Xalapa, Ver.- Cerca de las 15:00 horas de ayer, diputados locales electos, dirigentes estatales y legisladores se dieron cita en el Congreso del Estado, para una rueda de prensa que ofrecería junto al dirigente nacional y los líderes estatales.

Sin embargo, los alrededores del recinto se fueron llenando poco a poco de los integrantes de Los 400 Pueblos, quienes se apostaron en las aceras de la avenida Encanto, a la espera del panista.

Minutos más tarde, el gobernador electo arribó caminando al recinto legislativo, donde de manera inmediata fue sitiado por los campesinos, liderados por Cesar del Ángel, quienes quisieron impedir su ingreso al edificio.

Al menos cuatro personas resultaron agredidas, entre ellos el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, por integrantes del grupo de los 400 Pueblos, luego de acudir al Congreso del Estado para realizar un exhorto a los diputados locales a que no voten el nombramiento de Fiscal Anticorrupción.

Los manifestantes aventaron piedras, adoquines y botellas a la camioneta, rompiendo uno de los cristales laterales. Tanto a su llegada como a la hora de retirarse, Yunes Linares, quien fue acompañado por el dirigente nacional Ricardo Anaya, así como el coordinador de Procesos Electorales, Santiago Creel Miranda, fue agredido físicamente por los seguidores de Cesar del Ángel y el diputado local priista Marco Antonio del Ángel Arroyo, dirigentes de esa organización, utilizada por el Gobierno Estatal para “reventar” eventos del gobernador electo o protestas sociales.

Yunes Linares acudió al Congreso a realizar un exhorto a los diputados locales para que no voten a favor de la designación del Fiscal Anticorrupción, que se prevé sea Francisco Portilla Bonilla, por ser un personaje cercano al Gobernador y como parte del “blindaje” que pretende hacer para su salida.

Por estos hechos, hay un escolta internado en el hospital Los Ángeles de esta capital y el panista Demetrio González Hernández, asistente del diputado Alejandro Zairick Morante resultó  también con lesiones serias.

En su pronunciamiento, el panista dijo que los diputados locales tienen la oportunidad de hacer historia, enviando un mensaje claro a la sociedad veracruzana de no institucionalizar la corrupción que en la pasada elección, decidió sacar del poder.

Afirmó que hacerlo así, les permitirá a los diputados mantener la frente en alto y ver a los ojos a sus hijos, familia y amigo; de no ser así, dijo que se irán con el estigma de haber regularizado la corrupción y permitir que “una banda de delincuentes que gobernó a Veracruz durante seis años se vaya sin sanción”.

Agregó que Veracruz demanda un cambio, mediante el gobierno que eligieron los ciudadanos en las urnas. Pidió por eso que sean los nuevos legisladores quienes cumplan esta tarea, amparados en el hecho que ningún partido tiene mayoría y se pueden lograr acuerdos.

Miguel Ángel Yunes apeló a la honorabilidad y dignidad de los diputados para no aprobar los nombramientos del fiscal anticorrupción y comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública.

“No permitan de ninguna manera que quede impune la corrupción que lastimó a Veracruz durante todos estos años, es un exhorto respetuoso, de veracruzano responsable, y es el compromiso en este Congreso, no solo de hacer justicia sino de actuar con honorabilidad”, agregó.

Sostuvo que esperarán a que se actúe en conciencia, antes de adelantarse a las acciones legales que podría emprender Acción Nacional para echar abajo los nombramientos.

El gobernador electo se manifestó a favor de las declaraciones de la presidenta nacional del PRI, Carolina Monroy, al destacar que es una señal clara que hay coincidencia con el pueblo veracruzano de sancionar a quienes han saqueado al estado.

