México.-La potencial designación de cárt£les mexicanos como organizaciones t£rrøristas de parte del gobierno de los Estados Unidos podría poner en riesgo la estabilidad económica de la región al abrir la puerta para el congelamiento de bienes y recursos no sólo de integrantes de esos grupos, sino de personas ajenas a ellos.
Así lo advierte un estudio del prestigiado instituto de investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, con sede en Washington, The Wilson Center Institute, el cual reconoce la posibilidad de un daño colateral a la economía bilateral como resultado del endurecimiento de sanciones financieras e incluso penales si se da una designación de esta naturaleza.
En análisis, publicado en 2024, explica que la inclusión de los cárt£les mexicanos en la lista de Organizaciones Foráneas Terror1stas (FTO, por sus siglas en inglés), que se realiza al amparo de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, amplifica las posibilidades de persecución y sanción no solo contra esos grupos.
Esto debido a que se consideraría inmediatamente ilegal y susceptible de sanción cualquier tipo de “apoyo material o recursos” que una persona, empresa, sociedad u organización haya prestado a una FTO.
Es un escenario que supera, por ejemplo, las sanciones de las listas negras del Departamento del Tesoro (conocida también como OFAC), que se concentran en crim1nales y terceros que participan en el trasiego de drøgas o lavado de dinero.
La legislación estadunidense conceptualiza el “apoyo material o recursos”, como “cualquier propiedad, tangible o intangible, o servicio, incluyendo moneda o instrumentos monetarios o valores financieros, alojamiento, capacitación, consejería experta o asistencia, casas de seguridad, documentación o identificaciones falsas, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, sustancias letales, explosivos, personal y transporte”.
Son recursos y servicios, destaca el estudio de The Wilson Center, que pueden ser ofrecidos por un alto espectro de actores que operan legalmente.
“Como consecuencias de las referidas cláusulas de apoyo material, la designación de una nueva organización como FTO puede tener repercusiones económicas, que afecten no solo al cártel, sino que además impacten negocios legítimos y personas en la región, llevando a una inestabilidad económica”, advierte el análisis.
Además, el gobierno estadunidense puede actuar a través de diversos mecanismos en contra de esas personas o negocios. Por un lado, el Departamento del Tesoro puede solicitar directamente a instituciones financieras el aseguramiento de cuentas y otros bienes ligados con ellos y, por otro lado, los fiscales pueden impulsar acciones civiles y hasta penales en su contra.
En ese contexto, agrega The Wilson Center, también existe el riesgo de posibles “repercusiones económicas y políticas” de gobiernos, en este caso México, ante posibles abusos en la designación de actores que no tengan participación en las actividades de los cárteles.
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