por otra parte se establecen las bases para la determinación de las remuneraciones desarrollando legalmente dos principios fundamentales: el primero, que ningún servidor público puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República y para el Gobernador del Estado.

La segunda, que ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las excepciones que esta misma ley prevé.

De igual forma incluye el cálculo presupuestario de dichas remuneraciones, con la obligación de establecer los tabuladores y montos en los presupuestos correspondientes. También se estipula lo que tiene que  ver con las percepciones por concepto de retiro, jubilaciones y haberes de retiro, figuras que considera el texto constitucional.

Se establece el control, las responsabilidades y las sanciones, con el ánimo de que cualquier persona pueda formular denuncias ante la instancia interna de control y disciplina de los entes reconocidos en el texto del presente ordenamiento.

En la propuesta legislativa, el Ejecutivo estatal señala que esta ley es de suma relevancia, considerando la próxima discusión del Paquete Económico de 2019, destacando el tema de las remuneraciones de la alta burocracia en un contexto de crisis económica, escasez de recursos fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento interno y externo que obligan a hacer un uso eficiente y racional de los recursos disponibles destinados al gasto público.

Remiten a la Comisión de Hacienda del Estado la propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que prevé la aplicación de medidas para disminuir el gasto gubernamental.

La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuyo objeto es regular la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, y control del gasto gubernamental, como política pública en la entidad.

Lo anterior para cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado.

La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.

También la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como el contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

De igual forma busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.  Restringir a los casos estrictamente justificados por  razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.

Prevé limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.

Plantea restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o  equivalente.

Entre otras cosas propone establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.

No podrán constituirse fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.

La iniciativa, que consta de 13 artículos, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen correspondiente.

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Sindicatos magisteriales echaron abajo la versión de que la denuncia sobre la situación de inseguridad de maestros veracruzanos se trate de “rumores”, al solicitar al secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, la suspensión de clases a partir del 18 de diciembre en todos los niveles y áreas educativas. No obstante, advierten que aun sin autorización, se tomarán esos días.

El líder del Sindicato Magisterial Veracruzano, Luis Alonso Polo Villalobos, expuso que ya enviaron el escrito, “y si no hay respuesta favorable tendremos que decirle a nuestros socios que tomen las acciones pertinentes, porque para nosotros primero es su integridad física y seguridad, y de sus familias”.

En ese mismo sentido se pronunció el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación que encabeza Juan Pérez Hernández, quien a través de un oficio expone que durante los dos últimos años, los trabajadores de la educación han sido objeto de asaltos, secuestros y asesinatos.

En el documento que dirigen al secretario, menciona que “ante estos hechos lamentables y la cercanía del pago de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año, el temor de todos es mayor, por lo que para proteger la integridad física de las compañeras y compañeros el SITEM, muy atentamente le solicita adelantar el periodo vacacional a partir del 18 del presente mes”.

Xalapa

El doctorado que presume en la página del gobierno de Veracruz  Hugo Gutiérrez Maldonado, el nuevo Secretario de Seguridad, no existe en la institución educativa donde dice estudió: el  Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología (Cescijuc), confirmó a Apro una vocera del Centro.

Aunque se buscó la versión del funcionario o de la vocería del gobierno de Veracruz, hasta el momento no ha sido posible.

“Hugo Gutiérrez Maldonado es egresado de la Facultad de Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con dos maestrías y un doctorado en el nuevo sistema penal acusatorio”, precisa la presentación en la página oficial del gobierno veracruzano.

En su currículum el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad precisa que estudió un “doctorado de un año” en el Cescijucl, una institución educativa ubicada en una sórdida calle de Monterrey a la que la SEP le negó en 2008 el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Y en la oferta educativa de la página oficial del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología no existe el Doctorado en el “Nuevo Sistema Penal Acusatorio”.

Debido a que la página del Cescijuc pertenece a la sede de la Ciudad de México, Apro contactó a la unidad de Monterrey para preguntar sobre el Doctorado en el Nuevo Sistema de Penal Acusatorio.

