La noche del miércoles 11 de junio de 2025, pasadas las 23:00 horas, Juana Hilda González Lomelí salió del Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en el estado de Morelos, tras pasar 19 años en prisión.
Vestida de rojo y escoltada por el personal de la Defensoría Pública Federal, cruzó la reja que la mantuvo privada de la libertad desde 2006, sin ocultar una mezcla de conmoción y alivio.
Fue poco antes de las 22:00 horas cuando se hizo efectiva la orden emitida horas antes por la Primera Sala de la Suprema Corte, que instruyó su inmediata y absoluta libertad tras considerar que las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura e intimidación. El fallo se dio por mayoría de cuatro votos a uno, al validar el recurso de amparo promovido por su defensa y respaldado por la Defensoría Pública Federal.
González Lomelí fue señalada por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria y activista Isabel Miranda de Wallace.
Por este caso fue sentenciada en 2011 a 78 años de prisión, por lo que habría salido de prisión en el 2084.
Afuera del penal la esperaban integrantes de su equipo legal y varios medios de comunicación. Aunque visiblemente emocionada, Juana Hilda González no ofreció declaraciones extensas.
En sus primeras palabras sólo dijo: “Ahorita no quiero dar declaraciones, quiero enfocarme bien porque estoy en shock… todavía no lo puedo creer, pero gracias a mi equipo”.
Con una sonrisa en el rostro, sostuvo entre manos el documento oficial que acreditaba su liberación. Agregó: “Gracias por todo, gracias por su preocupación y por todo. Los amo. Ya vienen por mí (su familia)”.
La imagen de Juana Hilda González fue compartida por el periodista Ricardo Raphael en sus redes sociales, donde escribió: “Juana Hilda González Lomelí saliendo del Cefereso 16. Libre después de 19 años. Llegó para ella por fin la justicia. Falta aún conocer la verdad que la condenó sin justificación a vivir encarcelada”.
La resolución de la Suprema Corte consideró que la confesión obtenida por las autoridades en 2006 “no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas”. Por ello, declaró la nulidad de esa declaración y de cualquier otra evidencia derivada.
En un comunicado, la Defensoría Pública Federal señaló que el fallo “confirma los estándares sobre presunción de inocencia y la prohibición absoluta de la tortura”, y que esta sentencia “debe tener efectos inmediatos” en otros cinco casos vinculados al mismo expediente, cuyas pruebas se originan de la misma cadena de irregularidades.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también saludó la decisión, subrayando la importancia del debido proceso y la prohibición de la tortura como método de investigación penal.
Juana Hilda González fue acusada de formar parte del grupo responsable del secuestro de Hugo Alberto Wallace, ocurrido en 2005. El caso fue ampliamente difundido por medios nacionales, y durante años la figura de Isabel Miranda de Wallace tuvo una presencia constante en el seguimiento del proceso.
La sentencia de González Lomelí incluyó los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército mexicano.
La solicitud para revisar el caso fue presentada por su defensa pocos meses después del fallecimiento de Miranda de Wallace. En días recientes, la Fiscalía había pedido aplazar la resolución, argumentando que el fallecimiento reciente de la madre de la víctima hacía inoportuna la decisión. A pesar de ello, la Primera Sala resolvió en sesión pública que la justicia no podía seguir esperando.
El periodista y autor del libro Fabricación, Ricardo Raphael, reaccionó a la noticia de la liberación de Juana Hilda González Lomelí, tras la decisión de la Suprema Corte.
En diversas entrevistas con medios de comunicación, Raphael relató que esa misma mañana había leído la carta que la hija de González dirigió a los ministros de la Corte.
Conmovido, destacó que la joven escribió de puño y letra que tiene 29 años, los mismos que tenía su madre cuando fue encarcelada, y recordó que fue separada de ella cuando apenas tenía diez. Según explicó, la menor fue utilizada por autoridades de la entonces Procuraduría General de la República para presionar a su madre.
Raphael detalló que a Juana Hilda González le hicieron creer que, si no confesaba, su hija sufriría represalias. Dijo que fue esa coacción psicológica lo que llevó a la mujer a aceptar un crimen que no cometió, y que esa confesión, obtenida en febrero de 2006, se convirtió en la principal prueba del caso.
Señaló que la resolución aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte deja ver que el expediente Wallace pierde su sustento.
También mencionó que aún permanecen en prisión Jacobo Tagle y Brenda Quevedo, ambos sin sentencia en primera instancia, además de César Freyre y los hermanos Albert y Tony Castillo, cuyos amparos siguen en tribunales colegiados. Consideró que el mismo criterio de la Corte debería aplicarse a sus casos.
Raphael insistió en que no basta con liberar a Juana Hilda, ya que el proyecto aprobado por la Corte también plantea la obligación de investigar la tortura y encontrar a los responsables de la fabricación del caso. Añadió que estas acciones no provinieron de una sola autoridad, sino de un conjunto de funcionarios que actuaron en conjunto.
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