Desde que arrancó el actual sexenio de Claudia Sheinbaum (1 de octubre de 2024), la cooperación en seguridad entre Washington y Ciudad de México se ha intensificado: intercambio masivo de inteligencia, despliegue de herramientas forenses, y acuerdos bilaterales para frenar el flujo de armas y precursores. Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas sostienen que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha ido más allá del apoyo técnico: habría actuado como un actor central —en ocasiones encubierto— para localizar objetivos ligados a cárteles y facilitar operaciones que terminan siendo ejecutadas por fuerzas mexicanas. El gobierno mexicano ha rechazado públicamente la idea de “agentes estadounidenses operando dentro del país”, pero no niega la cooperación. Este reportaje reúne las pruebas públicas, los antecedentes desclasificados y los datos duros que ayudan a entender la dimensión real de esa “guerra invisible”.
Derivado de entrevistas con más de 60 funcionarios actuales y pasados de Estados Unidos y México— podemos afirmar que la CIA ha jugado un papel central y sostenido en la localización y persecución de líderes de cárteles, no meramente como proveedor de información, sino como actor que dirige, financia y facilita operaciones encubiertas que luego ejecutan fuerzas mexicanas. Reuters documenta que recursos de la CIA fueron redirigidos a la región tras la crisis de muertes por fentanilo en EE. UU., y que existieron “unidades vetadas” mexicanas entrenadas y apoyadas por EEUU con recursos y vigilancia avanzada. Estas revelaciones explican por qué ciertas capturas de alto perfil —presentadas públicamente como totalmente mexicanas— tuvieron detrás una arquitectura de inteligencia transnacional.
¿Por qué esto importa? Porque si la CIA facilita la localización y la planificación —aunque la ejecución la realicen soldados y marinos mexicanos— estamos ante una cooperación que, por su naturaleza encubierta, plantea preguntas sobre rendición de cuentas, límites legales y soberanía. Reuters mantiene su investigación pese a la réplica oficial; la discusión pública derivada de ese choque muestra el centro del conflicto entre eficacia operativa y control democrático.
El Palacio Nacional y la propia presidenta Claudia Sheinbaum salieron a desmentir publicaciones que hablaran de “agentes de la CIA operando dentro de México”, calificando esas versiones como “absolutamente falsas”. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha reconocido —en documentos y comunicados oficiales— la existencia de cooperación técnica y el convenio de trabajo con Estados Unidos en ámbitos como el intercambio de información forense, investigaciones conjuntas y capacitación. La fórmula política ha sido: negar presencia operativa extranjera pero aceptar y promocionar la cooperación técnica y legal. Esa doble vía es el sostén político del actual marco bilateral.
Datos duros y cifras verificables
A continuación, los principales datos públicos que ayudan a dimensionar el problema y la respuesta bilateral:
• Flujo de armas desde EE. UU. a México: estudios y reportes oficiales y académicos coinciden en que una proporción muy alta de armas recuperadas en México tiene origen estadounidense. El Gobierno de EE. UU. y organismos independientes han estimado que entre 60% y 70% (o más en ciertos análisis) de las armas recuperadas provienen de los Estados Unidos; otras estimaciones más amplias indican cifras de hasta ~200,000 armas anuales que cruzarían ilegalmente hacia México. Esto explica por qué la trazabilidad de armas está en el centro de las nuevas iniciativas bilaterales.
• Lanzamiento de “Mission Firewall” / U.S.-Mexico Security Implementation Group (septiembre 2025): ambos gobiernos anunciaron en la reunión inaugural la creación de una iniciativa para frenar el tráfico de armas hacia México, que incluye la expansión del sistema eTrace (trazabilidad de armas) y la implementación de imagenología balística en los 32 estados, trabajo conjunto en investigaciones y aumento de inspecciones en territorio estadounidense con vistas a cortar el flujo de armas hacia el sur. Este acuerdo es el marco operativo inmediato de la cooperación técnica.
• Efectos operativos visibles (decomisos, detenciones de alto perfil): desde 2024–2025 se registraron detenciones y decomisos de alto impacto que han sido asociados por fuentes a flujos de inteligencia internacional. Si bien las detenciones son ejecutadas por autoridades mexicanas, la inteligencia compartida ha sido adjudicada públicamente como factor clave en varias de estas operaciones investigativas. Reuters documenta ejemplos y patrones en los que la inteligencia externa habría sido definitoria para ubicar y seguir objetivos.
• Antecedentes históricos desclasificados: el National Security Archive (GWU) publicó desclasificados recientes —incluyendo archivos JFK y otros— que muestran cooperación activa entre la CIA y autoridades mexicanas durante la Guerra Fría, e incluso que México en ocasiones acogió y propició actividades de espionaje. Esos documentos sirven como un precedente histórico del tipo de relación que hoy aparece, con métodos distintos pero con un patrón de colaboración que se repite.
Tipos de actividad documentados públicamente (qué se hace y cómo)
Con base en comunicados oficiales, investigaciones periodísticas y archivos desclasificados, es posible agrupar la actividad en cinco ejes:
1. Intercambio de inteligencia (alto grado de verificación): SIGINT/IMINT, análisis de campo y reportes combinados. La colaboración rutinaria entre agencias se ha intensificado y formalizado.