Nayeli Santos, responsable de informar sobre la oferta educativa de la institución, confirmó que el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología no ofrece ese doctorado y enumeró las opciones académicas que sí se pueden estudiar en esa institución.

Catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) consultados por Apro señalaron que ninguna institución educativa puede ofrecer actualmente un Doctorado en el Nuevo Sistema Penal debido a que actualmente no existen en el estado doctores que lo puedan impartir.

Además, destacaron que una institución educativa que pretenda ser seria en sus planes de estudio no puede ofrecer doctorados que “se cursen en un año”.

De 2000 a febrero de 2008, la Secretaría de Educación Pública (SEP) negó el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a 432 instituciones de educación superior (IES) particulares, según información solicitada a la SEP por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La información oficial de la SEP, solicitada por la Revista Fortuna, señala que en la lista de rechazadas para obtener el RVOE entre 2000 y 2008 se encuentra el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología.

Apro también buscó la cédula profesional del Doctorado y la Maestría de Hugo Gutiérrez Maldonado en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública para el Registro Nacional de Profesionistas y sólo localizó la cédula 2635721 correspondiente a su licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, cursada en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Entre los años 2016- 2017 Gutiérrez Maldonado laboró en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, como director del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), la unidad responsable de combatir el narcomenudeo y el tráfico de algunas substancias prohibidas.

Antes de que llegara a la Procuraduría, en Nuevo León se registró el mayor problema de inseguridad y violencia que comenzó en 2009 y se extendió hasta el 2014, época en que los grupos criminales los Zetas y el Cartel del Golfo se disputaron la zona metropolitana de Monterrey.

En ese período ocurrieron varias masacres como la ocurrida en la prisión del Topo Chico donde fallecieron 52 internos. En el Cereso de Apodaca fueron 44. También fueron abandonados 49 torsos humanos en una carretera del municipio de Cadereyta y en el Casino Royale fallecieron otras 52 personas, la mayoría mujeres.

En el año más violento, 2012, Nuevo León registró dos mil muertos y recientemente se descubrieron cinco “campos de exterminio” donde los grupos criminales incineraron a miles de sus víctimas.

Para el período 2016-2017, época en que Gutiérrez Maldonado laboró en la Procuraduría y al frente del COE, los criminales ya habían dado una tregua a la violencia, la cual comenzó a reactivarse desde finales del año 2017 y actualmente está regresado a niveles cercanos a los peores años de inseguridad.

El exprocurador de Nuevo León Roberto Flores Treviño, jefe de Gutiérrez Maldonado lo considera apto para el puesto de Secretario de Seguridad de Veracruz.

En entrevista con Apro aseguró que el desempeño de Gutiérrez Maldonado al frente del COE fue “satisfactorio” y sin lugar a dudas lo recomienda para estar al frente de la Secretaría de Seguridad de Veracruz.

“Al licenciado Hugo Gutiérrez lo nombré director de COE cuando entramos a la procuraduría en diciembre de 2015. Estoy totalmente cierto que en su periodo como director del COE se llevaron a cabo investigaciones profesionales, con detenciones y aseguramiento de drogas con récord históricos en el estado”, afirmó el exprocurador Roberto Flores.

“El Centro de Operaciones Estratégicas se dedica al combate al narcomenudeo del estado”, precisó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el sector salud está peor que el de la educación y  anunció un plan en el que participan Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que “en estos 8 estados se va a federalizar el sistema de salud, se va a suscribir un convenio con los estados para que la federación se haga cargo del sistema de salud, lo que significa un fondo para incrementar por alrededor de 25 mil mdp, para que haya médicos, que la atención médica sea gratuita, que no falten los medicamentos, que mejore el sistema de salud”.

Denunció que “hay médicos que llevan 20 años trabajando como eventuales, y que cada 6 meses se irán añadiendo 8 estados, hasta que en dos años se tenga la cobertura completa”.