México.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, debería ir a juicio político por no resolver dos expedientes de pago de impuestos por 35.000 millones de pesos.

“¿Qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político, pero si hacemos eso imagínense, si ya fueron a la OEA (Organización de Estados Americanos), ¡uy, qué miedo!, ahora irían a quejarse con el rey de España o al Departamento de Estado de Estados Unidos. Es evidente que violan la Constitución”, señaló durante su rueda de prensa.

El titular del Ejecutivo acusó así a la ministra presidenta Piña de entregar a un ministro que “siempre ha defendido a potentados” un expediente por entre 30 mil y 35 mil millones de pesos con el que se buscaba evitar el pago de impuestos de una empresa que, aunque no mencionó, alude al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de una televisora, Banco Azteca y de Grupo Elektra.

Recordó que estas impugnaciones son “cosa juzgada” y que ambos expedientes ya habían pasado por la Corte, donde se resolvió que no eran competencia de los ministros, por lo que se fueron a un tribunal que determinó que se debían pagar esos impuestos. Pero tras otro recurso legal, el expediente volvió a la Corte.

“Si no resuelven antes de que yo termine (el 1 de octubre), ahí se los encargo, nada más para que le den seguimiento, que no se olvide, porque están pensando que si pasa el tiempo ya no sucedería nada”, acotó.

Señaló que la solicitud de juicio político contra Piña daría pie a pensar que su gobierno realiza una persecución contra ella, por lo que ha decidido no seguir ese camino.

En los últimos días, trascendió que Norma Piña admitió los dos recursos, una impugnación por un crédito fiscal de 18.455 millones de pesos, por emisión de pago de impuestos del año 2013, y otro de un crédito fiscal de 1.431 millones de pesos que data de 2008.

El primer caso se turnó al ministro Alberto Pérez Dayán, de la Segunda Sala de la Corte, que propondrá una resolución y someterá a votación de sus pares el caso, por lo que lo resolverán los cinco ministros integrantes de la Sala, y no todo el pleno con los 11 ministros.

El caso del crédito fiscal de 2008 lo analizará la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien deberá proponer un proyecto para que ella y sus cuatro compañeros lo discutan y voten.

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México.-La Iglesia católica y empresarios urgieron este martes a las autoridades atender el aumento de la violencia por los carteles del crimen organizado en la frontera sur de México y atender a los cientos de mexicanos desplazados a Guatemala.

Los obispos y párrocos en Tapachula, principal urbe en el límite de México con Guatemala, exhortaron al pueblo a unirse para pedir por la paz de los habitantes de Chiapas, estado de la frontera sur.

Martin Moreno, párroco de la iglesia de San Agustín, denunció en una entrevista con EFE que hay «situaciones muy difíciles» de violencia, y enfrentamientos armados entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, algo «inédito» en esta región de México.

También expuso que los grupos criminales obligan a las personas a estar en retenes o filtros para evitar que se entrometan integrantes del bando contrario, las colocan en los enfrentamientos y, si no acceden, extorsionan a los campesinos para que paguen dinero por sus cosecha.

“Hay una tendencia de las autoridades a minimizar o a decir que no existe (el problema), pero cuando un presidente como el de Guatemala (Bernardo Arévalo) dice: ‘tenemos 800 chiapanecos que están buscando refugio y los vamos ayudar’, no se puede decir que no existe», comentó el cura.

La Iglesia católica en Tapachula colocó lonas con el símbolo de la paz en la parte exterior de los templos para visibilizar el problema de la violencia en Chiapas, que se ha concentrado en la Diócesis de la Sierra Madre, donde hay 10 parroquias y 12 sacerdotes.

«El problema es grave y siguen los enfrentamientos entre estos dos grupos y toman a las personas como carne de cañón”, apuntó.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que atiende los hechos con un despliegue de las Fuerzas Armadas, pero el sacerdote comentó que, pese a la presencia militar, no hacen nada y la violencia ha ido escalando.

Aníbal Enrique Núñez, empresario de la asociación Procentro, reportó que, ante la inseguridad, sus ventas han disminuido hasta un 70 % y la contratación de empleados ha bajado más del 50 %.

“Acabamos de elegir a autoridades nuevas, van a entrar en octubre a hacer su trabajo, esperamos que estas nuevas autoridades no sean omisas como las que tuvimos en esta pasada Administración», dijo en referencia a las elecciones del 2 de junio y al cambio de gobierno.

Por ello, pidió «a las autoridades que están y a las que vienen que tomen cartas en el asunto».

En eso coincidió Detmar Yuren Vázquez, un habitante de Tapachula quien teme por la seguridad de los niños que volvieron a la escuela este lunes en medio del repunte de violencia.

“Como ciudadano chiapaneco, solicito a los tres niveles de gobierno que pongan ojos en el estado de Chiapas para que se tenga esa tranquilidad y esa paz, para que los hijos puedan salir y confiemos que van a regresar a nuestras viviendas, eso es lo que pedimos», expresó.

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