2. Soporte forense y trazabilidad (verificado por acuerdos 2025): expansión de eTrace y de la imagenología balística. El objetivo declarado: identificar orígenes de armas y cortar rutas de suministro.
3. Entrenamiento y “vetting” de unidades mexicanas (documentado históricamente y reportado ahora): capacitación de unidades especializadas, asistencia en tácticas y protocolos. Reuters documenta que existen unidades mexicanas seleccionadas para tareas sensibles que han recibido este tipo de apoyo.
4. Asistencia encubierta para localización (evidencia periodística sólida, disputada oficialmente): apoyo en planeamiento y localización de objetivos que terminan siendo detenidos por instituciones mexicanas. Es la materia más polémica por su opacidad.
5. Vigilancia aérea y vigilancia remota (reportes y tensiones diplomáticas): notas y reclamos diplomáticos han aludido a misiones de vigilancia (incluyendo UAVs) que generan tensiones por soberanía cuando su despliegue resulta discreto o no autorizado públicamente.
Las investigaciones periodísticas describen múltiples episodios en los que la estructura fue similar: (a) inteligencia y vigilancia detectan la ubicación o ruta de un objetivo; (b) se coordina con unidades mexicanas entrenadas/vetadas; (c) la operación es ejecutada por fuerzas mexicanas; (d) la narrativa pública subraya la acción nacional mientras que la fuente de la inteligencia queda en la penumbra. Reuters ofrece ejemplos de capturas y seguimiento a líderes de cárteles que, según sus fuentes, tuvieron detrás apoyo y “dirección” de inteligencia extranjera. Las autoridades mexicanas han afirmado que toda operación en territorio nacional queda bajo control y mando mexicanos.
El National Security Archive ha publicado repetidamente documentos desclasificados que iluminan la íntima y compleja relación de inteligencia entre Estados Unidos y México en el siglo XX. Entre las publicaciones recientes están archivos del período JFK que muestran que el gobierno mexicano en varios momentos del siglo pasado no solo toleró sino que solicitó y promovió algunas actividades de la CIA dentro de su territorio —un antecedente que desmiente la idea de que la cooperación intensa es una novedad absoluta. Esos desclasificados ayudan a explicar por qué la relación de espionaje y contrainformación ha tenido una continuidad, con saltos y retrocesos según la coyuntura política.
Los archivos muestran además la práctica, recurrente en política exterior, de mantener en secreto operaciones sensibles y negociar su reconocimiento público sólo en términos generales. Esa práctica ha sido de uso tanto por Washington como por gobiernos mexicanos de distintas ideologías. El patrón histórico aporta contexto: cuando hoy se habla de “operaciones encubiertas” es la continuación bajo nuevos escenarios (tráfico de fentanilo, drones, trazabilidad digital) de una relación que tiene genealogía.
Eficacia a corto plazo: La cooperación ha generado resultados puntuales: capturas de perfiles relevantes, decomisos y golpes a estructuras. Sin embargo, la evidencia disponible no muestra que estas acciones hayan reducido de manera sostenible la oferta de fentanilo o desmantelado las cadenas logísticas transnacionales; en muchos casos la violencia territorial se fragmenta y aumenta.
Costos políticos y de legitimidad: Las revelaciones periodísticas y la opacidad generan un costo político en México: pérdida de control narrativo, cuestionamientos sobre soberanía y demandas de transparencia. La negación oficial sobre “presencia de agentes” es una herramienta para contener el malestar público, pero no resuelve la demanda ciudadana de rendición de cuentas.
Riesgo institucional y judicial: Operaciones encubiertas, si no están sujetas a controles parlamentarios y jurídicos claros, abren la puerta a violaciones de derechos humanos, falta de supervisión y problemas de responsabilidad en caso de errores o abusos. Las organizaciones de derechos humanos han pedido marcos de supervisión y auditoría para cualquier tipo de cooperación.
Lo que todavía no podemos probar
• No existe (en el dominio público) un “registro” oficial que detalle todas las órdenes de operación, transferencias financieras secretas, o la identidad de agentes concretos de inteligencia involucrados en misiones específicas dentro de México: esos documentos son clasificados o inexistentes en fuentes abiertas.
• Muchas de las afirmaciones sobre actividades encubiertas descansan en testimonios, documentos filtrados o corroboraciones periodísticas; su verificación completa exige FOIA/solicitudes de acceso o revelaciones oficiales que, por diseño, suelen no producirse.
La tensión entre eficacia y soberanía
Los documentos desclasificados, los acuerdos oficiales y las investigaciones periodísticas configuran un mapa coherente: existe una colaboración intensa entre EE. UU. y México en materia de seguridad que incluye desde intercambio de datos forenses hasta apoyo táctico y entrenamiento. La novedad y la tensión de este sexenio es la visibilidad de esa cooperación en un momento crítico —el auge del fentanilo y una crisis de armas— y la publicación de investigaciones que atribuyen a la CIA un rol operativo más activo que en años previos. El Estado mexicano rechaza públicamente la idea de agentes extranjeros operando dentro del territorio, y sin embargo acepta la cooperación técnica: esa ambivalencia define hoy la política y siembra una pregunta mayor —¿puede un Estado combatir eficazmente el crimen organizado sin erosionar su propia soberanía y sin perder transparencia democrática?—.
