México.-Hasta hace un año, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una resolución en la que ordenó al Congreso de la Unión legislar para prohibir los plásticos de un solo uso en México por resultar dañinos para la salud. Sin embargo, tras meses de trabajo sin iniciativas que garantizan el derecho a un medio ambiente sano, organizaciones demandantes denunciaron el “greenwashing institucional” por omisiones en sus labores legislativas.
Luis Miguel Cano, experto en litigio estratégico y parte del amparo presentado, advirtió que México se encuentra en una simulación y, en el peor de los escenarios, con un amparo incumplido en materia de prohibición de plásticos innecesario por omisiones del Congreso y la falta de iniciativas encaminadas a detener la producción, venta y uso de estos materiales.
«Estamos en un Estado de simulación de respeto al derecho y de respeto al medioambiente ya la vida. Este caso es emblemático. Hemos partido de una realidad en México donde la contaminación por plásticos de un solo uso estaba incontrolada, donde las empresas se habían amparado para lograr que se invalidaran las prohibiciones locales, de municipios y estados, para que no usaran plásticos de un solo uso con PET y unicel a partir de una resolución de la Segunda Sala de la Corte», recordó el abogado.
A partir de esa resolución es que seis organizaciones ambientales presentaron su propio amparo, señalando que esta prohibición es de competencia federal y que es tarea del Congreso de la Unión legislar para prohibir los plásticos de un solo uso que están elaborados con PET y unicel.
De acuerdo con Greenpeace, las políticas impulsadas desde el Ejecutivo y el Congreso sólo legitiman el modelo de producción lineal que no cumple con la ambición de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por tener en México iniciativas en materia de economía circular.
La organización advirtió que este modelo lineal sólo asegura los intereses de la industria plástica y petrolera.
Con lo anterior, enfatizaron que se encuentra en incumplimiento la sentencia emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 15 de agosto de 2024, con el número de folio del expediente 32832764, en la que se reconoce la omisión legislativa del Congreso de la Unión para que se prohíba la venta, distribución y consumo de plásticos de un solo uso a nivel nacional.
En la resolución también se menciona la obligación constitucional e internacional de legislar en favor del derecho humano a un medio ambiente sano ya la salud.
Este juicio de amparo fue promovido por las organizaciones ambientales Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura.
“Nos dieron ese amparo y llevamos meses en el tema del incumplimiento (…) este amparo se vuelve emblemático porque demuestra, fácilmente, como las autoridades incumplen”, sentenció el abogado, Luis Miguel Cano.
A esta denuncia subrayó que el Poder Judicial señaló que la falta de actividad legislativa violenta el derecho a la salud y el bienestar de toda la población.
Claudia Romero, de la organización Fronteras Comunes, denuncia que desde hace un año se espera que se cumpla este amparo pero solo han recibido, por parte del Congreso, iniciativas que han priorizado a la industria sobre los derechos humanos.
“Se ha reportado varias iniciativas que priorizan la economía circular que hablan de una falsa valoración de los residuos basada en la incineración, el coprocesamiento y el Waste to Energy (aprovechamiento energético de los residuos) que son mecanismos de gestión que durante años han devastado territorios y afectado a la salud y, por supuesto, vulnerando los derechos humanos”, indicó Romero.
Entre las iniciativas que preocupan a las organizaciones demandantes son la Ley General de Economía Circular y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y añaden diversas disposiciones en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
Claudia Romero mencionó que estas iniciativas se presentan por parte del Partido Verde Ecologista de México, las cuales promueven incentivos económicos dirigidos a los productores con el objetivo de sensibilizar sus obligaciones, es decir, se les permite que continúen produciendo residuos valorizables para que estos puedan ser coprocesados o incinerados.
Otra de las iniciativas señaladas son “las etiquetas verdad”, que de acuerdo con el análisis de las organizaciones, se encuentran relacionadas con la práctica conocida como “greenwashing” donde las industrias que tengan o procesen residuos a través del coprocesamiento o la incineración se les entrega estas insignias por “valorizar” los residuos.
Greenpeace México también alertó sobre estos proyectos desde el legislativo como la propuesta por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez con el “Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos”, que abroga la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040.
Las organizaciones advierten que esta propuesta, en los hechos, funciona como un blindaje para impedir acciones inmediatas que garantizan el cumplimiento del amparo.
Por otro lado, también son señalados el diputado Sergio Gutiérrez Luna y la diputada Laura Ballesteros quienes priorizan el reciclaje y la valorización energética en sus iniciativas las cuales se enfocan en la incineración y el “greenwashing”, en lugar de atender la crisis ambiental y sanitaria generada por el plástico.
“La iniciativa que reforma y adición de diversas disposiciones a la LGPGIR, impulsada por el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna y la Diputada Laura Ballesteros, excluye al PET transparente, uno de los principales plásticos contaminantes. Con ello se priorizan nuevamente los intereses de la industria por encima de la salud humana y de la protección ambiental”, subrayó Greenpeace México.
La iniciativa del senador Waldo Fernández González también fue analizada por las organizaciones con la que se busca crear la Ley General de Economía Circular, la cual pone como criterios centrales el reciclaje y la valorización energética e ignora la gravedad de la gestión de residuos y los principios precautorios.
Las organizaciones demandantes señalan que estas iniciativas son una muestra de falta de voluntad política por querer resolver el problema de raíz que es la prohibición de la producción de los plásticos de un solo uso.
Claudia Romero, de Fronteras Comunes, explicó que la contaminación por plásticos no solo ocurre al desechar el producto sino que está presente en cada etapa de vida de ese producto.
Es decir, desde la extracción, la producción donde se añaden los aditivos tóxicos que dañan a las personas y el medio ambiente; el consumo, el deseo, el reciclaje, la disposición final y el colonialismo de la basura, es decir, “recibimos basura de otros países para procesarla aquí”, añadió.
Greenpeace México se suma a la denuncia en la que señalan a la Semarnat y diversos legisladores a impulsar iniciativas cargadas de un discurso de “economía circular”; el cual favorece a la industria plástica y busca aplazar la prohibición de plásticos de un solo uso, incumpliendo un amparo ganado en 2024 que les obliga a eliminarlos.
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