El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se recibieron las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En redes sociales, pidió a los ministros (excepto a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá) escribir su nombre en los documentos enviados, y los llamó “bellacos”.

«A excepción de los Ministros de la SCJN Alberto Pérez Dayán y de José Luis González Alcántara Carrancá, les voy a decir, escriban mi nombre, bellacos», escribió el presidente del Senado.

El martes pasado, el presidente de la Mesa Directiva aseguró que no se había recibido ningún documento oficial sobre renuncias de ministros.

Anteriormente, Fernández Noroña informó que se había atrasado la toma de protesta de integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, para el día 31 de octubre.

En entrevista, Noroña informó que las renuncias son de los ministros Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar, Jorge María Pardo, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Carracá.

Señaló que dos de ellos hicieron públicas sus renuncias desde el martes pasado, “llegaron a las 11:05 de la mañana, nos llegaron las ocho declinaciones y renuncias. La declinación es su decisión de no participar en el proceso electoral, los ocho han determinado no participar en el proceso electoral, hay uno, que yo entendería que es una declinación, el caso de González Alcántara Carrancá, más bien su documento es una reflexión política, es interesante”.

Mencionó que le llamó la atención el oficio de la ministra Ríos Farjat, que renuncia a sus “haberes”.

Después de que ayer tanto él como el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, adelantaron que podrían no aceptar las renuncias de los ocho ministros entregadas hoy al Senado, Fernández Noroña anticipó que el Poder Legislativo tomará la decisión al respecto después de que la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la validez de la reforma judicial.

“Vamos a ver qué deciden y con base a lo que deciden nosotros tomaremos nuestra propia determinación”, adelantó.

Además, dijo que esperará a conocer la resolución que tome el pleno de la Corte el martes próximo, pero destacó que llama la atención que sea el mismo día que la elección en Estados Unidos.

“No voy a especular más allá de eso, porque pueden no aprobarlo, pueden modificarlo, pueden hacer lo que quieran, como lo han venido haciendo contrario a sus atribuciones y al marco constitucional vigente.

“Yo esperaré la decisión, pero no deja de llamarme la atención la feliz coincidencia que es el día de la elección del presidente de Estados Unidos, el día que ellos van a resolver esto, me parece que nunca hay coincidencia, me llama la atención que hayan escogido esa fecha”, cuestionó.

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La ministra Norma Piña presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la que es presidenta.

Mediante una carta enviada al Senado de la República subrayó que se trata de un acto de congruencia y respeto a la Constitución.

Manifiesto que declino mi candidatura para participar en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán, entre otros, los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, adelantó.

Al tratarse de una renuncia anticipada, la ministra presidenta Norma Piña dejará el cargo el 31 de agosto de 2025.

Originalmente, su periodo al frente de la SCJN vence el 10 de diciembre de 2030.

La renuncia de Piña Hernández ocurre tras la dimisión de la ministra Margarita Ríos Farjat.

En su carta de renuncia Ríos Farjat dejó en claro que no aceptará el haber de retiro establecido en la reforma judicial, la cual criticó.

“La reforma impone una disyuntiva que considera impropia: que se presente una renuncia pero se permanezca en el cargo por unos meses más, a fin de preservar derechos; o permanecer en el cargo por esos meses más, sin renunciar a este, pero sí a lo que se tiene derecho. Si de cualquier manera se ha limitado sin reparo la duración de nuestra encomienda al 31 de agosto de 2025, esa disyuntiva es, por decirlo menos, extraña. Entonces, dado que de todas formas seguiré desempeñando fielmente mi encargo hasta esa fecha, presento mi renuncia efectiva, efectiva al 31 de agosto de 2025 y en los términos del citado artículo séptimo transitorio, como una forma de rechazo estas condiciones”, expuso.

Sin embargo, para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante un retiro de este tribunal constitucional”, refirió.

La ministra apuntó que devolverá a la Tesorería de la Federación su haber de retiro o donarlo a menores en situación de vulnerabilidad.

“Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la Tesorería de la Federación si que, antes o después, no logro cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Después de todo, siempre son las generaciones siguientes las que reciente en el quehacer de las actuales y la ausencia cada vez mayor de empatía, solidaridad y educación cívica”, enfatizó.

La renuncia de Ríos Farjat al cargo de ministra será efectiva a partir del 31 de agosto de 2025.

En la previa, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentaron su renuncia a la Corte, y se prevé que otros cuatro ministros sigan este camino.

Los únicos ministros que han expresado su interés en participar en el proceso electoral son Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes están alineadas con el actual gobierno.

La reforma judicial, publicada el 15 de septiembre, establece que los ministros que no se postulen o no resulten electos perderán el derecho a una pensión de retiro, a menos que presenten su renuncia antes del cierre de la convocatoria, lo cual les permitirá recibir una pensión proporcional al tiempo trabajado, con plazo máximo al 31 de agosto de 2024.

