Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial el próximo octubre a la nueva presidenta o nuevo presidente, en México habrá 27 millones 158 mil personas con rezago educativo; es decir, que no sabrán leer, escribir o hacer cuentas, o que no habrán concluido la primaria o la secundaria.
Se trata de un panorama reconocido en las previsiones de las Reglas de Operación del Programa Educación Para Adultos para 2024 del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), el organismo corazón de las políticas públicas para abatir los atrasos en la educación de la población mexicana desde 1981.
El INEA, conforme al cálculo de la estimación de la población en rezago educativo de 15 años y más al 31 de diciembre de cada año, reconoce 27.8 millones de personas en esa condición hasta 2022. En el mismo documento el Instituto admite que en 2024 podrá atender a 800 mil personas, de las cuales, sólo 642 mil lograrán atravesar la brecha del rezago.
En esta condición de analfabetismo o niveles educativos mínimos son más las mujeres que los hombres. La desventaja se refleja en el acceso al trabajo formal e informal.
Reporte Índigo realizó una localización de contrataciones públicas en CompraNet para conocer la forma en que el INEA avanza hacia el objetivo de reducir este rezago.
En los cinco años pasados, invirtió en campañas en medios, arrendamiento de autos e incluso subcontratación, con contratos de decenas de millones de pesos.
Se trata de un periodo en el que tuvo tres directores. De diciembre de 2018 a 2019 lo condujo Marcos Augusto Bucio Mujica, de julio de 2019 a marzo de 2021 estuvo a cargo Rodolfo Lara Ponte; de marzo de 2021 a octubre de 2023, Teresa Reyes Sahagún y a partir de noviembre de 2023 está Ixchel George Hernández.
La subcontratación –esquema que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió eliminar– subsistió en el INEA hasta 2019. Ese año la empresa We Keep on Moving S.A de C.V, que en los cinco años anteriores había sido una de las dominantes en el Gobierno federal, se llevó tres contratos por más de 38 millones de pesos.
La difusión de la campaña “La Educación Transforma” en diversos medios costó poco más de 33 millones de pesos y se concentró entre 2023 y 2024. En cuanto al arrendamiento de vehículos, se erogaron más de 120 millones de pesos con las empresas Forza Arrendadora Automotriz y Lumo Financiera del Centro. Esta última se llevó el 90 por ciento de ese pastel.
El Instituto gastó por año en promedio, entre 2019 y 2023, poco más de 425 millones de pesos, una cantidad que representa casi la mitad del costo de la Estela de Luz, el monumento edificado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para conmemorar el bicentenario de la Independencia y la Revolución.
Entre 2019 y lo que va de 2024, el INEA ha firmado sólo cinco contratos mayores de 100 millones de pesos. El más caro hasta ahora fue por 406 millones 313 mil 850 pesos para el servicio de elaboración y distribución de módulos del modelo de la Educación para la Vida y el Trabajo hispanohablante, e indígena bilingüe. Se trata de una herramienta de la que se vale el INEA para alfabetizar mediante la experiencia personal y colectiva en la cotidianidad. Tuvo vigencia de agosto de 2021 a marzo de 2022. Después, ya no fue firmado ningún contrato para su desarrollo.
Entre quienes se han rezagado en los estudios, según el propio INEA con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, están 4 millones 200 mil personas que no saben leer ni escribir. Más allá de la conmemoración del Día Internacional de la alfabetización –el 8 de septiembre– que costó 123 mil 100 pesos en 2021, el concepto no aparece mencionado en las compras públicas del Instituto localizadas por este medio.
Las mujeres y los hombres mayores de 15 años en esta situación integran el conjunto de rezago educativo, pero escapan de un foco particular. Se trata del 4.7 por ciento de la población y está distribuido en los estados considerados como más pobres: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Fueron ellos, los llamados analfabetas, los que dieron pie a la creación del INEA en 1981. En esos momentos, más del 25 por ciento de la población vivía con esa condición, para 1990 la proporción fue de 12.4 por ciento, para 2000 bajó a 9.5, en 2010 se redujo al 6.9 hasta el presente cuando el fenómeno persiste.
Con todo, el INEA se perfila para una nueva etapa cuando en octubre de este año un nuevo Gobierno federal inicie funciones.
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