Con relación a la presencia de Los 400 Pueblos a las afueras del lugar, el ex director del ISSSTE aseguró categórico que es la respuesta propia “de un régimen podrido que ya se va. Esto no lo volveremos a ver en Veracruz, a partir del primero de diciembre, Veracruz cimentará su vida en el respeto al estado de derecho, en el respeto a las libertades ciudadanas, a la democracia”.

Tras señalar que del Congreso saldría como llego, “por la puerta grande”, Yunes Linares se encaminó a la salida, para abordar su vehículo que lo esperaba a unos metros del Congreso. Al salir, nuevamente fue sitiado por los manifestantes, quienes le pegaron algunos manotazos en la cara, mientras subía la avenida.

En todo momento, las personas insultaron al gobernador electo, acusándolo de represor y asesino de campesinos. Los gritos envolvieron la zona, en tanto Yunes y sus colaboradores intentaban llegar al vehículo.

Una vez cerca de este, y justo antes de abordar, empezó una lluvia de piedras, adoquines y botellas que terminaban estrelladas en su camioneta, que finalmente lograron romper uno de los cristales. A través de sus redes sociales, Ricardo Anaya, José de Jesús Mancha Alarcón y Margarita Zavala condenaron los hechos.

En conferencia de prensa la tarde de este miércoles, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares pidió que el gobernador de Veracruz y el Fiscal General del Estado, sean separados del cargo.

Lo anterior, luego de la agresión que sufriera por parte de integrantes del movimiento de «Los 400 Pueblos», cuando salía de las instalaciones del Congreso del Estado, en Xalapa, en compañía del dirigente del PAN, Ricardo Anaya, y Santiago Creel.

De la misma manera, reiteró la solicitud al presidente de México, Enrique Peña Nieto, intervenir en el estado de Veracruz.

Xalapa, Ver.- La Procuraduría General de la República (PGR) abrió 22 nuevas averiguaciones previas en contra del Gobierno de Veracruz, por denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación en los últimos tres meses, relacionadas con malos manejos y posibles desvíos de más de 14 mil millones de pesos provenientes de recursos públicos.

Estas averiguaciones, se suman a las 26 que la PGR ya tenía en integración hasta el pasado 29 de febrero, por lo que el estado ya acumula 48 indagatorias abiertas en total, más que ningún otra entidad federativa del país.

De las 48 denuncias que enfrenta el Gobierno de Veracruz por delitos como desvío de recursos y fraude a la hacienda pública, 45 corresponden a irregularidades cometidas justamente en el sexenio actual.

En las nuevas denuncias, resultado de auditorías practicadas a fondos federales de 2011, 2012 y 2013 destinados a Veracruz para  acciones de salud, educación, seguridad y apoyo social a gente de bajos recursos, se denuncia desde grandes cantidades desviadas a otros fines, hasta miles de millones de pesos cuyo destino real se desconoce.

Las auditorías que dieron pie a estas nuevas denuncias, reportaron además del destino incierto del dinero, malos manejos en procesos de adquisiciones, como por ejemplo, el fraccionar los montos en diversos contratos para acomodarlos en licitaciones cerradas y evitar una competencia real.

La ASF entregó a un medio de comunicación la información actualizada de las nuevas denuncias de tipo penal presentadas ante el Ministerio Público Federal en contra del Gobierno de Veracruz. La PGR confirmó que todas las denuncias de la Auditoría están en integración y una vez culminadas las investigaciones “se procederá conforme a Derecho”.

Y habrá más. La Auditoría actualmente se encuentra analizando la información relacionada con la Cuenta Pública 2014, en donde Veracruz nuevamente fue uno de los estados con mayores irregularidades detectadas. En caso de que estas no se justifiquen, se presentarían más denuncias.

En este contexto el viernes pasado, confirmó la PGR, que la procuradora Arely Gómez sostuvo una reunión en privado en sus oficinas con el Gobernador de Veracruz en donde se abordaron varios temas cuyo detalle no se hará público de momento.