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Margarita Ríos Farjat presentó su renuncia al cargo de ministra y declinó buscar su reelección a través del voto popular, y subrayó que también renuncia a la pensión mensual que recibirá para que dicho dinero pueda ser destinado a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Fuentes cercanas a la ministra dejaron claro que la ministra no está renunciando en estos momentos a todo lo que implica su haber de retiro, sino sólo al salario mensual.

La ministra dejó claro que su renuncia no implica una convalidación tácita a un conjunto normativo que se encuentra controvertido, es decir, a la reforma judicial.

Mencionó que la reforma impone una disyuntiva que considera impropia.

“Que se presente una renuncia pero se permanezca en el cargo por unos meses más, a fin de preservar derechos; o permanecer en el cargo por esos meses más, sin renunciar a este, pero sí a lo que se tiene derecho. Si de cualquier manera se ha limitado sin reparo la duración de nuestra encomienda al 31 de agosto de 2025, esa disyuntiva es, por decir lo menos, extraña”.

Pese a ello, dijo que seguirá desempeñando fielmente su encargo hasta el 31 de agosto de 2025 y en los términos del citado artículo séptimo transitorio, como una forma de rechazo a las condiciones impuestas.

Sin embargo, mencionó que para mantener su espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, optó por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tiene derecho como futura integrante en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la Tesorería de la Federación si es que, antes o después, no logro cristalizar una forma de donarlo integralmente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Después de todo, siempre son las generaciones siguientes las que resienten el quehacer de las actuales y la ausencia cada vez mayor de empatía, solidaridad y educación cívica.

Finalmente, declinó ser incorporada en los listados de quienes participarán en la elección extraordinaria de 2025, aunque seguirá poniendo sus conocimientos, energía, lealtad y convicciones al servicio de la nación durante su encargo y más allá de este.

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Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó este 30 de octubre que declina participar en la elección del Poder Judicial de 2025, por lo que también presentó su renuncia anticipada al cargo.

Al igual que las y los otros siete ministros que presentaron su renuncia este miércoles, Laynez Potisek aclaró a través de una misiva que su decisión se fundamenta en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio de la reforma al Poder Judicial.

“Conforme a lo señalado (…) en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre del año en curso, hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, a celebrarse el 1 de junio de 2025, para el cargo de Ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación”, se lee en el documento que fue entregado a la Cámara de Senadores.

“En consecuencia, tal como lo exige el párrafo segundo del artículo séptimo transitorio de la reforma citada, presento mi renuncia anticipada al periodo constitucional para el que originalmente fui designado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Laynez Potisek, de 65 años de edad, fue ratificado como ministro de la SCJN el 10 de diciembre de 2015, por lo que su periodo concluía oficialmente en 2030.

Ahora, el todavía ministro dejará el cargo en agosto de 2025.

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El robo de combustibles, conocido como «huachicol», a manos principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convirtió a Veracruz en una de las entidades más afectadas en el pasado sexenio. El robo de hidrocarburos ha sido detectado en por lo menos 24 entidades.

Una red compleja de actores detrás del huachicol

El «huachicoleo» en Veracruz es mucho más que simples perforaciones en ductos. El delito involucra una extensa red de actores. Desde empleados corruptos de Pemex que facilitan información, hasta delincuentes organizados que extraen, almacenan y distribuyen el combustible robado.

Incluso, la participación de la población local en varias zonas es evidente, pues los huachicoleros ofrecen beneficios y ayudas sociales para ganar el apoyo de las comunidades.

Según informes oficiales, la administración de Andrés Manuel López Obrador concluyó el 30 de septiembre con un total de 72,337 tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país.

En promedio, cada día se registran 35 nuevas perforaciones ilegales.

El delito, que no solo afecta a la industria petrolera, tiene profundas raíces en varias regiones del país, donde se ha desarrollado una cultura alrededor del «huachicoleo».

Veracruz se posicionó entre las entidades con mayor incidencia de tomas clandestinas, con 4,110 perforaciones registradas.

A nivel nacional, Hidalgo encabeza la lista con 24,710 tomas, seguido por el Estado de México y Puebla, con 8,919 y 8,636 respectivamente.

Guanajuato (3,992) y Querétaro (1,833), además de Baja California (1,787), y Tabasco (1,764).

Entre 2020 y 2021, se instalaron anualmente alrededor de 11,000 tomas clandestinas, pero esta cifra aumentó a 13,946 en 2022 y 14,890 en 2023.

Hasta agosto de 2024, ya se contabilizaban más de 8,000 piquetes.

El narcotráfico en México ha diversificado sus operaciones, y el robo de combustibles se ha convertido en una fuente clave de ingresos para varios cárteles en Veracruz y varios estados.

Según el último informe de la Administración de Drogas (DEA), al menos nueve organizaciones del narcotráfico, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, están involucradas en esta actividad ilegal.

La violencia y la corrupción que acompañan a estos grupos han dificultado la labor de las autoridades para frenar el problema.

Pemex ha presentado 32,323 denuncias penales relacionadas con el robo de combustibles, pero estas acciones legales solo cubren una parte del problema. La cadena delictiva que incluye la transportación, almacenamiento, distribución y venta del combustible robado sigue siendo una tarea pendiente para las autoridades.

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