México.-Dos semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviaría al Congreso un par de iniciativas de reforma para regular el uso del agua en el país y acabar con el mercado negro en torno al recurso, ayer llegaron a la Cámara de Diputados los proyectos para expedir la ley general de aguas y cambiar diversos aspectos de la Ley de Aguas Nacionales.
Entre los principales temas propuestos en ambos documentos están aumentar sanciones por delitos hídricos, establecer un fondo de reserva de aguas nacionales, desaparecer el régimen de transmisiones de derechos del líquido entre particulares y fortalecer los medios de detección de usos irregulares del recurso.
Como se informó en este diario, el 24 de septiembre la mandataria dio a conocer en su conferencia de prensa matutina que remitiría dichos proyectos al Legislativo para evitar la “mercantilización” del líquido hecha desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero fue hasta el primer día de este mes cuando firmó las iniciativas de expedición de las dos normas.
En el documento –de 176 páginas– publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria se indica que la ley general de aguas busca “delinear las acciones que deben asumir los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del líquido para consumo personal y doméstico”.
Asimismo, “sentar las bases y modalidades para el acceso cualitativo y sustentable de los recursos hídricos”, fomentar la cultura del agua para generar conciencia sobre su importancia, promover su uso racional y eficaz y reconocer los sistemas comunitarios de aguas.
Respecto a los cambios a la Ley de Aguas Nacionales, la propuesta de Sheinbaum enfatiza que “el Estado mexicano será el único responsable de regular su uso”, e indica que el Registro Público de Derechos de Agua transitará hacia un registro nacional, para “contar con una herramienta que favorezca el adecuado control y transparencia del régimen de concesiones y designaciones”.
La iniciativa también destaca que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”, y que la reasignación de volúmenes del recurso “sólo podrá realizarse previo análisis y autorización” de los organismos gubernamentales encargados del tema.
En ese sentido, se derogan de la norma los apartados que permitían a los concesionarios cambiar total o parcialmente el uso del líquido y señala que deberán ceder sus derechos “para la atención de sequías extraordinarias, sobrexplotación grave, estados similares de urgencia o para garantizar la seguridad hídrica”.
Por otro lado, se menciona la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales para la reasignación de volúmenes del recurso, “el cual se integrará con los montos recuperados de títulos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, sin que éstos puedan considerarse en la disponibilidad”.
También crea nuevas faltas relacionadas con el mal manejo del líquido, como que los concesionarios lo cedan o vendan a terceros, o cambien su uso; eleva el monto de las multas que deben pagar los infractores e incluye la posibilidad de la clausura temporal o definitiva del permiso cuando no se hayan atendido las medidas correctivas.
Asimismo, incluye un capítulo para fomentar el reúso de aguas residuales, tratadas y no tratadas, según las disposiciones de las normas oficiales mexicanas en la materia.
La bancada de Morena en San Lázaro adelantó que las iniciativas presidenciales serán analizadas y votadas en la última semana de octubre.
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