XALAPA, VER.- El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) podría volverse financieramente inviable a corto plazo. El organismo advierte que las reservas para sostener el sistema, sumadas al crecimiento acelerado del número de pensionados, podrían dificultar el pago de las obligaciones con sus derechohabientes.
Este viernes 28 de noviembre se publicó el Programa Institucional del IPE. En el documento se recuerda que, aunque el Instituto ha logrado estabilizar sus finanzas tras el saqueo ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte —cuando se malversaron más de 2 mil millones de pesos—, los recursos actuales podrían resultar insuficientes.
El diagnóstico subraya un conjunto de factores críticos: el incremento sostenido del número de pensionados, el crecimiento mínimo de trabajadores activos, un déficit creciente entre las cuotas aportadas y el monto de las pensiones, y el hecho de que los egresos por jubilaciones superan a los ingresos por aportaciones. A ello se suma que las reservas no serán suficientes para sostener el sistema en el mediano plazo.
En el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se aprobó una ley que buscaba darle viabilidad financiera al IPE incrementando las aportaciones; sin embargo, la legislación fue vetada por el propio mandatario panista, pues implicaba una carga financiera adicional para el gobierno como patrón. A la fecha, el Congreso de Veracruz no ha planteado una alternativa para fortalecer al Instituto, lo que lo mantiene en riesgo.
IPE reporta más pensionistas que personas activas
Según el diagnóstico, el monto de los egresos por concepto de pensiones seguirá creciendo hasta alcanzar niveles inaceptables, poniendo en peligro la seguridad económica de los actuales y futuros pensionados e incluso la fuente de trabajo que sostiene al sistema.
Entre 2018 y 2024, el salario promedio de cotización pasó de 11 mil 409 a 16 mil 158 pesos; mientras que la pensión promedio aumentó de 16 mil 933 a 18 mil 206 pesos. Es decir, desde 2024 el IPE ya paga pensiones más altas que los salarios de cotización promedio, lo que origina un déficit estructural.
El Instituto registra ingresos por 11 mil 507 millones de pesos y egresos por 11 mil 428 millones. De este monto, 10 mil 336 millones corresponden al pago de pensiones y jubilaciones, lo que significa que el 90% del gasto del IPE se destina exclusivamente a cubrir pensiones, dejando un margen operativo mínimo.
Ante este panorama, el documento considera necesario implementar medidas para contener costos y presupuestar de manera clara los subsidios requeridos, a fin de evitar poner en riesgo la seguridad económica de los derechohabientes.
Con corte a diciembre de 2024, la derechohabiencia total del IPE asciende a 135 mil 195 personas: 98 mil 728 activos cotizantes (55.2% mujeres y 44.8% hombres) y 36 mil 476 pensionistas (64.1% mujeres y 35.9% hombres).
La población activa ha crecido en menor proporción que la población pensionada: 0.62% frente a 3.93%. Incluso, en 2023, la tasa de crecimiento del personal activo fue negativa. Entre 2023 y 2024, la población activa aumentó apenas en 610 personas, mientras que la población pensionada creció en 1,379.
El plan establece la necesidad de contener el desequilibrio generado por la disparidad entre cotizantes y pensionistas. Se mantendrán actualizadas las nóminas de personal activo entregadas por los entes incorporados para identificar omisiones o subregistros —particularmente de personal de confianza— con el fin de incrementar la población activa del Instituto.
Las opciones para fortalecer al IPE
Para garantizar el pago de las pensiones, el organismo gestionará ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Hasta diciembre de 2024, el IPE reportaba un déficit relevante derivado del retraso en pagos de cuotas y aportaciones de entes estatales y ayuntamientos.
El Instituto requerirá a los entes públicos incorporados y a la derechohabiencia que cumplan con sus obligaciones; asimismo, buscará incorporar nuevos entes al sistema de seguridad social para incrementar el número de cotizantes y los ingresos por cuotas y aportaciones.
También se dará continuidad a las acciones legales contra entes y derechohabientes deudores, presentando denuncias ante la Fiscalía General del Estado para recuperar adeudos.
El IPE mantendrá las acciones para la recuperación del Programa de Préstamos, con el fin de incrementar la Reserva Técnica; y buscará inversión de la misma con las mejores tasas disponibles en el mercado. Finalmente, continuará el mantenimiento y valoración de bienes inmuebles para fortalecer los ingresos derivados de su renta o venta.
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