La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscará prohibir, de nueva cuenta, la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, pero ahora mediante una reforma a la Constitución en 2025.
Esto, pese al reciente fallo en contra del país en la disputa bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) por la negativa mexicana de permitir el uso de glifosato y maíz transgénico.
De acuerdo con Sheinbaum la modificación a la Constitución se ingresaría a las cámaras del Congreso de la Unión en febrero de 2025, cuando reanudan las sesiones ordinarias.
“El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución (del panel), porque muy pronto, en febrero, van a legislar —estoy segura— que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país”, apuntó en conferencia de prensa desde el norteño estado de Chihuahua.
Además, destacó que el maíz es una maravillosa planta originaria de Mesoamérica y que surgió en lo que hoy se denomina México, a través de la domesticación de los pueblos originarios, por lo que instó a proteger su biodiversidad, con más de 60 razas de este grano en el país.
“Como decimos: ¡Sin maíz, no hay país!”, enfatizó.
El viernes, se dio a conocer el informe final del grupo conformado por tres especialistas del TMEC que concluyó que las medidas implementadas por México en torno al maíz genéticamente modificado no cumplen con los estándares internacionales y científicos requeridos por el tratado.
Este fallo ha generado una fuerte respuesta del Gobierno mexicano, aunque ha admitido que acatará la resolución, siendo el resultado de una controversia que inicio Estados Unidos y a la que se sumó Canadá, al impugnar dos aspectos del decreto mexicano sobre el glifosato y maíz transgénico de 2023.
La disputa giró desde entonces alrededor de las medidas del Gobierno mexicano que prohíben el uso de maíz transgénico para consumo humano y establecen una gradual sustitución.
Según el panel, estas medidas no se basan en una evaluación de riesgos adecuada ni en la evidencia científica necesaria, lo que constituye una violación de los principios del TMEC, que requieren políticas comerciales basadas en la ciencia.
Ahora, conforme a las reglas del tratado, México tiene un plazo de 45 días para cumplir con el fallo y adecuar sus medidas de acuerdo con las conclusiones del panel.
No obstante, este criterio solo emite un criterio sobre un decreto publicado en 2023, pero no limita a México a reformar su Constitución.
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