De acuerdo con el reporte entregado por la Auditoría Superior de la Federación,  de marzo a mayo de este año se presentaron 24 denuncias ante la PGR por irregularidades en el manejo de recursos federales, de estas 22 correspondieron solo a Veracruz. Las dos restantes fueron para el gobierno de Michoacán y para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las 22 denuncias presentadas en contra de la administración de Duarte corresponden a irregularidades detectadas en las siguientes partidas: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; y Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

También se confirmaron anomalías en los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; en los Recursos Federales Transferidos para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior en Bachilleres; en los Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación.

Finalmente en los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa y en los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social.

De los 22 casos denunciados, cuatro corresponden a irregularidades registradas en el 2011; 13 al 2012 y los otros cinco al 2013.

El monto total de recursos involucrados en posibles desviaciones y malos manejos asciende a 14 mil 492 millones de pesos por lo menos, según las auditorías que dieron paso a las denuncias. Cabe señalar que en todos los casos, el resultado de los dictámenes elaborados por los auditores de la ASF fue negativo.

Antes de presentar las denuncias penales, y como ocurre en todos los casos, la Auditoría dio oportunidad al gobierno de Veracruz para solventar o explicar los montos y las irregularidades detectadas. Si ello no ocurre se reúnen las evidencias y se presenta la denuncia.

Entre las anomalías detectadas en estas auditorías, destaca por ejemplo la “desaparición” de dos mil 719 millones de pesos que debieron destinarse para el pago a maestros de la entidad y el fortalecimiento educativo en 2011. El problema se debe en parte, a que la Secretaría de Educación de Veracruz transfirió el dinero a cuentas bancarias ajenas al mismo dificultando su rastreo.

Un año después, en 2012, volvieron a detectarse dos mil 90 millones de pesos transferidos a cuentas distintas a las de este mismo fondo. Tampoco se sabe cuál fue el destino de dichos recursos.

En ese mismo año, la auditoría detectó el paradero desconocido de 258 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y que debieron destinarse para fortalecer a las policías locales. De acuerdo con el reporte de los auditores, el dinero fue sacado de la cuenta específica del fondo sin que haya comprobación sobre su ejercicio.

Otro caso de 2012 es el de los recursos destinados a la infraestructura social, es decir, dinero que la federación otorga a los estados para apoyarlos en programas sociales como es el de techos y pisos para viviendas en zonas marginadas.

Los auditores reportaron que 453 millones de pesos de este fondo, que equivalen al 70 por ciento de todos los recursos asignados, no fueron ejercidos pero además se desconoce su paradero, es decir, el gobierno de Duarte no se los gastó en lo que debía pero tampoco comprobó en que se utilizaron.

En esa misma auditoría, la ASF detectó además prácticas irregulares del gobierno de Veracruz para simular la distribución legal de recursos. Por ejemplo, reportó que  la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz estaba “fraccionando contratos” para reducir los montos de los mismos y conseguir ubicarlos en licitaciones cerradas, sin competencia real abierta.

Cabe señalar que fue con esta modalidad de licitaciones cerradas que el gobierno de Veracruz consiguió asignar varios contratos a una red de empresas fantasma, que no existen en sus domicilios ni tenían infraestructura alguna para brindar esos servicios como ya confirmó una indagatoria del SAT realizada por separado.

Por citar otro caso, la Auditoría Superior de la Federación detectó en el manejo de recursos federales transferidos a Veracruz para el sector salud, irregularidades en el manejo de más de mil 500 millones de pesos. En proporción, se trata de uno de cada tres pesos auditados de este fondo que fueron desviados del objetivo para el que estaban asignados.

Entre las denuncias presentadas por la ASF también hay tres casos por algo denominado “simulación de reintegros”, que según explicaron en la Auditoría, se trata de dinero faltante que el gobierno de Veracruz depositó en una cuenta para pasar la comprobación, pero que luego volvió a retirar de la misma lo que representa un engaño y un delito.