Ciudad de México.
En el último día de su administración, el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 42 títulos de asignación minera en diferentes estados.
Los lotes asignados van desde 122 hasta 44 mil hectáreas, de acuerdo con los títulos publicados el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los títulos fueron asignados al Servicio Geológico Mexicano (SGM) para que comience la exploración y eventualmente se otorguen las concesiones mineras correspondientes.
La vigencia de las asignaciones mineras es de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación en el DOF.
Entre los títulos asignados destaca el lote Tres Marías, en Comondú, Baja California Sur, con una extensión de 44 mil 984 hectáreas y el cual se ubica en las inmediaciones del campo pesquero del puerto de San Andresito.
También, un lote de 11 mil hectáreas se asignó en el municipio de Tejupilco, Estado de México, localizado sobre el lado izquierdo del camino principal por el que transitan los habitantes de la localidad El Cirián de la Laguna.
En Veracruz, se asignaron tres lotes cuya superficie total alcanza cerca de 5 mil hectáreas en el municipio de Yecuatla.
“Con este último decreto, la minería pasa del 2.7 al 3.6 por ciento del territorio asignado a proyectos mineros en reservorios ecosistémicos”, advirtió Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental.
“Ahora nos tocaron tres asignaciones con cerca de 5 mil hectáreas y es continuar la extracción minera de reservorios ecosistémicos como la Sierra de Chiconcuac que es el parteaguas de la Sierra Madre Oriental”.
Los efectos de la exploración minera a cielo abierto, agregó Rodríguez Almazán, genera afectaciones ambientales como la sobreexplotación y contaminación de mantos freáticos, deslaves y desertificación de suelos.
Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la Red de Afectados por la Minería (Rema) en Guerrero, señaló que los títulos de asignación minera autorizados por el gobierno de Peña, serán licitados para su explotación una vez que el SGM concluya la exploración.
“Siempre nos dejan regalitos. Habrá que ver ya con este secretario de Minas, con Napoleón (Gómez Urrutia) en el Senado, con la presión fuerte de las mineras canadienses y los empresarios más ricos del país que prácticamente todos tienen empresas mineras.
“Entonces a lo mejor pronto aquí nos sacan algo a relucir, alguna asignación que puedan empezar a salir de ahí”, señaló Mijangos Leal.
Es inadmisible, dijo, que continúe en el país la explotación minera a cielo abierto porque ninguna ley nacional considera medidas de prevención y mitigación de daños sociales y ambientales.
No obstante, advirtió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador da señales de que continuará con la misma política extractiva.
“Cuando este nuevo gobierno plantea un secretario de Minas que viene del sector empresarial, lo único que nos deja como mensaje es que vamos a seguir con una política vinculada a lo económico y abandonando la discusión de la política social y ambiental”, apuntó
Jesús Echevarría Haro, presidente del Consejo Asesor del A—O Reserva de la Biósfera Sierra Laguna e integrante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en Baja California Sur, reprobó la asignación minera para un predio de más de 44 mil hectáreas en esa entidad.
“Baja California Sur es un estado que tiene que replantearse la planeación porque su principal limitante es el agua.
“Ahora, en la Reserva de la Biósfera Sierra Laguna pretenden establecer también el proyecto minero Los Cardones de Ricardo Salinas Pliego que hasta ahorita hemos logrado frenar, pero el resto de las empresas mineras está esperando ver qué pasa con este proyecto para también actuar en los territorios”, apuntó.
Marco Ehrenberg, presidente de la Asociación Subcaliforniana de Pesca A.C, dijo que se mantienen en alerta roja porque luchan porque la contaminación minera no llegue a los mares y afecte la pesca.
Vacío legal en impacto
En México persiste un vacío legal porque el otorgamiento de concesiones o asignaciones mineras no está sujeto a un estudio de impactos a la salud, advirtió Horacio Riojas Rodríguez, director de salud ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública.
“Ninguno de los proyectos mineros tiene una prospección o un estudio de los posibles impactos a la salud.
“Esos impactos a la salud derivados de la minería se están documentando y se advierte que algunos son directos por la exposición a metales, pero otros son indirectos porque se afecta la disponibilidad al agua o se deteriora el ambiente”, indicó.
La tendencia a nivel nacional es que una vez que se ha hecho la explotación, se documentan los daños a la salud, indicó.
No obstante, subrayó que es importante realizar estudios previos a la explotación minera para anticipar medidas preventivas o de menor impacto a la salud.
Entre los principales daños a la salud relacionados con la minería, dijo, destacan las afectaciones neuronales y cancerígenas. Algunas son agudas y otras de largo plazo.
El daño a la salud por actividades mineras puede estar determinado por la exposición directa o bien, por la movilización de metales durante la etapa de explotación, señaló.
“A la hora de extraer por ejemplo el oro, también se movilizan otros metales. Hay zonas en Guerrero donde se lleva a cabo la explotación de oro, pero son zonas muy ricas en arsénico y es un cancerígeno conocido.
“Entonces, los efectos a la salud vienen por la movilización de estos metales ya sea directamente para extraerlo o porque se movilizan durante la extracción de otros metales”, afirmó Horacio.
En países como Colombia, subrayó, el otorgamiento de concesiones o asignaciones mineras está determinado por los estudios previos de impacto ambiental y a la salud.
Estos estudios, enfatizó, cobran mayor importancia en procesos como la pequeña minería de oro porque en el proceso se utilizan sustancias muy tóxicas.
