Las campañas electorales llegan a su fin este miércoles en México, tras un proceso electoral que ya es considerado como el más violento de la historia del país y en el que el amplio control territorial de las organizaciones criminales en algunos estados del país ha jugado un papel fundamental, advierten expertos y analistas.
Hasta el momento, la campaña electoral es una de las más violentas de México con más de 30 candidatos asesinados y el Gobierno ha desplegado a 27 mil 245 agentes de seguridad para realizar patrullajes y hacer presencia disuasiva frente a la criminalidad.
De acuerdo con los datos recabados por la coalición, mediante estudios y reportes de organizaciones como Data cívica, México Evalúa, Integralia y Semáforo Delictivo, al menos un 20 por ciento de las secciones electorales tiene un alto riesgo de violencia electoral, mientras que 8.9 por ciento poseen un riesgo medio.
El pasado 9 de mayo, la coalición opositora Frente y Corazón por México, cuya candidata presidencial es Xóchitl Gálvez, presentó un ‘Mapa de riesgos de la elección 2024’, que expone que el 29 por ciento de las secciones electorales son un foco potencial de violencia por el crimen organizado.
Para Javier Oliva, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “el escenario es muy complejo porque la presencia de un grupo criminal, por ejemplo, en el estado de Jalisco, no es del mismo peso que puede tener en el estado de Sonora”.
Además, apuntó que la relación condicionante entre un grupo criminal y un partido político determinado “puede cambiar de municipio a municipio (…) como parte de una dinámica de alianzas y de imposiciones a nivel local”, pero descartó que haya “una línea homogénea, es decir, un partido no es que esté aliado con una organización criminal en todo el país”.
Por su parte, Eunice Rendón, exfuncionaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay estados y regiones en México “que están más a la ‘buena de Dios’ y remitió como ejemplo a Chiapas “un territorio que cada vez está más lejos de la autoridad, que ha perdido la gobernabilidad en varios de sus municipios”.
Lo mismo, dijo, que en Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, Veracruz y Guanajuato “son estados donde el crimen ha ido ganando mucho territorio y tiene estos esquemas o este tipo de comportamientos”.
Rendón indicó que en los últimos años “la extorsión ha tomado diferentes dimensiones, ya no es nada más la extorsión, sino que ahora hay una extorsión del “cobro de piso” (a empresas, negocios y comercios) y cobro de paso (migrantes y familias) y extorsión con productores en el país, en donde los criminales ponen precios a los productos”.
El pasado 15 de mayo, sacerdotes de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas) indicaron que algunas regiones del estado, en los últimos meses y semanas, han resultado afectadas por la violencia, inseguridad o que son controladas por grupo del narcotráfico, “no había condiciones para celebrar las elecciones del 2 de junio”.
Sobre si la respuesta del Gobierno mexicano, mediante la militarización, se ha quedado corta, Oliva señaló que “a nivel de los gobiernos de los estados ha habido poco compromiso o por ignorancia o por ineptitud, no quiero decir por complicidad”.
La preocupación sobre la seguridad crece a una semana de que México tenga las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, con 98 millones de electores convocados a renovar más de 20 mil cargos.
