EFE .-El Gobierno de México reiteró su rechazo a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que por primera vez llevó la crisis de desapariciones en el país ante la Asamblea General de la ONU, al considerar que hay indicios de una práctica “generalizada” y/o “sistemática” de desaparición forzada en el país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó en un comunicado que las afirmaciones emitidas por el CED “carecen de sustento y no son admisibles“, y atribuyó a la “delincuencia organizada” el “fenómeno de la desaparición forzada en México”.
El pronunciamiento de la Cancillería mexicana ocurre a raíz de que el CED activó un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para analizar si en México las desapariciones son generalizadas y/o sistemáticas.
Al tiempo que remarcó su rechazo a dichos señalamientos, la SRE apuntó que México es “uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos”.
La cancillería aseguró que “la desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”.
Y enumeró varias acciones del Gobierno al respecto, como la implementación de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, y el “robustecimiento” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
También señaló que “se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas”.
La SRE agregó que el Gobierno mexicano ha mantenido un diálogo con el CED, en relación con el procedimiento anunciado a inicios de abril, que hace unos días fue llevado ante la Asamblea General de la ONU.
Además, pidió al Comité analizar “con objetividad, antes de emitir nuevos juicios”, el informe enviado por el Gobierno mexicano sobre la situación de las desapariciones en el país.
El martes, representantes de México en la Asamblea General de la ONU manifestaron su inconformidad por el inicio del mencionado procedimiento.
“México no comparte la decisión del Comité, consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en un caso como el de mi país”, expresó el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz.
Vasconcelos argumentó que la aplicación de dicho artículo debe reservarse a “situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos a fin de no desvirtuar su naturaleza”.
Ante esa reacción, Amnistía Internacional pidió al Gobierno de México mantenerse abierto al escrutinio internacional, al considerar que “no es normal” la “total impunidad” en los casos de desapariciones y que sean las familias las encargadas de las labores de búsqueda, pese a las amenazas, ataques y asesinatos contra ellas.
México acumula más de 133 mil reportes de desapariciones, con un incremento de más de cinco mil casos en el último trimestre, según datos de RNPDNO, que contabiliza las desapariciones desde la década de los cincuenta.
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