Dos inmuebles en Cozumel que permanecían embargadas desde 2018, fueron regresados al exgobernador Roberto Borge Angulo, copropietario de las mismas, quien se encuentra preso en un penal de Morelos acusado de diversos delitos dentro de la función pública en Quintana Roo.
La orden provino, de acuerdo con folios reales consultados por Proceso, del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, controlada por funcionarios afines a Morena.
En 2018, por orden de un juez de Control de Chetumal, a solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, siete propiedades fueron embargadas para que el exmandatario y su familia, no pudieran disponer de ellas en operaciones de compraventa y actividades similares.
Borge Angulo se encuentra preso en Morelos, acusado de delitos relacionados con la función pública, cometidos siendo gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016.
Se trata de inmuebles ubicados en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel, objeto de investigación por la dilapidación del patrimonio público estatal durante su gobierno, señalado de complicidad con Claudia Romanillos Villanueva, extitular del IPAE, otrora dependencia administradora del patrimonio estatal, a quien también le fueron embargados bienes.
No obstante, de acuerdo con los folios reales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, desde febrero de este año, dos terrenos ubicados en la zona costera de Cozumel fueron liberados a favor de la familia de Roberto Borge, a siete años de que quedaron asegurados por mandato judicial.
Se trata de los predios ubicados en la avenida Juárez número 660 y la avenida Rafael E. Melgar con calle 5, número 399; ambos en Cozumel.
A partir de esta liberación decretada, la familia del exgobernador puede disponer de las propiedades para sus fines personales.
En julio pasado, un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos reconsideró al exgobernador, que pasó de cómplice a líder criminal por el delito de uso de recurso de procedencia ilícita, al haber enajenado 22 inmuebles por un daño al patrimonio público de más de 900 millones de pesos.
El exmandatario estatal también se encuentra inmerso en la polémica del traspaso del suministro del agua potable a manos de particulares con la empresa Aguakán, en el que también participaron políticos como Mauricio Góngora, excandidato a la gubernatura por el PRI, que igualmente estuvo preso y hoy presume su cercanía con Morena, principalmente en Playa del Carmen, desde donde busca un puesto de elección popular.
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