XALAPA, Ver. Una decena de obras ejecutadas durante el sexenio del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez dejó un rastro de presunto daño patrimonial por 27 millones 742 mil 96 pesos, según reveló la auditoría técnica de la Cuenta Pública 2024 aplicada a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
La cifra no es menor. Se trata de diez proyectos observados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por haber sido ejecutados con deficiencias técnicas, pagos en exceso, permisos inexistentes o planos que no fueron más allá del papel. Todas las observaciones fueron clasificadas con el código “DAÑ”, que indica daño patrimonial no solventado. La administración estatal deberá ahora justificar el gasto o reintegrarlo.
Pero más allá de la suma millonaria, hay obras que destacan por su simbolismo político.
Puente homenaje a Heberto, obra de mala calidad
Una de ellas es el puente vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas, en Xalapa, a la altura del centro comercial Urban Center. Inaugurado en 2023 por el entonces gobernador García Jiménez, la estructura fue nombrada Puente “Heberto Castillo”, en homenaje al emblemático ingeniero, luchador social y referente de la izquierda mexicana.
Sin embargo, la auditoría lo desnudó: el paso superior fue calificado como una obra de mala calidad, con pendientes irregulares, carpeta asfáltica deficiente y pintura vial pagada pero nunca aplicada. Un “homenaje” que no resistió ni la inspección más básica.
De acuerdo con el ORFIS, el monto observado en esta obra asciende a 196 mil 440 pesos con 64 centavos, y se suma a una lista que incomoda al discurso de honestidad que marcó el sexenio.
El resto de las obras observadas podrían parecer menores en comparación, pero el patrón se repite: irregularidades técnicas, descuido administrativo y ejecuciones incompletas.
En Xalapa, por ejemplo, el proyecto integral de rehabilitación del Ágora de la Ciudad generó una observación por 474 mil pesos, debido a un pago en exceso por un “proyecto ejecutivo” del que nunca se presentó evidencia documental. La obra ya está finiquitada, así que no hay más margen de excusas.
Obras sin permisos de CONAGUA
En el sur del estado, el camino de acceso a la localidad de Agua Dulce, que incluyó la demolición de un puente y la construcción de uno nuevo, generó un daño patrimonial de 12.2 millones de pesos, el más alto de toda la muestra. El motivo: fue ejecutada sin permisos de la CONAGUA, a pesar de intervenir un afluente del río Tonalá, y sin la opinión en materia de impacto ambiental de la SEDEMA.
Otro caso es el del puente vehicular “El Maguey”, en José Azueta, una estructura de 120 metros que conecta a comunidades rurales. La SIOP ejecutó la obra sin el permiso necesario para intervenir el río Tesechoacán, y aunque la SEMARNAT había condicionado la construcción a contar con ese aval, la obra siguió adelante. El daño estimado: 10.5 millones de pesos.
También figuran proyectos de pavimentación en Coatzintla, con grietas en el concreto hidráulico que sumaron un daño de poco más de 106 mil pesos, y en Hueyapan de Ocampo, donde dos tramos del camino Juan Díaz Covarrubias – Cuatotolapan presentan fisuras, desplazamientos y fallas estructurales. El total observado entre ambas etapas supera los 1.8 millones de pesos.
En la región de Los Tuxtlas, el camino Tebanca-Benito Juárez, en Catemaco, fue intervenido sin permisos para construir sobre un cuerpo de agua vinculado a la Laguna de Catemaco. La irregularidad costó 1.3 millones más al erario.
Y en el norte, en Tuxpan, el camino La Victoria-La Unión mostró pagos en exceso y deficiencias constructivas que acumulan más de 252 mil pesos en observaciones.
Así, mientras el discurso de la 4T insistía en cerrar el paso a la corrupción y al dispendio, las obras públicas ejecutadas por la SIOP terminaron bajo observación, y con una factura millonaria que alguien deberá pagar.
Al menos en el papel, el legado de infraestructura de la administración Cuitláhuac García se desmorona no con escándalos, sino con fisuras, grietas y permisos ausentes.
La suma final, de más de 27 millones de pesos en observaciones, no solo representa un costo al erario: también cuestiona la narrativa de transparencia que presumió el gobierno saliente.
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